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“Estamos frente a un camino casi inexorable a la acusación.” Con esa frase el presidente de la Comisión de Juicio Político, el justicialista Ricardo Falú, sintetizó el trabajo realizado ayer por el cuerpo que decidió sumar, por unanimidad, cuatro nuevos cargos contra el supremo Julio Nazareno. Con estos casos el oficialismo piensa llegar al recinto el 16 de julio para aprobar la acusación contra el presidente de la Corte Suprema. Eso sí, para contener a la tropa, el justicialismo ya decidió que no permitirá que se revean las causas del año pasado cuando el propio oficialismo se encargó de rechazar para garantizar la impunidad de los nueve jueces de la Corte donde estaba también Nazareno.
Como en las últimas reuniones de la comisión, el justicialismo participó con casi todos sus representantes. Incluso estuvieron aquellos representantes del menemismo que todavía no retornaron a la bancada y que, sin embargo, ayer votaron con sus compañeros por la admisibilidad de las causas presentadas.
La ultramenemista Alejandra Oviedo levantará su mano para declarar pertinentes las causales de juicio contra el más menemista de los cortesanos. No es un dato para despreciar. Da cuenta del estado en que se encuentra el sector que lidera el ex presidente en retirada permanente. Desorientado y sin conducción, a este grupo no le quedó otra alternativa que dejarse llevar por los nuevos vientos que soplan en el oficialismo y acompañar la decisión de la mayoría. Nadie en la reunión dijo nada sobre la nueva actitud y hasta evitaron mirar a los menemistas que ya no critican con fiereza la intención de destituir al máximo supremo.
Oviedo, por si acaso, atinó a advertir sólo que es preciso realizar “una evaluación objetiva” de la conducta de Nazareno, ya que “no se trata de pedir la cabeza de un juez por la cadena nacional de radio y televisión, sino de establecer si hay razones para el juicio político”. Parece que la riojana entendió que sí las hay. También levantaron sus manos el pampeano Manuel Baladrón y el salteño Enrique Tanoni.
Los 21 legisladores que estuvieron presentes en la reunión aprobaron cuatro causas que se incorporarán a la que se conoce como caso Magariños:
- Caso Meller: Una denuncia presentada por el aval que dio el juez a un reclamo por 28 millones de dólares de la firma Meller SA, que había sido observado por la Procuraduría General de la Nación.
- Caso Sevel: Se basa en las posibles irregularidades en el trámite de un expediente contra la empresa del Grupo Macri por presunta evasión impositiva y contrabando.
- Caso falta de decoro: Denuncia radicada por los justicialistas Eduardo Di Cola y Jorge Obeid por las declaraciones públicas que formuló Nazareno del 3 de junio, cuando respondió al presidente Néstor Kirchner.
- Caso pesificación: Acusación por posible “prejuzgamiento” por parte de Nazareno promovida por los diputados Graciela Ocaña y Oscar Tazzioli (ARI), que cuestionan su actuación en una demanda por la pesificación.
Con esta resolución el tucumano Falú se animó a asegurar que Nazareno “está en una situación muy comprometida y grave”.
La tarea de la comisión no terminó allí. La solicitud realizada en su momento por Elisa Carrió, que cuenta con el acompañamiento de los diputados radicales, de reflotar los 44 cargos que se presentaron contra el supremo el año pasado volvió a discutirse. Cada bloque propuso consultar a diferentes constitucionalistas para que ellos determinen si lo realizado en el 2002 puede ser considerado o no como cosa juzgada. El menemismo propuso, por caso, a Rodolfo Barra.
Es prácticamente imposible que la iniciativa prospere. Sucede que para poder contar con el apoyo de la mayoría del bloque del PJ se hace necesario realizar una especie de borrón y cuenta nueva para que los justicialistas que el año pasado les garantizaron a los cortesanos laimpunidad puedan zafar del escarnio de votar ahora por la destitución. Esto lo saben tanto el ARI como la UCR. Es por ello que ayer los radicales de la comisión presentaron una carta a Falú donde argumentan su posición a favor de reflotar los cargos contra Nazareno. Aseguran que no hay cosa juzgada porque el término de caducidad de los proyectos es de tres años. Sostienen además que este principio sólo rige para aquellos casos en que hay sentencia firme en lo estrictamente jurídico y no así en lo político como es el proceso que se le sigue al supremo. En todo caso, los radicales sostienen que para que ello hubiera sucedido el rechazo tendría que haberse producido en el Senado, que hace las veces de juez, algo que no ocurrió. Es por ello que el radicalismo propuso que esos 44 cargos se acumularan a las actuales imputaciones. Ayer la solicitud no se discutió y es poco probable que suceda.