Desde México D. F.

El Partido Acción Nacional (PAN) que gobernó México en los últimos doce años deja el poder con un legado de violencia jamás alcanzado en la historia de este país: 50.000 muertos en seis años, más de 5000 desaparecidos, 8000 cuerpos sin identificación y un tendal de tragedias cuyas imágenes figuran entre las más cruentas de los conflictos armados: decapitaciones, camiones repletos de cadáveres, bolsas de plástico con cuerpos despedazados y un puñado de nombres que se instalaron como territorios de guerra y en los cuales los carteles de la droga son amos y señores de la vida y de la muerte: Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Sinaloa.

En la cuenta también caben los nombres de quienes dirigen los carteles, hoy tan famosos como las estrellas de cine o televisión. La Procuraduría General de la República (PGR) estableció que en México hay un total de siete carteles operando en el país y que dos de ellos, los más poderosos, controlan el de Joaquim Guzmán, alias el Chapo, jefe del Cartel de Sinaloa, y el de Osiel Cárdenas, jefe del Cartel del Golfo, bajo cuyo mando opera la red de sicarios denominada Los Zetas. Pero por más cruentas que sean las cifras de muertos, decapitados, descuartizados o de personas que aparecen colgadas de los puentes, el tema de la narcoviolencia ha estado ausente de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de este domingo.

Ni Enrique Peña Nieto, candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional), ni la candidata del gobernante PAN, Josefina Vázquez Mota, ni el representante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador (PRD, Partido de la Revolución Democrática) abordaron de frente un tema que, junto a la falta de trabajo, aparece como una de las grandes preocupaciones de los electores. En su conjunto, los tres candidatos prometieron lo mismo que Felipe Calderón: más trabajo de inteligencia, policías confiables y el compromiso de que los militares que Calderón sacó sin éxito para combatir a los narcos regresen a los cuarteles. Andrés Manuel López Obrador fijó un calendario de seis meses para el retiro de los militares, mientras que Peña anunció la creación de un cuerpo de gendarmería de 40.000 efectivos y contratar como asesor al general Oscar Naranjo, el hombre que capturó al narcotraficante Pablo Escobar.

La campaña estableció un cordón sanitario de silencio en torno de lo que es un drama de una profundidad desoladora. En esta entrevista con Página/12, el sociólogo Emilio Alvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actual integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, pone de relieve los mecanismos de esa violencia, la impunidad de sus actores y la responsabilidad de Estados Unidos.

–¿Cuál es la combinación de factores que explican que se haya llegado a tales niveles de violencia?

–En el mapa geopolítico internacional los carteles mexicanos empiezan a competir con el liderazgo colombiano en materia de drogas. Parte de la droga que iba a Estados Unidos se empieza a quedar en México y también esa droga se produce aquí. México pasa entonces de ser un país de tránsito a convertirse en un productor y en un consumidor. Este cambio generó una pelea por los mercados y una disputa territorial. Ello llevó a los carteles a negociar con los gobernadores y a penetrar los organismos de seguridad para garantizar la cobertura. Pero el fenómeno se fue multiplicando y la delincuencia extendió su labor del tráfico de drogas al tráfico de personas, al tráfico de armas. La delincuencia constató que estaba bajo un manto de impunidad y decidió multiplicar su acción con otro fenómeno, es decir, el secuestro, la extorsión y el delito. Este negocio del delito y de la muerte se extendió incluso a los migrantes, víctimas también del secuestro y la extorsión. En resumen, el fenómeno de la delincuencia en México se explica por el debilitamiento de las estructuras del poder, por una condición estructural de corrupción e impunidad, por la penetración de las instituciones de seguridad y justicia por parte de la delincuencia. Este cóctel nos tiene sumidos en una espiral de violencia atroz que, por un lado, recuerda al fenómeno colombiano, y, por el otro, pone de manifiesto un accionar del Estado que rivaliza con la violencia estatal de las dictaduras del Cono Sur. En América del Sur, la violencia tuvo como argumento la guerra contra el comunismo, aquí es la guerra contra el narcotráfico. Bajo este argumento cabe todo. La tragedia humana es extraordinaria. Por esa razón, nosotros, desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hemos hablado de que se enfrenta en México una emergencia nacional.

–En estos doce años de cambios en los cuales el PRI perdió su hegemonía, no se produjo la transformación más esperada: es decir, que la llamada transición diera lugar a otro tipo de Estado, menos autoritario.

–Esto se explica por los fenómenos de corrupción e impunidad. Venimos de un Estado profundamente autoritario y de estructuras que no se transformaron. Durante la transición democrática no se logró hacer que las instituciones de seguridad sean instituciones de la democracia. Nuestras instituciones de prevención de delito, procuración y administración de Justicia tienen la lógica del viejo régimen. La transición democrática no alcanzó a reestructurar esas instituciones. Todo se convirtió entonces en un contexto de extraordinario riesgo.

–¿Qué margen le queda al poder que surja de las urnas para, al menos, intentar cambiar esta situación?

–El gran desafío tiene que ver con el hecho de que no hay una política de Estado en materia de seguridad. El presidente Calderón decidió lanzar el ejército a la calle casi en una decisión unipersonal, ni siquiera en una política de gobierno y menos aún en una política de Estado. Hay una crítica estructural a la política del gobierno y ahora que se perfila el cambio se da la discusión sobre cuáles deben ser las acciones estructurales para enfrentar este fenómeno.

–Sin embargo, los grados de violencia que se dan no son única y exclusivamente un problema mexicano. Estados Unidos tiene una aplastante responsabilidad.

–Desde luego. Este problema no se entiende sin la omisión, complicidad y participación de Estados Unidos. Se dan fenómenos inverosímiles. Estados Unidos tiene capacidad para detectar en sus fronteras el paso de los miles de centroamericanos y mexicanos, pero no tienen capacidad para encontrar los aviones, los camiones y los trenes que pasan llenos de droga, llenos de armas, llenos de municiones y de dinero en efectivo. Lo que se observa entonces es una doble moral. En Estados Unidos esto es un tema de salud pública, mientras que en América latina es un tema de seguridad pública. Ellos ponen los dólares y nosotros la sangre. Por otra parte, hay una lógica geopolítica muy perversa para nosotros en la cual el trabajo sucio lo hace América latina. La columna vertebral de esto es lo económico, pero ese tema nunca se toca. Nunca se detectan las grandes cantidades de dinero que circulan en el sistema financiero. Esto se agudiza más cuando desde Estados Unidos se realizan acciones para infiltrar el narcotráfico a través de dinero y de armas. Es como si el gobierno mexicano vendiera droga para ver cómo se mueren los jóvenes de Estados Unidos.