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El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, el norteamericano David de Ferranti, especializado en programas sociales, vivienda, obras sanitarias y financiamiento para la salud, entregó un fajo de más de cien páginas al ministro de Planificación Federal, Inversiones y Servicios, Julio De Vido. Contenía las recomendaciones del organismo sobre los criterios de regulación para los servicios públicos privatizados. De Vido lo entregó a un asistente con la solicitud de que fuera traducido al castellano y comentó: “Supongo que incluirá un capítulo de autocrítica”. El viceministro de Economía Oscar Tangelson se hundió en su sillón, más inquieto que De Ferranti. De Vido dijo que la Argentina era responsable por los malos reguladores designados pero que el Banco era corresponsable, porque les había suministrado el libreto. En verdad, no sólo el libreto: en varias de las empresas privatizadas el organismo auditor es al mismo tiempo accionista privilegiado, a través de la Corporación Financiera Internacional.
Tanto Néstor Kirchner como De Vido ya habían anunciado que no habría aumentos de tarifas a cuenta sino una revisión integral de cada contrato y nuevos marcos regulatorios. En algunos casos como las rutas federales licitadas por el ex ministro Roberto Dromi y renegociadas por Domingo Cavallo y Nicolás Gallo, los contratos caducan en octubre y no se renovarán. Esto implica terminar con la renegociación interminable, cada vez con nuevos beneficios para los concesionarios, que cobran peaje a los automovilistas y, además, subsidio del Estado, y volver a licitar las rutas. Los concesionarios han elogiado esta decisión que, en cambio, ha sido objetada por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Un estudio realizado por Claudio Lozano y Martín Schorr impugna el concepto de borrón y cuenta nueva, y sostiene que las empresas obtuvieron beneficios extraordinarios en dólares mediante la integración vertical entre peajistas y constructoras e incumplieron con el 65 por ciento de las inversiones comprometidas. A su juicio, “recuperar las rutas por parte del Estado supone el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y competitividad”. La autoridad pública ganaría con ello unos 700 millones de pesos anuales “que podría poner en función de obras de infraestructura vial debidamente auditadas, fuertemente intensivas en mano de obra y evitando las tradicionales maniobras de sobrefacturación que resultan de la natural colusión entre concesionarios de peajes y constructoras”. En otros casos, como los del Correo y los Aeropuertos, el gobierno exigirá a los concesionarios el pago del canon atrasado y, si no cumplen, rescindirá los respectivos contratos. En todos, se modificará el marco regulatorio que permitió tantos abusos, lo cual implicará también una renovación del personal, ya sea por resolución ministerial, decreto o ley, según sea necesario.
Primero que pague
La concesión del Correo fue ganada por un consorcio integrado por dos empresas del grupo SOCMA (Sociedades Macri) y el Banco de Galicia. Otra empresa de SOCMA, Servicios Viales, administra uno de los 19 corredores viales adjudicados por Menem. La Auditoría General de la Nación estudió ambos contratos y sus conclusiones fueron demoledoras. Recomendó rescindir el del Correo Argentino por la suma de incumplimientos del concesionario y sostuvo que Servicios Viales recibió una indemnización indebida por 65,6 millones de dólares cuando en realidad debía ser deudora del fisco por 10,4 millones. Ese premio equivale a la quinta parte del total de 322 millones de dólares reconocido por el Estado a los peajistas. A raíz de ello la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia contra el ex presidente Fernando de la Rúa y cinco de sus ex ministros (Domingo Cavallo, Chrystian Colombo, José Luis Machinea, Carlos Bastos y Nicolás Gallo) por fraude contra la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Ya en junio de 2001 el entonces subsecretario de Recursos y Ejecución Presupuestaria, Rubén Torres, había recomendado a la Jefatura de Gabinete la rescisión del contrato del Correo. La semana pasada Franco Macri solicitó una audiencia con De Vido para discutir la situación del Correo, que se declaró en convocatoria de acreedores, no paga al Estado el canon comprometido y reclama una suma próxima a los mil millones de pesos por presuntos incumplimientos oficiales que el Estado nunca reconoció. De Vido le hizo llegar la respuesta a través de su secretaria:
Primero que pague el canon. Después hablamos.
