El gobierno porteño ha logrado igualar, por una vez, al norte y al sur de la Ciudad. Comerciantes de los barrios de Recoleta y de Nueva Pompeya han sido afectados por la expropiación de los locales donde realizan sus actividades, para la construcción de las futuras bocas de subte de la Línea H, pero no han sido contemplados en las indemnizaciones, que se limitan a resarcir a los propietarios de los edificios. El conflicto se origina en un inusual diseño para la extensión del subte: en lugar de estar ubicadas en la vereda, como la gran mayoría de las entradas de la red subterránea, las bocas de cuatro nuevas estaciones están proyectadas detrás de la línea de edificación, lo cual afecta a 26 negocios y locales comerciales, con dueños y empleados incluidos.

La extensión de la Línea H está destinada a generar conflictos. Primero fue la construcción de la estación Plaza Francia debajo de ese espacio verde, en Recoleta, que terminó con la vida de añosos árboles. Lo que pudo ser un desastre mayor fue frenado en febrero último por la Justicia porteña, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la asociación Basta de Demoler, legisladores y vecinos. Desde hace cuatro meses la obra está parada porque Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), la empresa del Estado porteño a cargo del proyecto, no da el brazo a torcer. Ahora les llegó el turno a los comerciantes de Sáenz y Del Barco Centenera, en Pompeya, y de Pueyrredón, Córdoba y Santa Fe, en Recoleta.

–¿Por qué no se pueden hacer las bocas sobre la vereda, como en casi todas las líneas del subte? –le preguntó Página/12 al titular de Sbase, Juan Pablo Piccardo.

–Porque en las veredas hay caños cloacales que no permiten hacer accesos más amplios, como los que están proyectados, para hacer sistemas de evacuación más seguros –explicó el funcionario.

Tal dificultad se daría en los puntos donde está prevista la construcción de cuatro estaciones: Sáenz y Pompeya, en el sur; Córdoba y Santa Fe, en el norte. No se dio en ninguna de las siete estaciones ya construidas de la línea que hoy corre por debajo de las avenidas Jujuy y Pueyrredón desde Parque de los Patricios a Corrientes.

“Hace setenta años que tenemos este negocio, que empezó mi padre. ¿A dónde vamos a ir si nos desalojan?”, se pregunta María Etcheberry, desde su local de indumentaria femenina, en Pueyrredón 1344. “El dueño del local me avisó en marzo que nos tenemos que ir. Pero ¿a dónde vamos a ubicarnos ahora si acá tenemos toda nuestra clientela? Al menos queremos una indemnización que contemple nuestra antigüedad aquí”, agrega.

“Estamos desesperados. Buscamos la manera de que reconozcan la antigüedad de nuestro fondo de comercio”, sostiene Osvaldo Medina, peluquero, en el local que tiene entrada por Sáenz 1323. “Nadie nos escucha”, se lamenta.

Las expropiaciones fueron aprobadas por la Ley 3948, sancionada por la Legislatura el año pasado. Pero la norma sólo contempla resarcir a los propietarios de los locales: nada dice de los inquilinos ni de sus fondos de comercio y menos de sus empleados.

“Los empleados les van a iniciar juicio a los comerciantes, éstos a los propietarios y éstos a su vez a la Ciudad”, vaticina Claudio Damore, uno de los afectados. Su esposa, Roxana Shamun, atiende un almacén y fiambrería en Sáenz 813, que está ubicada en ese mismo lugar desde hace treinta años.

Los comerciantes de una y otra punta de la Ciudad trazaron una estrategia común: ya sacaron a la vereda mesas para juntar firmas de vecinos y clientes en apoyo a su reclamo, para entregar a las autoridades porteñas y a los legisladores.

“No nos oponemos a la construcción del subte. Lo que no queremos es que nos avisen de una semana para la otra que nos tenemos que ir. Nuestros locales no están en venta. Queremos que contemplen una indemnización como corresponde”, dice a este diario María, propietaria de la librería de Pueyrredón 1334. Su comercio está en uno de los cinco locales que son propiedad de un mismo dueño. “No aceptó la oferta que le hizo la Ciudad y está en juicio”, confía. “Las tasaciones del Banco Ciudad son del 30 por ciento del valor real”, denuncia Damore.

Los comerciantes se están organizando para resistir y ya lograron la adhesión de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad (Fecoba) y de la CAME.

En Pueyrredón y Santa Fe aseguran que tras la expropiación se viene la construcción de un minishopping en el espacio que queda liberado por la demolición. Lo admitió Piccardo ante una consulta de este diario: “En la zona norte se va a hacer un centro comercial. En el sur, en cambio, los espacios se destinarán a escuelas o centros de salud”, dijo.

El funcionario argumenta que Subterráneos de Buenos Aires se atiene a “lo que dice la ley: que hay que indemnizar a los propietarios; y lo respetamos”. La obra adjudicada al consorcio Techint-Dycasa sólo requiere los desalojos para comenzar.

Las expropiaciones se basan en la Ley 238, de expropiaciones. En la Legislatura, el diputado Aníbal Ibarra, consultado por este diario, estimó que una solución al conflicto podría ser “la sanción de una nueva ley que contemple a los comerciantes que alquilan los locales expropiados”.

Los afectados no son sólo pequeños comerciantes. En Centenera y Sáenz será expropiado un local alquilado por el Grupo Márquez, de venta de electrodomésticos; mientras que en Pueyrredón y Santa Fe afectó la tradicional confitería Duero, propiedad de un empresario español. En tanto, el Citibank llegó a un acuerdo para ceder su local de Santa Fe 2570.