La cita es hoy al mediodía en Comodoro Py 2002. Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación convocaron a una audiencia oral y pública para escuchar los alegatos de las partes sobre la situación procesal de Fernando de la Rúa en la causa por la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001. Acusación y defensa expondrán sus argumentos sobre la responsabilidad del ex presidente por cinco muertes y 117 lesiones producidas a diversos manifestantes durante la represión policial que antecedió el fin de su gobierno. Los familiares de las víctimas aspiran a revertir su sobreseimiento para poder sentarlo en el juicio oral.

De la Rúa fue sobreseído por el juez federal Claudio Bonadío, y luego, con la disidencia del juez Horacio Cattani, la Cámara Federal confirmó esa decisión. Ese fallo fue impugnado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los fiscales del caso, y ahora quien debe resolver es la Cámara de Casación. A principios de mayo, el Centro de Información Judicial (CIJ) informó que ese tribunal había confirmado el sobreseimiento. Ayer el CELS reiteró que “dicha información fue errónea, ya que la Cámara de Casación no se expidió sobre el fondo de la cuestión ni realizó la audiencia correspondiente que la habilita para emitir un fallo de esta naturaleza”. Esa es la audiencia que tendrá lugar hoy a las 12.30 en el primer piso de los tribunales federales de Retiro. Recién después, los jueces Raúl Madueño, Luis Cabral (subrogante) y Eduardo Riggi (subrogante) –estos últimos fueron recusados por el CELS, pero el tribunal rechazó el planteo– estarán en condiciones de expedirse sobre la situación de De la Rúa. Esto es, si revocan su sobreseimiento para que sea juzgado o lo ratifican y queda libre de culpa y cargo.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjo en todo el país una rebelión popular contra el gobierno de la Alianza, que fue sofocada por una violenta represión que produjo la muerte de casi 40 personas, centenares de heridos y 4500 detenidos. En el microcentro porteño murieron seis personas, 227 fueron heridas y cerca de 300 detenidas. El 19, mediante el decreto 1678/01, De la Rúa dictó el estado de sitio, “transgrediendo las facultades constitucionales al no cumplir requisitos necesarios para su dictado”, apuntó el CELS. Apenas comenzaron las manifestaciones, hubo varias reuniones entre funcionarios del Poder Ejecutivo y la cúpula de la Policía Federal (PFA) para definir cómo controlarían el estallido. Gastón Riva y Diego Lamagna fueron asesinados el 20 cerca de Avenida de Mayo y 9 de Julio. “En la causa se manifiesta la actuación coordinada de la PFA bajo órdenes del gobierno y no de manera autónoma”, expresó el CELS, que representa a María Arena, viuda de Riva; a María de Lamagna y Karina Lamagna, madre y hermana de Diego Lamagna; y a Jair Pérez Gorospe, detenido y herido durante la represión.