[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Eran los últimos meses de 1995. Después de la larga intervención federal de Santiago del Estero, Carlos Juárez retomaba el control de la provincia montando bajo las sombras una estructura todopoderosa que lo sostendría en el tiempo: el aparato de inteligencia del D2, el departamento de informaciones de la provincia. Allí colocó a Antonio Musa Azar, el hombre que comandaba los escuadrones de la muerte de la Triple A, quien dispuso cinco ejecuciones antes de la dictadura y continuó al frente de esos mismos escuadrones durante el `76, cuando los objetivos eran supuestamente políticos. Desde aquel `95 y hasta ahora, Musa Azar estuvo al frente de la dirección ejecutiva de las fuerzas de seguridad del juarismo. Puso a sus hombres, instaló metodologías de espionaje, de represión y de encubrimiento denunciadas por los organismos de derechos humanos locales. Ese esqueleto de poder le permitió crear una estructura de choque donde creció otra maldita policía, una corporación denunciada como brazo armado del juarismo sobre la que pesan denuncias por torturas y 70 pedidos de informes por casos de gatillo fácil que fueron silenciados. El doble crimen de La Dársena puso en jaque ahora todo ese edificio. El estallido del caso golpeó el armazón político de los Juárez y puso en escena las ocupaciones y la trama negra de los hombres de seguridad de esta otra maldita policía.
Página/12 habló durante estos días con uno de los hombres de inteligencia que se encargó de los primeros espionajes políticos ordenados por Musa Azar después de la intervención de la provincia. Para entonces, Carlos Juárez asumía su cuarto mandato y nombraba a Musa Azar como jefe del Departamento de Informaciones.
–Yo fui el encargado de la primera oficina de inteligencia política cuando Musa todavía no aparecía porque no tenía confianza en las personas que habían quedado después la intervención.
Quien habla es Luis Angel Lupieri, uno de los ex comisarios de la policía de Santiago, experto en inteligencia, que ahora trabaja cerca de los organismos de derechos humanos patrocinados por el Obispado. Hasta su traslado, Lupieri era uno de los expertos de la fuerza, especialista en inteligencia y narcotráfico. Conocía técnicas de seguridad personal y era uno de los cuadros leales al aparato. Musa Azar lo convocó para organizar la “inteligencia política”:
–Nadie podía sospechar –dice–, trabajamos dentro del edificio de Infantería. Nos dedicábamos a los trabajos especiales. Musa quería saber todo: quiénes hacían las marchas, saber todas las minucias de la gente... O sea, todas las miserias humanas. No le importa otra cosa. Inteligencia política era saber, por ejemplo, cuánta gente tenían los punteros en el barrio y cuánta les respondía.
–¿Cuáles eran o son los objetivos de esos controles?
–La extorsión: tener a todo el mundo agarrado con sus propias miserias.
Este tipo de lógica de control se prolongó durante todos estos años. Lupieri fue puesto en disponibilidad años después, cuando estaba a cargo del departamento de Selva. Le habían asignado una investigación por narcotráfico. Cuando detuvo al auto buscado, el conductor le entregó una esquela con los teléfonos de sus patrones. La Comisión de Derechos Humanos del Obispado es uno de los organismos que ahora lleva adelante esa causa: en la esquela estaban anotados los nombres y teléfonos de Musa Azar, el de un juez de la provincia y un diputado.
–Musa sabe, por ejemplo, que los diputados pueden pedir su renuncia -sigue el ex comisario–. Pero el espionaje le permitía controlarlos. Conocía quiénes hacían coimas, cuánto dinero manejaban, y los obligaba a entregarles parte del negocio. De esa forma, además se garantizaba el silencio. Ese tipo de sistema modeló a la estructura policial. Desde allí se hicieron intervenciones ilegales, seguimientos, filmaciones y tomas fotográficas especialmente útiles frente a las manifestaciones más críticas. “En una ocasión compramos una Panasonic 9000 –dice Lupieri– que se usó en las marchas de gremios docentes que son los que estaban en contra.” Ese material se acopiaba después de hacer un informe en el que se dedicaban a estudiar cada cara: “La tendencia de cada uno –dice Lupieri– la tendencia política.” La evaluación final incluía una clasificación: “A la mayoría, Musa terminaba poniéndole `de izquierda`, `de izquierda`, `de izquierda`: somos la provincia con más zurdos de todo el mundo”.
El brazo armado del partido
Carlos Juárez gobierna la provincia, formalmente, desde hace más de 50 años. Asumió el primer mandato con el primer gobierno peronista. Permaneció al frente de Santiago hasta el golpe del `55 y volvió en 1973, cuando incorporó a Musa Azar en el Departamento de Informaciones de la provincia. Después del golpe, Juárez se exilió, pero su mujer fue detenida y quedó bajo la protección del ahora ex comisario, que por esa época estaba a cargo del servicio penitenciario y se preparaba para dirigir la Brigada de Investigaciones de Chaco, sitio en el que permaneció durante estos años. Desde entonces, siempre mantuvo algún vínculo con los Juárez, una situación de subordinación que con el tiempo se fue convirtiendo en una sociedad en la que Musa Azar aparece como parte de la estructura que el juarismo ha escogido para mantenerse durante el tiempo.
La central de inteligencia le permitía acceder a información de los sectores políticos, judiciales, sociales y también el de los hombres vinculados al aparato económico. “Siempre intentaba hacerles temer a los grandes”, dice Lupieri. “Era como el hampa del año treinta, Chicago: daba la protección .-sigue-. estableciendo un esquema de protectorado.”
En ese esquema se consolidó la estructura policial. Una fuerza que funciona como el brazo armado del juarismo, tal como la define uno de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos de Santiago. Ese informe denuncia cien casos de abuso policial y analiza el papel de una institución endémicamente amparada por la estructura política: “Al organismo le preocupan –dicen– los criterios adoptados por el Poder Ejecutivo con relación al personal incorporado a las filas policiales”. Tales incorporaciones no siguen una designación por calificaciones ni técnicas ni psicológicas. Los reclutamientos se hacen “entre militantes del partido oficialista en desmedro de los egresados de la Escuela de Cadetes”.
Ese es el mismo tendido policial que rodeó a los manifestantes de la marcha del viernes y que hacía filmaciones mientras el gobierno asumía un discurso de compromiso con la revisión del caso. Los organismos aseguran ahora que es esa maldita policía desprendida de Musa Azar la que impedía la realización de las marchas y las reuniones o asambleas públicas como las que comenzaron a recorrer las calles del centro de Santiago en 1998, detrás de las denuncias de represión policial, torturas y homicidios donde intervinieron por acción directa u omisión policías de primeras y segundas líneas.
Hay más de 70 casos denunciados y presentados en la Justicia. Entre ellos el de Jorge Eduardo Vidal, amenazado de muerte por el comisario mayor Juan Felipe Bustamante mientras investigaba el destino de su hijo. La lista incluye una denuncia de abril de 1999 de Sergio Rolando Paz por torturas físicas y psicológicas a manos de efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5 de Quimili, a cargo también de Bustamante.
A esa lista pueden incorporarse ahora las denuncias que están presentes en el caso de La Dársena. Allí los abogados de los detenidos hanpresentado denuncias por apremios ilegales contra los policías que estuvieron al frente de la instrucción.