Usuarios sin embajador
La situación del Correo también fue tema de la conversación que el saliente embajador de los Estados Unidos, James Walsh, mantuvo con el ministro que llegó del frío. Durante el último fin de semana Walsh se reunió en la ciudad uruguaya de Colonia con empresarios y diplomáticos y declaró al diario La Nación que “la seguridad jurídica sigue siendo el gran desafío de los argentinos”, frase insidiosa aun en labios amables como los de Walsh. Durante el encuentro con De Vido, Walsh quiso saber si el gobierno se proponía reestatizar la prestación del servicio postal (que sólo es por completo privado aquí, en Nigeria y en Burundi).
Si el concesionario no cumple con el contrato, vamos a relicitar el Correo. Si Federal Express se presenta a la licitación con una buena oferta, se la adjudico. Pero si no se presenta no voy a cerrar el Correo –le respondió De Vido.
Luego le explicó su idea de una armónica sinergia entre el sector público y el privado, en la que habría espacio también para microcooperativas de trabajadores que construirían viviendas y realizarían el mantenimiento de hospitales y escuelas. De este modo se reproduciría una experiencia que Kirchner y De Vido realizaron en Santa Cruz en 1999 cuando las compañías petroleras racionalizaron un 10 por ciento de su personal de un día para otro. Otro esquema que se intentará repetir es el del entubamiento del arroyo Cildáñez, en La Matanza. Además de su valor simbólico como reivindicación histórica de la zona más poblada del Gran Buenos Aires, la obra debería generar unos 300 puestos de trabajo que las constructoras privadas se obligan a cubrir con desocupados de la misma zona.
Otro diplomático que deja el país es el embajador francés Paul Dijoud, quien durante un agasajo de empresarios calificó a Roberto Lavagna de héroe por su desempeño al frente de la economía argentina en 2002. Dijoud aboga aquí por los intereses de Telecom y Aguas Argentinas. En su primer encuentro con De Vido, dijo que esas compañías de origen francés habían sufrido mucho.
Los usuarios argentinos también. La diferencia es que no han tenido un embajador que los defendiera –le respondió De Vido con una sonrisa campechana.
El ministro de Planificación consulta con frecuencia sobre estos temas al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, al ex subsecretario de seguridad de Duhalde, Carlos Vilas, y a la flamante subsecretaria de Defensa del Consumidor del ministerio de Economía, Patricia Vaca Narvaja, quienes suelen poner el acento en la seguridad jurídica de los usuarios, cuyos intereses no fueron atendidos en las sucesivas renegociaciones contractuales. También coinciden en la realización de audiencias públicas en todos los casos, de modo que la sociedad pueda escuchar y ser oída y no se aprueben aumentos o modificaciones contractuales en las sombras, como fue la regla hasta ahora. Lavagna había incluido en el proyecto de ley marco para las renegociaciones el reemplazo de las audiencias por unas denominadas “consultas públicas”, que se reducían a un electrónico derecho al pataleo por el cual los usuarios podrían dejar constancia de su desacuerdo en una página de Internet, pero no discutir cara a cara con los funcionarios y con los representantes de las empresas prestadoras. El secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, está revisando ahora el texto que se enviará al Congreso, en el que reaparecerán las audiencias públicas, en línea con las palabras que Kirchner pronunció en La Matanza al anunciar la primera obra pública que se iniciará bajo su gobierno: “Juntos y organizados podremos terminar con la Argentina injusta de la concentración económica y la desigualdad en la distribución del ingreso”.
