Uno tras otro, los testigos del juicio por los curas de Chamical van inscribiendo a Luciano Benjamín Menéndez en el corazón de lo que el obispo Enrique Angelelli alguna vez explicó como esa espiral que se cerraba porque quería su cabeza. En esas escenas, Menéndez aparece diciéndole a Angelelli que buscaba que la Iglesia lo nombre “cruzado” para “acabar con los marxistas y sus descendientes”. O negándose a rezar un Padrenuestro con el obispo porque “no gasto ni un Padrenuestro con subversivos”. El viernes, cuando uno de los ex curas declaró sobre ese episodio, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército se descompuso. Luego de un examen médico, su defensa pidió, como otras veces, que lo aparten del juicio. Fiscales y querellantes se opusieron. Pidieron como alternativa que continúe la prisión domiciliaria en su casa de Córdoba. El TOF aceptó. Menéndez ahora seguirá el debate a través de un sistema de videoconferencia.

“Lo que Menéndez no logra soportar no es un juicio más –dice Viviana Reinoso, abogada por la querella de las hermanas del cura Carlos Murias–. Lo que no acepta es un juicio que por primera vez lo tiene en el banco de acusados por la persecución a los hombres de esa Iglesia de la que él manifiesta profunda devoción.” Esa línea, en la que el problema de Menéndez sería aparecer pegado a la responsabilidad por la muerte no sólo de los curas sino del obispo Angelelli, que es de lo que se habla en cada audiencia, es compartida por Ramiro Fresneda, de la Secretaría de Derechos Humanos. Convencido de que la estrategia de la defensa, además, es intentar una y otra vez apartarlo del juicio por esas razones de salud, Fresneda cree que el traslado a Córdoba por lo menos garantiza que el juicio deje de tambalearse o suspenderse para exámenes médicos y abra las chances de llegar a donde cree que hay que llegar: la sentencia.

En ese punto, sin embargo, las posiciones no son todas iguales. Los fiscales y los abogados querellantes optaron por ese camino, el del traslado del represor a Córdoba, sobre todo por dos motivos: para garantizar las condiciones de las que deben gozar los detenidos en cualquier tipo de proceso jurídico y para evitar así nuevas demoras. Para las hermanas de Carlos Murias, en cambio, la mirada es distinta. En ese universo, donde la presencia de los represores en las salas también tiene una dimensión de reparación para las víctimas, aparecen preguntas y sospechas sobre la validez de unos exámenes que se hicieron en una institución en la que no confían.

Esta vez, Menéndez se descompuso el viernes alrededor de las diez de la mañana, justo media hora después del comienzo del debate, mientras declaraba el ex sacerdote Juan Aurelio Ortiz, canciller del entonces obispo Angelelli, clave para la causa, convocado sólo hace una semana, luego de que Menéndez decidiera aclarar en el juicio que nunca vio personalmente al obispo Angelelli. Dicen que como nunca, el represor está pendiente de lo que se dice en la sala para salir a retrucarlo como si se le volviese imposible sostener la lógica de la guerra en un escenario donde las víctimas son integrantes de la Iglesia. Ese día, como sucedió una semana antes con el ex cura Julio Guzmán, el ex canciller del obispo confirmó que se conocieron. Habló de un encuentro entre los dos. Contó que durante una misa, el obispo le pidió a Menéndez rezar juntos un Padrenuestro, porque “pensamos diferente, pero somos cristianos”. Y recordó que Menéndez no aceptó: “No lo hago con subversivos”, dijo que le respondió.

Hasta entonces, el militar seguía el debate conectado a una pantalla desde otro piso del Tribunal. Se descompuso. El TOF ordenó que lo trasladen al Hospital Enrique Vera Barros con la indicación de que el centro de salud destine médicos especialistas en cardiología y neumonología. En el hospital lo evaluaron, los médicos advirtieron que no tenían profesionales para atenderlo, pero indicaron que el cuadro revestía alguna gravedad, tenía presión alta y una afección crónica en los pulmones, para lo cual prescribieron nebulizaciones cada cuatro horas.

La defensa de Menéndez aprovechó la movida para insistir con el apartamiento, el Tribunal lo rechazó por unanimidad, un gesto valorado por las querellas. El fiscal Edgar Darío Illanes; Ramiro Fresneda, de la Secretaría de Derechos Humanos, y Ana María Mercado Luna, de la querella de Murias, pidieron como alternativa que continúe con la domiciliaria, pero en su casa de la provincia de Córdoba, y asista a las audiencias del juzgado federal donde deberá seguir el juicio a través del sistema de cámaras que provee el área de derechos humanos del Consejo de la Magistratura. Fresneda consideró que ante el cuadro “grave” que describen los “médicos”, Menéndez debía ser trasladado para garantizar sus derechos.

En esa evaluación, las partes consideraron los análisis que oportunamente había hecho el Hospital de Clínicas de Córdoba. Le hicieron el examen antes del juicio, dijeron que sí estaba en condiciones de ser juzgado, pero prescribieron cierta cantidad de horas de permanencia en los debates y recomendaron cautela. Ese escenario de fondo marcó la posición de las querellas y fiscales, pero no alcanzó para descomprimir las sospechas y la angustia de los familiares de las víctimas.

El corazón de esas preguntas tiene que ver con el examen que se le hizo en el hospital público de La Rioja, donde fue examinado Menéndez el viernes pasado. El lugar es blanco de críticas desde el comienzo del juicio. La dirección está enlazada a una trama de relaciones de parentesco que habitualmente se convierte en llave para explicar demoras, dilaciones y la impunidad con la que vivieron y, en algunos casos, murieron los responsables de los crímenes.

Vale la pena echar una mirada a esas relaciones para entender de dónde viene tanta sensación de sospecha sobre el avance del juicio. Como se dijo alguna vez en estas páginas, la dirección depende del Ministerio de Salud de La Rioja, que está a cargo del hijo de un integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia; el juez a su vez es hijo de Víctor Luna, intendente de Chamical durante la dictadura. Víctor Luna está casado con la hermana de la mujer de Domingo Benito Vera, ex comisario de Chamical en la dictadura y acusado en el juicio de la ejecución de los curas. Vera a su vez tiene un hermano que es camarista de Chamical. Su abogado defensor es hermano de otro integrante del Superior Tribunal de Justicia. Vera estuvo libre hasta diez días antes del comienzo del juicio pese a las acusaciones que desde el primer momento pesaron sobre él. Lo examinaron en el hospital público de La Rioja antes del debate; los querellantes y acusadores están convencidos de que si no hubiese ido un médico perito de parte –que fue desde Catamarca a ver ese examen– no habrían conseguido juzgarlo.

En ese contexto, aparecen las quejas de las hermanas de Carlos Murias. “Lo que tiene no es grave, ya lo dijeron los médicos del Hospital de Clínicas de Córdoba –dice Cristina–. Es una enfermedad crónica de los pulmones, seguramente un enfisema leve ya que está obligado a moverse con oxígeno y la presión no le sube por eso sino a partir de que decidió responderme a la declaración y dijo: ‘Esa mujer miente, yo a Angelelli no lo conocí’. Yo hablé de una versión que había leído sobre la visita de Angelelli a Menéndez, una versión que después fueron confirmando todos los curas que declararon. Con eso le subió la presión. Yo misma la tuve más alta y ni siquiera fui al médico.”