Desde Rosario

La caravana de autos llegó ayer a la mañana, poco después de las 9.30, a los bocinazos a los Tribunales federales de Rosario. Algún desprevenido podía pensar que era una fiesta. Había un motivo: comenzó el postergado primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás. Apenas llegaron, los abogados de las querellas sumarían una nueva satisfacción: el Tribunal Oral Federal Número 2 resolvió por la mañana la detención de los tres acusados, Manuel Saint Amant, Antonio Bossie y Jorge Muñoz. El primero ya estaba preso en su casa en otra causa y continuó en ese estado. Los otros dos también fueron derivados a sus domicilios. Saint Amant fue el jefe del Area 132 del Primer Cuerpo de Ejército hasta octubre de 1977, Bossie estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de San Nicolás hasta el 20 de diciembre de 1976 y Muñoz era el jefe de la Policía Federal de esa localidad. Los tres permanecieron sentados inmutables durante toda la jornada de ayer, cuando se leyeron las primeras requisitorias de elevación a juicio por la masacre de la calle Juan B. Justo, en la que mataron a cinco personas, y Manuel Gonçalves Granada, con cinco meses, sobrevivió envuelto en un colchón, dentro de un placard.

En el proceso que llevan adelante los magistrados Omar Digerónimo, Beatriz Caballer de Barabani y Jorge Venegas Echagûe se continuará hoy leyendo las requisitorias. Será el turno de la fiscalía y comenzará con la causa Alvira, por la desaparición de Raquel Rosa y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, María Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Regina Spotti, que ayer hubiera cumplido 61 años.

Una numerosa columna de San Nicolás, con un afiche que lleva la foto de las víctimas de las causas, fue la primera en llegar a la entrada de la ciudad. Otros manifestantes fueron en un colectivo desde la entrerriana Nogoyá. De allí eran Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y sus hijos María Eugenia, de 5 años, y Fernando, de tres, cuatro de las cinco víctimas de la masacre de la calle Juan B. Justo 676, de San Nicolás, el 19 de noviembre de 1976, en la que también fue asesinada Ana del Carmen Granada, quien atinó a esconder a Manuel Gonçalves Granada, su hijo de cinco meses. Justamente, Manuel, uno de los querellantes, llegó desde Capital Federal, acompañado por su hermano Gastón (el padre de ambos, Gastón Gonçalves, fue desaparecido en Escobar) y gran cantidad de integrantes de Hijos. En el cantero central del bulevar Oroño, las palmeras dieron el marco de la radio abierta convocada por el espacio Juicio y Castigo.

Adentro, en la sala de audiencias, comenzó poco después de las 10 la lectura de las requisitorias de elevación a juicio. Aunque algunas partes –aquellas que despliegan los fundamentos jurídicos de las acusaciones– son difíciles de seguir para los legos, algo quedó claro: los represores sabían que dentro de la casa de Juan B. Justo 676 había tres niños, aunque en una primera declaración Muñoz haya tratado de negarlo. Una de las vecinas de la casa contó ante la Justicia cómo los más de 50 efectivos que llegaron al lugar destruyeron la puerta con una granada y tiraron gases lacrimógenos, les gritaban: “Suelten a los chicos” y “Yegua, soltá a los chicos”. Los nenes fueron refugiados por sus padres en el baño -que no tenía paredes a la calle para que no fueran alcanzados por las balas. No sabían que el ataque incluiría la detonación de una granada de gases lacrimógenos por la claraboya del techo, lo que provocó la muerte por asfixia de Fernando y María Eugenia, de 3 y 5 años. El estado de la casa, según muchos vecinos, fue de destrucción total. Ana del Carmen Granada recibió catorce impactos de bala en el cuerpo.

La primera requisitoria que se leyó correspondió –por orden cronológico de presentación– a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, donde ocurrieron los hechos investigados. Esta querella está representada por Carolina Ibáñez, de la agrupación Hijos. Justamente, el secretario de Derechos Humanos de esa provincia, Guido “Kibo” Carlotto, llegó para presenciar el primer día de audiencias. “Nuestra presencia es un apoyo incondicional. Somos querellantes en casi todas las causas. Esta de Gonçalves es muy horrorosa y junta todos los puntos del horror de la dictadura, por la forma en que él sobrevivió, porque fue dado ilegalmente en adopción y porque es una de las muestras más cabales del genocidio”, afirmó Carlotto.

Durante la jornada también llegó a leerse la querella particular de Manuel Gonçalves Granada y Alfredo Amestoy (hermano de Omar), que llevan adelante los abogados Lucas Ciarniello Ibáñez, Alvaro Baella y Ana Oberlin, de la agrupación Hijos, quienes también representan a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuya requisitoria se dio por leída al final de la jornada. Hoy se leerá la de Fiscalía, que integran Adriana Saccone y Juan Murray, antes de comenzar con la causa Alvira, por las desapariciones forzadas de los seis militantes montoneros entre abril y mayo de 1977.