Con la participación del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; su vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, comenzó a trabajar ayer la comisión bicameral encargada de analizar la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial. “Es una deuda de la democracia y es una deuda de nuestra generación avanzar en una codificación que nos ponga a la altura de nuestros días”, señaló Lorenzetti en su exposición inicial. Los senadores y diputados realizaron múltiples consultas y algunas críticas al proyecto, la mayoría en torno de la realización de contratos en moneda extranjera, la propiedad de los pueblos originarios, la responsabilidad civil del Estado, la unión convivencial y la fertilización asistida.

A pesar del inhóspito y gélido Salón Azul del Senado, nadie quiso perderse ayer la exposición de los tres especialistas del Derecho. Unos cincuenta legisladores (veinte por encima de los que integran la comisión) escucharon desde las 13.30 los fundamentos del extenso y complejo trabajo de modernización de los cuerpos normativos en el que estuvieron trabajando más de cien juristas durante más de un año. Luego de la revisión por parte del Poder Ejecutivo, el proyecto fue enviado al Congreso el 8 de julio y ayer comenzó finalmente su análisis parlamentario, que durará hasta noviembre. El nuevo texto constará de 2671 artículos, en lugar de los más de 4000 que tiene el actual Código Civil y los 506 del Comercial.

Al arrancar su exposición, Lorenzetti sostuvo ayer que “tanto por el pasado como por el futuro, como por el cambio cultural, el proyecto es un quiebre de lo que vinimos haciendo hasta el momento”. El titular de la Corte señaló que fue elaborada con una “visión latinoamericana y una visión propia” que se aleja del paradigma europeo que se importó en el siglo XIX. Además, remarcó que en la reforma propuesta “están contemplados el matrimonio y la unión convivencial y una serie de instrumentos que solucionan problemas, pero no hay la imposición de uno”. Por último, aseguró que, de aprobarse, Argentina “tendrá un código modelo que será citado en todo el mundo”.

Después de las exposiciones de Highton de Nolasco, centrada en la cuestión de los pueblos originarios, y la de Kemelmajer, basada en cuestiones de derecho de familia, el primer legislador en hacer uso de la palabra fue el diputado radical y ex camarista Ricardo Gil Lavedra. Puntualmente preguntó por la modificación realizada por parte del Poder Ejecutivo a los artículos 765 y 766, que algunos interpretaron como una “pesificación” de los contratos. “Esto no tiene nada que ver con la pesificación. Eso significó un cambio en el régimen de la convertibilidad que modificó el valor de cambio. No tiene nada que ver ni está en discusión en el Código Civil”, sentenció Lorenzetti, quien recordó que en países como Brasil está prohibido celebrar pactos en moneda extranjera, mientras que el proyecto que se debate en el Congreso sí lo permite. Pero en ese caso, “el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”, es decir, pesos.

Si bien fue el Ejecutivo quien introdujo la modificación, Lorenzetti defendió la medida: “Los modelos legislativos parten de la idea de tener un peso y que se contrate en pesos, ésa es la regla general. No está mal opinar que los argentinos, que nos hemos acostumbrado a contratar en dólares y tenemos una memoria en dólares, superemos eso y apostemos a una economía fundada en el peso. Esa es una política económica y legislativa razonable que está en todos los países”, concluyó. El presidente de la Corte explicó que en el caso de los depósitos bancarios, en cambio, se mantiene la obligación de devolver en la misma moneda, para “garantizar la seguridad jurídica”.

Otro de los puntos consultados fue el de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. El jujeño Gerardo Morales (UCR), la salteña Sonia Escudero (peronismo disidente) y la neuquina Nancy Parrilla (FpV) criticaron que se considera el derecho a la propiedad de la tierra rural, pero no en las ciudades. Highton respondió que la norma toma el concepto de “tierras” establecido en la Constitución Nacional y que para el caso de las ciudades los integrantes de las comunidades originarias tienen los derechos que establece el Código Civil para cualquier ciudadano. Morales reclamó además que se reestablezca “el derecho al agua”, que fue omitido por el Ejecutivo. “Sería muy importante que la Argentina fuera líder mundial en la materia”, le concedió Lorenzetti.

Tal vez el más controvertido fue el punto sobre la responsabilidad civil del Estado, que también fue una de las cuestiones modificadas por el Ejecutivo de la redacción original. Lorenzetti aclaró que la responsabilidad del Estado en cuanto a los actos lícitos “está en la Constitución”, por lo que no quedaría exento de tutela legal. De todas formas, señaló que existe un largo debate al respecto y que es posible hacer una ley especial sobre este tema, pero que debería hacerse pronto para que no queden vacíos legales. Este tema no se refiere a la responsabilidad penal de los funcionarios ni a hechos de corrupción.

La senadora ultracatólica Liliana Negre de Alonso fue muy elogiosa con la tarea de los juristas, que consideró “revolucionaria”, aunque manifestó sus discrepancias en materia de fertilización asistida y unión convivencial. “La familia tradicional se mantiene. Lo que sucede es que al escenario de la legalidad se le sumaron otras relaciones familiares, no matrimoniales, pero sí convivenciales. Es un derecho de las personas, no una obligación”, le replicó Kemelmajer. Muchas de estas cuestiones volverán a tratarse el martes de la próxima semana, cuando concurra el ministro de Justicia, Julio Alak.