Una simple casualidad hizo que el juicio por las coimas en el Senado comenzara ayer con una situación paradójica, casi un chiste. Si los siete acusados, encabezados por un ex presidente, imaginaron el inicio de la etapa final de un proceso que lleva diez años como la oportunidad de volver al ruedo, se equivocaron: la Justicia les reservó el salón de usos múltiples, confinado en el subsuelo del enorme edificio de Comodoro Py.

Ajenos a ese escenario, el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando De Santibañes y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda y el ex secretario parlamentario de la UCR en el Senado Mario Pontaquarto no expresaron más que confianza en sí mismos. Es lo único que la mayoría de ellos se limitó a mostrar durante la primera audiencia del juicio en el que el TOF Número 3 analizará su responsabilidad en la compra de votos que acabó, en abril de 2000, con la aprobación de la ley de Reforma Laboral. Para el próximo martes quedaron los probables requerimientos de las defensas y el primer testimonio del juicio: el del arrepentido.

La de ayer fue la primera vez, después de la revelación de Pontaquarto, en la que el arrepentido y los “entregados” compartieron una misma habitación. El primero en llegar fue el ex jefe de Estado, que ya estaba ubicado en la primera fila de asientos dedicados a los imputados junto con sus abogados, el ex titular de la DAIA Jorge Kirszenbaum y Valeria Corbacho, quien patrocina también al espía Ciro James y al chofer del tren que chocó contra un retén en la estación de Once, entre otros. Como él, De Santibañes perdió no sólo actividad política sino el color oscuro en su cabello. Sólo canas peina el ex titular de la SIDE, quien se sentó detrás de De la Rúa junto a sus defensores Gabriel Presa y Diego Pirota.

Sólo uno de los asientos de la tercera fila fue ocupado por la defensora oficial Fabiana León, que trabaja para tres de los cuatro senadores sospechados de haber aceptado dinero a cambio de torcer su voluntad parlamentaria. Costanzo, Alasino y Tell, sus defendidos, la escoltaron desde atrás, aunque por momentos bajaron la guardia vencidos por el sueño. Un jovial, canchero y pelilargo Flamarique –las canas no lograron ganar del todo el terreno de su melena prolijamente controlada en una cola de caballo– y un calvo con aires de superado Pontaquarto separaron al grupo peronista de los imputados. Branda, elegante y sin bigote, se ubicó último.

Por ser la primera, tal vez duró demasiado: más de ocho horas les tomó a los tres secretarios del tribunal integrado por los jueces Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons leer los requerimientos del fiscal Federico Delgado y la elevación a juicio que el juez Daniel Rafecas presentó hace poco menos de seis años, cuando finalizó su instrucción. Los cientos de fojas leídas permitieron plantear como punto de largada del análisis que juzgará el caso de corrupción institucional más resonante de este siglo los roles que cada uno de los acusados habría cumplido en la maniobra espuria que derivó en la causa penal. Y, a la vez, desdibujar un poco a fuerza de agotamiento los papeles que los ex políticos se repartieron de manera ¿inconsciente? para interpretar en el nuevo y último capítulo de esta historia.

El curso de investigación que, entre idas y venidas, se sostuvo desde agosto de 2000, cuando comenzó la causa, y mediados de 2008, fecha en que se elevan los últimos autos de requerimiento, indica que los siete acusados participaron de un hecho cuyo núcleo es el pago y cobro respectivamente de cinco millones de pesos/dólares a cambio de votos parlamentarios, pero que consta de un contexto que excede al delito en sí.

El análisis resultadista de la cuestión indica que De la Rúa, De Santibañes, Flamarique y Pontaquarto –el presidente provisional del Senado de esa época, el radical José Genoud, había sido incluido en este grupo, pero se suicidó en 2008– están acusados por el delito de cohecho –coima– activo. Los senadores peronistas que recibieron el dinero salido supuestamente de las arcas de la SIDE, en tanto, son sospechados de haber cometido cohecho pasivo.

Pero la cuestión propuesta por Delgado y Rafecas no se limita solamente a lo presuntamente ocurrido entre el 4 y el 27 de abril de 2000, período en el que habrían tenido lugar la reunión entre los senadores peronistas, Genoud, Pontaquarto y De la Rúa en el propio despacho del ex presidente; el retiro de cinco millones de pesos dólares de la caja de la SIDE, su entrega a Pontaquarto; el traspaso de 4,7 millones al senador Emilio Cantarero –fuera del juicio por cuestiones de salud– y la repartija que éste realizó entre Tell, Alasino, Costanzo y Branda; y por último el posterior pago de los 700 mil pesos dólares restantes a Genoud y Flamarique. En realidad, abre el foco sobre la lucha de poder que existía por aquel entonces y de la que dependía, nada más y nada menos que el gobierno de la Alianza.

Que comience la función

Detrás del límite infranqueable aunque transparente que separa al SUM de Comodoro Py en dos salones, el de los protagonistas y el del público, los acusados dieron comienzo al último acto de la historia de los sobornos en el Senado. El comienzo fue prolijo y casi que logra un convencimiento pleno de la platea: están todos peleados. Ninguno cruzó palabra entre sí durante la primera parte de la audiencia de ayer, salvo el grupo de los tres senadores peronistas defendidos por una misma abogada. El rigor que se vaticinaba de “todos contra Pontaquarto” parecía haberse esparcido en partes iguales en un “todos contra todos”.

El paso de las fojas y las horas, no obstante, comenzó a derretir el hielo y las caretas. El almuerzo durante el primer cuarto intermedio mostró una relación de confianza entre De la Rúa, Costanzo –acompañado de su hijo–, Alasino y Tell, de tuteo y carcajadas. Para el segundo corte, De Santibañes se permitió completar la palmada en la espalda que le ofreció a Flamarique durante una de sus salidas al baño en plena lectura con un abrazo y beso de pasillo. Flamarique lo cortó en seco, de todas maneras, y se resguardó en su esposa, la ex diputada Cristina Zuccardi, y su hija Mariana.

Lo que se viene

Ninguno de los “delatados” se acercó al arrepentido, que en lugar de esconderse se mantuvo entre ellos durante los recesos. Deslizó haber sentido un clima hostil hacia él; se mostró tranquilo, aunque atento. Sobre todo, en el momento en que la lectura de la elevación a juicio llegó al apartado en el que Rafecas se expide sobre su “revelación”, considerándola el eje central sobre el que se reconstruirá la puja durante el juicio a pesar de las contradicciones que los defensores plantearon para pedir la nulidad de la instrucción, y que él rechazó.

Para el juez, la declaración de Pontaquarto es trascendente a pesar de plantear una paradoja: “Se pone en el centro de la escena a pesar de que todo eso muy probablemente traerá consecuencias negativas sobre su vida”. Habla de la cárcel, en definitiva. Pero, sobre todo, Rafecas asegura que es “imposible empíricamente” que los puntos en común entre la versión del ex secretario parlamentario y las pruebas que paso a paso fueron sumándose a la causa sean “meras coincidencias”. Luego de los requerimientos de las defensas –si las hay–, el próximo martes Pontaquarto volverá a arrepentirse.