“El aguinaldo no es una gratificación. Es un derecho, una contraprestación por el trabajo, dinero que la gente esperaba para comprarse una estufa, salir de vacaciones o hacer lo que fuera. Pagarlo en cuotas es vulnerar derechos sociales”, define el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias. Desde La Plata, el magistrado que dictó la cautelar contra el fraccionamiento del SAC recordó que el gobernador Daniel Scioli tiene hasta el miércoles para completar el pago y cuestionó su argumento de que le faltan fondos. “El vino utilizando el presupuesto y gastando en diversos rubros indiscriminadamente. Para la publicidad, para los espectáculos públicos, gastó como si nada ocurriera y, de golpe, resulta que no hay dinero para cubrir el pago de los aguinaldos.” Para el juez, más allá de las justificaciones que dé Scioli, esto demuestra que, en realidad, “para algunas cosas hay” fondos. En ese sentido, el juez defendió la intervención de la Justicia, porque se trata de controlar la legalidad de medidas que afectan ingresos de carácter alimentario. “Hay que evitar que los más vulnerables paguen los déficit del Estado”, advierte.

–¿Qué opina de que el gobernador, a pesar de la medida cautelar que usted dictó, haya depositado sólo un cuarto del aguinaldo?

–Por el momento, esto implica el cumplimiento parcial de la medida que dicté en la causa en la que peticionaron los trabajadores estatales. Todavía el gobernador cuenta con un plazo que vence el miércoles que viene. A partir de ahí, si esta situación continúa, se tornaría en un incumplimiento.

–¿Qué puede pasar entonces?

–Habría que ver qué peticionan las partes, no hay una respuesta única. Esto es una medida cautelar que, como tal, no hace cosa juzgada, es provisoria y modificable. Pero frecuentemente, cuando hay incumplimientos injustificados, lo que hacemos en mi juzgado es denunciar a la Justicia Penal por incumplimiento para que investigue un eventual delito de desobediencia. En ese caso, se imponen sanciones pecuniarias personales a los funcionarios responsables del incumplimiento. También ha sucedido en ocasiones que se ha otorgado más plazo para cumplir, cuando mediaba una justificación. No hay una sola posibilidad.

–Esas multas, ¿de qué montos podrían ser?

–Están de acuerdo con la magnitud del incumplimiento y con las justificaciones posibles.

–Scioli dice que no es que no quiera sino que no puede, que no tiene fondos. ¿El argumento es válido?

–Hay diversas cuestiones. Una de ellas es la presupuestaria, otra política, y distinta es la jurídica. Normalmente, las tres deberían ir de la mano, pero esto no siempre ocurre. Lo que sí le puedo asegurar es que el fin no justifica los medios y esto es lo que debemos tener presente, que el fin no justifica los medios. Si el gobernador vino utilizando el presupuesto y gastando en diversos rubros indiscriminadamente, y de golpe resulta que no hay dinero para cubrir el pago de los aguinaldos... ¿qué es lo que ha sucedido? Debería dar explicaciones frente a la Legislatura y frente a la Justicia. En el expediente judicial, el gobernador ha señalado que no hay presupuesto, que no hay recursos, pero no hay ninguna justificación, no lo ha demostrado, no lo ha probado.

–¿Entonces?

–Nosotros ya hemos ponderado esta situación. Yo hablo de un incumplimiento sistemático de la ley por parte del Poder Ejecutivo, lo hemos verificado en esta causa y recientemente en la causa de ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.), donde se ha anulado un decreto que imponía un nuevo cuadro tarifario en contra de las disposiciones de la ley que regula el servicio. Lo hemos visto también en una condena reciente sobre la situación de los chicos de la calle y hemos dicho en esa sentencia que el gobernador utiliza recursos para fines propagandísticos, pero resulta que no hay presupuesto para cubrir las necesidades mínimas de chicos de la calle, de los pibes que deambulan por las calles. De modo que para algunas cosas hay, para la publicidad, para los espectáculos públicos, se vino gastando como si nada ocurriera. Hemos visto un despliegue propagandístico enorme, esto es de público y notorio conocimiento, no es una cuestión que inventó Arias. Lo sabe todo el mundo. Se lesionan derechos sociales, de carácter alimentario, como es el aguinaldo. Si el gobernador no contaba con presupuesto suficiente, lo que debió hacer es gestionar ante la Legislatura los cambios necesarios en el presupuesto. Hay leyes por las cuales debe regirse, fundamentalmente la Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, para la que él mismo proyectó recursos y gastos, que la Legislatura aprobó.

