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Los integrantes de la Comisión de Juicio Político de Diputados que la semana pasada aprobaron el inicio de la causa contra el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, están convencidos de dos cosas. La primera, que Nazareno renunciará antes de que el juicio llegue al Senado. La segunda, que apenas se produzca esa renuncia comenzará la cuenta regresiva hacia otro de los mujaidines del menemismo en el Tribunal, el tenista Eduardo Moliné O’Connor. Si bien en la comisión todavía no hay ninguna presentación contra Moliné, los diputados imaginan que algunas de las imputaciones que se le hacen a Nazareno se pueden hacer extensibles a su coequiper. “Si siempre votaron juntos”, razonaba un legislador.
El presidente del bloque de diputados del PJ, José María Díaz Bancalari, confió ayer en contar con los dos tercios necesarios para votar la iniciación del juicio en Diputados y girar el trámite a la Cámara alta. “Se han habilitado los temas a tratar, se están recepcionando las pruebas de cargo, por lo que después habrá que correrle traslado al involucrado para que haga su descargo, que puede ser por escrito, oral, o no hacerlo”, explicó. Díaz Bancalari calculó que el expediente llegaría al recinto en la primera o la segunda semana de julio, aunque se menciona el 16 de julio como la fecha prevista para esa sesión.
En Gobierno se preocupaban en aclarar anoche que serán muy escrupulosos en el cumplimiento de todos los pasos necesarios para desplazar a Nazareno. “Acá tiene que quedar en claro que no hay un linchamiento ni nada parecido”, explicó un integrante del gabinete. “Hay causas suficientes para desplazarlo y además el acusado va a tener oportunidad de defenderse. No podemos equivocarnos, si hacemos algo mal capaz que después nos impugnan el proceso y nos quedamos sin nada”, agregaba.
Díaz Bancalari ya tenía aprendida esa letra. “Se van a respetar a rajatabla los mecanismos constitucionales, reglamentarios y legales. Se va a garantizar el debido proceso y la defensa en juicio, como no podría ser de otra manera”, sostuvo el jefe de la bancada.
Con respecto a los apoyos que se suman, los radicales confirmaron su aval al juicio político a Nazareno. “La postura histórica del radicalismo ha sido en contra de la denominada mayoría automática”, justificó el diputado radical Carlos Iparraguirre. Eso sí, al tiempo que votará a favor de la remoción del presidente de la Corte, la UCR buscará que quien lo reemplace resulte electo con un mecanismo más abierto que el utilizado hasta ahora, algo con lo que está de acuerdo el propio Gobierno.
En la Rosada suponían que el aval radical los dejaba muy cerca de un triunfo claro en las dos cámaras. “El Senado es más complicado, pero hay que tener en cuenta que la Constitución habla de los dos tercios de los presentes. Y me gustaría ver que algunos se sienten en su banca y se animen a apoyar a Nazareno mientras los enfocan las cámaras de televisión”, respondía un hombre cercano al presidente Néstor Kirchner.
Con todo, en la Comisión de Juicio Político imaginan que dado el nivel de consenso alcanzado entre todas las fuerzas con representación en el Parlamento, Nazareno se convencerá de que su suerte está echada y presentará la renuncia antes incluso de que el dictamen pase al Senado. Suponen que, como último gesto, podría presentar una defensa por escrito y luego dimitir.
En Gobierno, en cambio, no estaban tan convencidos. “Siempre recibimos señales contradictorias de Nazareno. Primero parecía que se quería ir solo y después resultó que salió a pelearse con todos. Supongo que por lo menos va a querer defenderse”, respondía un alto funcionario.
En principio, las estadísticas avalan la suposición de los diputados. Según un trabajo realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, de los 29 presidentes que ha tenido la Corte Suprema en su historia, más de la mitad se fue por renuncia y ninguno fue removido mediante un juicio político. En total: 15 presidentes de la Corte renunciaron, 7 fallecieron, 3 fueron removidos por gobiernos de facto y 2 se jubilaron.
Paso a paso
Tal es el convencimiento de los integrantes de la Comisión de Juicio Político sobre lo breve que terminará siendo el trámite para desplazar a Nazareno, que adelantan que su próximo objetivo será Moliné O’Connor, a quien en Tribunales algunos consideran el verdadero cerebro de la mayoría automática. Es cierto que en la comisión aún no hay denuncias contra Moliné, pero no se hacen mucho problema porque imaginan que las mismas que se están sustanciando contra Nazareno se pueden utilizar contra él, ya que suelen votar juntos.
El inicio de una ofensiva contra otro de los jueces emblemáticos del menemismo confirmaría que pasó a mejor vida el expediente contra Carlos Fayt. Paradojas de la política, Fayt era quien tenía más avanzado el juicio hasta que Nazareno salió a hablar y se enterró solo. Ahora, el oficialismo en Diputados reconoce que los cargos contra Fayt eran los menos fundamentados, por lo que les resulta mucho más cómodo poner la mira en Nazareno y Moliné. Una vez que se vayan esos dos ministros, los diputados sueñan con que Fayt podría tomar la postergada decisión de jubilarse, con lo que la renovación del Tribunal que busca Kirchner quedaría completada en poco tiempo.
En forma paralela al avance del juicio, el oficialismo ya está trabajando en el aggionarmento de los mecanismos para la elección de los futuros miembros de la Corte. El Gobierno intenta demostrar que su objetivo nunca fue conseguirse una Justicia adicta sino hacerla de veras independiente. Por eso, la primera dama, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, tratará esta semana cuatro proyectos –uno le pertenece– para modificar el reglamento de la Cámara, de manera de introducir las audiencias públicas antes de aprobar el pliego de un nuevo integrante del Tribunal.
Se cree que esta semana la comisión aprobará un dictamen que contendrá elementos de los cuatro proyectos. De esta forma, las audiencias públicas se utilizarán no sólo para los cortesanos sino también para los futuros jueces federales, tal como establece el proyecto de los justicialistas Jorge Yoma y Miguel Angel Pichetto.