Ana Gritti, la viuda de una de las víctimas en la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, no vivió para verlo. La Justicia decidió enviar a juicio oral a cinco ex militares y un civil por su supuesta responsabilidad en la voladura ocurrida hace 17 años y medio, que produjo siete muertos y centenares de heridos y destruyó parte de esa ciudad. Gritti –fallecida en abril de 2011 y única querellante impulsora de este proceso que ahora continúan sus hijas– estaría lamentando que en el banquillo no van a estar el ex presidente Carlos Menem ni el ex jefe del Ejército Martín Balza. Ambos están imputados en la causa, pero con falta de mérito, y su situación sería resuelta en otro juicio. La explosión habría sido parte de la maniobra del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, uno de los mayores escándalos del gobierno menemista, por el cual el ex presidente fue absuelto el año pasado, aunque llegó a estar preso durante la instrucción de esa causa.

Los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega pidieron que el caso fuera llevado a juicio, sin Menem ni Balza, y ayer finalmente lo aceptó la Justicia Federal de Río Cuarto, que rechazó el sobreseimiento de los acusados y, además, decidió que la investigación sobre Menem y Balza siga en forma paralela. El proceso judicial estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba. Serán juzgados por el cargo de “estrago doloso” Carlos Franke, Edberto González de la Vega, Jorge Cornejo Torino, Marcelo Gatto y Norberto Emanuel, todos ex directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares y su delegación en Río Tercero (FMRT). Oscar Quiroga, otro de los procesados, falleció el 18 de febrero.

La Justicia entendió que “con las decisiones asumidas por estas autoridades se fueron creando las condiciones necesarias para que los hechos acontecieran tal como sucedieron”, al aludir a un “absoluto relajamiento” de los controles de seguridad, “situación laboral de los operarios, desorden contable” y en la “forma en que se llevaba a cabo la producción de material bélico” en esa fábrica. Según consideró el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, la planta se había convertido en el “eje clave de un operar ilegítimo (el contrabando de material bélico al exterior)”, algo que no podía “ser ignorado por las autoridades superiores de FMRT”. En su resolución describió que “el hecho consistió en haber provocado el día 3 de noviembre de 1995, a las 8.55 aproximadamente, por intermedio de personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada, el incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga”.

La voladura de esa planta, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, fue provocada por una serie de explosiones intencionales que derivaron en una onda expansiva que destruyó gran parte de la ciudad y causó siete muertes. Una de ellas fue la de Hoder Dalmasso, esposo de la abogada Gritti, cuya querella impulsan ahora María Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti, patrocinadas por los abogados Horacio Viqueira, Ricardo Monner Sans y Aukha Barbero. También fueron víctimas Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, José Varela y Elena Quiroga; fueron heridos centenares de personas y hubo cuantiosos daños materiales. Aunque Menem siempre sostuvo que fue un accidente, para la querella se trató de un hecho doloso que tuvo como objetivo obstruir la investigación del contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador, en concreto ocultando el faltante de armas por la venta de esos pertrechos bélicos.