–Muchas situaciones parecidas ocurrieron sin que nadie sufriera consecuencias judiciales. El que gobierna se deslegitima, pero la Justicia no ha puesto sanciones por vulnerar derechos sociales o de carácter alimentario, como plantea ahora.

–En las emergencias anteriores, algunas inconstitucionalidades se han decretado con la Corte de la provincia de Buenos Aires integrada por conjueces, pero debemos aprender también de nuestras experiencias pasadas. Hemos tenido crisis que no son iguales a las del presente, eran emergencias fundadas en crisis económicas reales. En la provincia de Buenos Aires y en el país llevamos diez años de crecimiento continuado, es difícil justificar una emergencia de este tipo en este tiempo. Pero en emergencias anteriores hemos tenido por un lado la ley 12.727, que recortaba los sueldos de los empleados públicos, de los jubilados, y la ley inmediata anterior, la 12.726, que creaba el fideicomiso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que estatizó la deuda de los deudores presuntamente incobrables, entre los cuales había empresas que hicieron pingües negocios con el Estado, como Américo Gualtieri, otras con diversos incumplimientos, como Coviares en las autopistas... diversos políticos, la esposa del propio gobernador (Karina Rabolini) estuvo en ese fideicomiso. Hace muy poco tiempo, en el 2010, también se estatizaron las deudas de supuestos deudores incobrables del Banco de la Nación Argentina, donde también se colaron algunos políticos, algunos fallecidos... pero el hilo siempre se corta por lo más delgado cuando hay emergencia, y esto es lo que tenemos que evitar. Lo tenemos que evitar: si hay crisis, primero hay que demostrar austeridad propia, dando una señal hacia la población, limitando los gastos en propaganda, en un montón de privilegios que tienen los funcionarios públicos. Viáticos, autos, choferes, antes de afectar derechos. También hay que demostrar que se ha intentado cobrar, minimizar el impacto, haciéndoles tributar a los que más tienen, porque si no es injusto, y nos pasa como en la emergencia anterior.

–En este caso no se trata de salarios en sentido estricto, sino de un ingreso definido como “complementario”.

–El aguinaldo no es ninguna gratificación como señala el diario La Nación, “la gratificación de los empleados públicos”. Esto no es así, no es ninguna gratificación, acá estamos hablando de derechos, de contraprestaciones por el trabajo, de dinero que la gente ya esperaba para comprarse una estufa, salir de vacaciones o hacer lo que sea. La verdad es que se vulneran derechos sociales y esto es lo grave. La razonabilidad es un principio jurídico y la razonabilidad indica que primero se deben agotar todos los otros recursos posibles para evitar que los más vulnerables paguen los déficit del Estado.

–¿Tuvo algún tipo de presión después de dictar la cautelar?

–No. Más allá de los lógicos embates de ciertos diputados o ciertos sectores políticos, que siempre injurian, o de ciertos manejos mediáticos de algunos medios, que señalan esto como “una presión al gobernador”. Más allá de eso, nada. Una de las cuestiones que pocas veces apreciamos en la Argentina es la libertad con la cual podemos desenvolvernos. Yo he estado en otros países y le puedo asegurar que muy pocos jueces se atreverían a decidir como nosotros decidimos. Es más, tienen una gran admiración hacia nosotros por la libertad que tenemos para poder decidir y tener controles efectivos al poder.