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El fiscal federal Jorge Di Lello le pidió al juez Norberto Oyarbide que realice medidas de prueba para determinar si la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y su hija Alejandra hicieron viajes al Caribe desde 2005 con dinero de la fundación, algo que afirmó Sergio Schoklender al ampliar su declaración indagatoria. Di Lello quiere constatarlo, aunque el aspecto determinante es si la plata que se usó para esas travesías era parte de los fondos públicos recibidos para construir viviendas sociales. Bonafini hará una presentación para contestar y explicar que “efectivamente hizo viajes a Venezuela, Ecuador y Cuba invitada por gobiernos y ONG para asistir a foros o conferencias porque es una figura representativa de la lucha por los derechos humanos”, anticipó el abogado Eduardo Fachal. Oyarbide, además, resolvió citar a indagatoria a otras 45 personas a partir de un reclamo de la fiscalía, entre ellas la novia de Pablo Schoklender, el hermano del contador Alejandro Gotkin y dos financistas.

Lo que pidió ayer Di Lello era esperable después de la última declaración de Sergio Schoklender, en la que hizo acusaciones a modo de defensa sin dar precisiones. Dijo que “los innumerables viajes al Caribe” de Alejandra Bonafini “con su madre o sus parejas también fueron pagados con fondos de la fundación por orden de la señora Hebe de Bonafini”. Sugirió incluso que el fiscal y el juez habían “soslayado” con intencionalidad estas cuestiones. Para despejar los interrogantes y ahorrarse reproches, Di Lello pidió que las autoridades de Migraciones informen entradas y salidas del país de Hebe y su hija, y los destinos que visitaron. Si existieron esos viajes, la clave a futuro será determinar de dónde provenía el dinero utilizado. María Alejandra ya está imputada en la causa, por la compra y venta dudosa de dos propiedades.

El fiscal, además, le planteó a Oyarbide que las alusiones a la posible participación de funcionarios públicos que surgieron en recientes indagatorias debía denunciarlas ante su colega Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga las responsabilidades de reparticiones, gobiernos o funcionarios en eventuales irregularidades en la construcción de viviendas sociales por parte de las Madres. Por ejemplo, Gotkin afirmó que Sergio Schoklender tenía previsto cederle parte de las acciones de la firma Meldorek (que se habría utilizado para desviar fondos) al vicepresidente Amado Boudou. Schoklender desmintió a Gotkin (quien presidía esa empresa) por los medios, pero dijo que Boudou le había ofrecido apoyo y aludió a una reunión con la ministra de Industria Débora Giorgi y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

En un planteo que hizo ayer por escrito, Pablo Schoklender –a través de su abogado Pablo Slonimsqui– sostuvo que es Oyarbide quien debe investigar también a los funcionarios, y le cuestionó no haber determinado hasta ahora el “origen de los fondos” administrados por la fundación. Pidió testimoniales y la declaración indagatoria de Hebe de Bonafini, para quien acompañó preguntas.

Fachal, querellante de las Madres, dijo que la semana próxima presentarán una respuesta acerca de los viajes, que obedecían a la actividad de Bonafini en la entidad y muchos fueron invitaciones “a la zona del Caribe, donde se organizaban determinadas actividades”. “Lo que importa es que los informes del Banco Central y de la División de Investigaciones Patrimoniales de la policía dejan en claro que en toda la ruta del dinero investigada están las huellas de Pablo, Sergio y Gotkin. Ellos aumentaron su patrimonio estos años, Hebe sigue teniendo el mismo”, sostuvo. Oyarbide, de hecho, les imputó a los tres participar en maniobras para desviar fondos públicos –unos 280 millones de pesos– otorgados a las Madres sacándolos a través de empresas (como Meldorek y Antártica), cuentas personales y cambio de cheques en financieras. Los acusa de asociación ilícita.

Las nuevas indagatorias, que Di Lello venía reclamando, suman 45 y empezarán el 10 de julio.