Ser y parecer
El martes 10, Kirchner escuchó otra versión acerca de la seguridad jurídica, de labios del ministro estadounidense de Relaciones Exteriores, el general Colin Luther Powell, quien le transmitió el reclamo que le había llegado desde la Corte Suprema de Justicia de su país. Tres de sus jueces, el ultraconservador Antonin Scalia, Sandra Day O’Connor y Anthony Kennedy mantienen relaciones con el vicepresidente de su caricatura argentina, Eduardo Moline O’Connor. Todos ellos estuvieron aquí, invitados por la Corte Suprema a instancias de Moliné. Con la oposición de Enrique Petracchi y Augusto Belluscio, el tribunal argentino se hizo cargo de los pasajes en primera clase y el alojamiento en hoteles de cinco estrellas de los magistrados estadounidenses, quienes participaron en actividades académicas organizadas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. El ex presidente de ese órgano creado por el menemismo, Rodolfo Luis Vigo, recordó en un trabajo académico una conferencia sobre ética judicial del juez Kennedy. Si en una reunión social en algún momento un juez quedara a solas con un abogado que tuviera un litigio en su tribunal, debería llamar de inmediato a un tercero para que fuera testigo de la conversación, sostenía. En Estados Unidos los grupos de interés conservadores y liberales prevén que en las próximas semanas podría producirse una vacante en la Corte Suprema de Justicia y han comenzado a prepararse para conquistar el favor de la opinión pública. Una fundación favorable a la libertad de elección reproductiva abrió el fuego con un aviso en el que una mujer lee con estupor la portada de un diario que dice: “Prohíben el aborto. La Corte niega el derecho de elección”. Es decir, se discuten temas de enorme trascendencia colectiva que dividen a la sociedad según líneas ideológicas o filosóficas, no por lealtades personales o protección para los negocios turbios de los amigos. Grupos de presión de ambos bandos han comenzado a reunirse para discutir sus estrategias y cada uno ha formado dossiers acerca de un buen número de posibles candidatos, lo cual implica un saludable escrutinio previo de sus calidades intelectuales y morales. Ninguna de estas prácticas ha regido en las pampas chatas.
¿Ignorancia o malicia?
Ante la inquietud de Powell, Kirchner respondió que nada se haría al margen de los procedimientos constitucionales del juicio político, similares a los que los estadounidenses pusieron en práctica con la mayor publicidad hace pocos años. Como era de esperar, Powell se dio por satisfecho con haber introducido en la agenda un tema que se encargarán de seguir algunos especialistas nativos. Es una involuntaria ironía que entre ellos se destaque el ex secretario de Hacienda de la dictadura militar, Juan Alemann, quien además se asoció con el socio de Carlos Menem en el diario La Razón. En sus páginas firmó un editorial en el que afirma que Kirchner pretende ubicar en la Corte Suprema “a personas afines a su pensamiento”. Con toda soltura añade que de ese modo el gobierno “pretende darle un sentido más laxo al derecho de propiedad, en el sentido del derecho socialista, que condiciona tanto a la propiedad privada, que le cambia la esencia. Este es el temor que existe en esta cuestión, ya que se apuntaría hacia un Estado de derecho distinto, que para empresarios e inversores ciertamente no es confiable”. Alemann imputa a políticos y a “ciertos periodistas” haber demonizado a la Corte Suprema y ser responsables de su “mala imagen”. Con una ignorancia llamativa aun para un lego en temas jurídicos, afirma que los periodistas “tienen una deuda de gratitud con esta Corte” porque “estableció el principio de la real malicia, o sea, que un periodista puede equivocarse, pero que si es advertido del error y publica la corrección, no cabe un juicio por calumnias e injurias” (sic). Alguien también le hizo creer que “la Corte estableció que no se podía invocar la defensa de la privacidad cuando se trataba de casos de trascendencia pública y/o que involucran a altos funcionarios o políticos”, es decir lo contrario de lo que el tribunal dictaminó en la causa de Menem contra la revista Noticias, que ha motivado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, patrocinada por la Asociación Periodistas.
