La CGT que conduce Hugo Moyano ratificó anoche su agenda de reclamos al gobierno nacional y advirtió que no aceptará ningún tope en las discusiones salariales. Al término de la primera reunión del año de su consejo directivo, la central obrera opositora anunció que en la primera quincena de febrero realizará una movilización al Congreso para entregar las firmas con las que espera impulsar el tratamiento del proyecto de ley sobre asignaciones familiares. La CGT adelantó además que la próxima semana reiterará ante la Organización Internacional del Trabajo su denuncia por la “intromisión del Gobierno en la elección de autoridades de la central obrera el año pasado y además por la acusación de parte del Gobierno a dirigentes sindicales por los saqueos producidos a fin de año”.

“Si la inflación sigue creciendo, evidentemente hay que discutir dos veces al año” los aumentos salariales, reclamó el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, antes de ingresar a la primera reunión de 2013 del consejo directivo de la central de Azopardo al 800. “Si discutimos salarios y la inflación supera el porcentaje acordado, indudablemente tenemos que sentarnos a discutir nuevamente para que el salario no pierda el poder adquisitivo”, agregó el líder de los camioneros. De ese modo, Moyano rechazó los planteos formulados la semana pasada desde el Ministerio de Trabajo, durante las reuniones con representantes del gremio bancario, para que los acuerdos salariales sean anuales. Moyano descartó una vez más un tope a los incrementos del 20 por ciento y dijo, en cambio, que un 25 por ciento es el piso para iniciar las negociaciones.

Al término de la reunión, la CGT ratificó su agenda de reclamos al Gobierno sobre la modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (punto en el que también coinciden los sindicatos reunidos en el otro sector de la CGT), la universalización del salario familiar, el reparto de los fondos de las obras sociales sindicales y la aplicación del 82 por ciento móvil en las jubilaciones. Paralelamente, la central sindical manifestó su preocupación por el alto índice de desempleo porque, según sus cálculos, “hay cinco millones de trabajadores en negro”. La CGT de Moyano reclamó además que se aplique un canon como el de ganancias para la renta financiera y la minería, entre otras actividades.

El secretario de Interior de la CGT y titular de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo Venegas, advirtió sobre la posibilidad de iniciar “medidas de acción” si el Gobierno no da respuesta a las demandas sindicales. “Se están acortando los tiempos”, dijo. “Yo nunca hablé de paro pero se pueden adoptar medidas de acción”, amenazó el ruralista, que protagonizó un duro cruce con el senador Aníbal Fernández (ver aparte). El camionero coincidió en que debe haber respuestas rápidas al sostener que “el tiempo es cada vez más corto”, aunque puso paños fríos a la amenaza de Venegas: “Esperemos que pase este mes, no se puede adelantar nada porque lo maneja cada organización gremial”.

Por su parte, Juan Carlos Schmid, secretario de Relaciones Internacionales y titular del gremio de Dragado y Balizamiento, señaló que “evidentemente hay respuestas que no están en la casa de la calle Azopardo, sino que están en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Economía o en el propio Ministerio de Trabajo”. “¿Por qué digo que es político el tema? Porque si tenemos 5 millones de compañeros que están fuera de la seguridad social, de las vacaciones pagas, del aguinaldo, es un tema que no se va a resolver ni en paritarias y tampoco en un año, pero está indicando que hay instrumentos del plan económico del Gobierno que no han funcionado o que en todo caso están agotados”, alertó.

La cúpula moyanista se reunirá el martes próximo con el titular de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Rider, ante quien ratificarán la denuncia contra la “intromisión del Gobierno en la elección de autoridades de la central obrera el año pasado”. También repudiarán ante ese organismo internacional “la acusación de parte del Gobierno a dirigentes sindicales por los saqueos producidos” a fines de diciembre del año pasado.