“Justicia de clase”
Más sofisticado pero no menos amenazador, el presidente de la International Bar Association, Emilio J. Cárdenas, advirtió que en el fuero penal federal no existe el secreto de los sumarios. “Las causas se convierten en folletines mediáticos y, a través de ellas, el honor de las personas inocentes es fácilmente despedazado”, escribió en La Nación. Cárdenas levanta principios liberales inobjetables, como la presunción de inocencia, e interpreta que ha sido “reemplazada por la de culpabilidad”. Parece creer, o lo finge, que éste es un fenómeno reciente, tal vez porque sólo analiza su propia experiencia. Pero se guarda una carta en la manga. Para que el público tuviera todos los elementos de juicio a su disposición sólo le faltaría consignar que el juez Mariano Berges lo procesó y lo dejó en libertad a cambio de una fianza de 100.000 pesos, en una causa por administración fraudulenta de la descontadora de aportes jubilatorios Máxima, y que también fue citado por el juez federal Claudio Bonadío, como testigo en la causa por las coimas en el Senado.
En lugar de ello, Cárdenas sostiene que “algún periodismo (llamado ‘de investigación’) condiciona constantemente a la opinión pública en lo que aparece como una suerte de ejercicio destructivo, sin límites de ningún tipo, donde el éxito legítimo tiene connotaciones automáticas de deshonestidad. Miles de delitos flagrantes no se investigan siquiera, al tiempo que las persecuciones mediáticas alimentan una suerte de resentida y disociadora ‘justicia de clase’”. Cárdenas es el banquero que sin transición pasó de denunciar al gobierno de Menem y Duhalde como una cleptocracia a representarlo como embajador ante las Naciones Unidas. Este año era uno de los candidatos del menemismo a la cancillería. Su opinión es representativa de un sector tan minúsculo como poderoso: los éxitos que sus integrantes han obtenido en los mismos años en que el conjunto de la sociedad se hundía en la miseria y la desesperación es, por definición, legítimo, y cualquiera que tenga algún reparo que oponer es un rencoroso jacobino, ya sea un juez, un periodista o un mandatario constitucional.
Cinco por uno
Algo similar debe pensar del diputado Mario Cafiero y de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, quienes pidieron el procesamiento por abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y asociación ilícita a los responsables del Mecaganje de junio de 2001, entre ellos De la Rúa, Cavallo, Colombo, Horacio Tomás Liendo (h.), David Mulford, el ex Procurador del Tesoro Ernesto A. Marcer y los directivos de los bancos que intervinieron, entre ellos el de Hong Kong y Shangai, del que Cárdenas era director ejecutivo. Los peritos de la defensa, encabezados por quien Menem había presentado como su hipotético ministro de Economía, Carlos Melconian, fueron quince luminarias del sector financiero, entre ellos el ex presidente del Banco Central de la dictadura, Ricardo Arriazu. Reconocieron en forma implícita que el Megacanje implicó un perjuicio para el Estado, al afirmar que “desde un punto de vista financiero y económico, evitó un perjuicio mayor”. El perjuicio mayor hubiera sido el default, que de todos modos se produjo pocos meses después. Como resultado, la deuda pública se incrementó en alrededor de 55 mil millones de dólares, a cambio de postergar unos 11 mil millones que vencían entre 2001 y 2005, versión financiera del 5 por 1. El comité de bancos creado por decreto, fusionó al acreedor con el deudor en forma dolosa y premeditada, anulando la capacidad de negociación del Estado. “Se generaron así compromisos totalmente exorbitantes a la capacidad de pago de la Argentina. Mediante una operación financiera disparatada, realizada entre gallos y medianoche con el concurso de un puñado de funcionarios, se pretende obligar a toda una generación de argentinos a pagar a lo largo de su vida útil laboral una enormidad de dinero”, sostiene Cafiero. Según el legislador del ARI violaron el artículo 65 de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, según el cual la reestructuración de la deuda pública sólo es admisible si implica “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”, es decir todo lo contrario de lo sucedido. A raíz de ello, Cafiero también solicitó al juez federal Jorge Ballesteros la nulidad del Megacanje y una medida cautelar para que hasta que haya pronunciamiento sobre ese punto el Poder Ejecutivo “se abstenga de comenzar la renegociación de la deuda externa en bonos”. Pura seguridad jurídica.