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El despacho está aún desprovisto de cuadros y fotos familiares. Las paredes blancas solo están acompañadas por un crucifijo, una bandera argentina y un par de plantas. Abel Fleitas Ortiz de Rosas, viceministro de Justicia, analizó allí con Página/12 las vicisitudes de un par de semanas caracterizadas por el enfrentamiento entre la cabeza del Poder Judicial y el Ejecutivo. Constitucionalista y docente en varias cátedras universitarias, pero también ex legislador porteño y ex funcionario en la pasada gestión de Gustavo Beliz en el Ministerio de Interior, Fleitas se mueve en ese espacio donde concurren el derecho y la política. “La institución está perjudicada por la actitud de Nazareno”, afirmó como respuesta al presidente de la Corte Suprema, quien dijo que se quedaba en su puesto para “defender a la institución”.
–¿Están satisfechos con la postergación del fallo sobre la redolarización en el caso Lema?
–No puedo decir que estemos satisfechos, creo que es positivo que no se haya dictado un fallo en un contexto de amenazas. Para nosotros, lo que resuelva o deje de resolver la Corte en estos momentos es ajeno al curso que pueda tener el juicio político que está en curso en la Cámara de Diputados.
–¿Cuándo estará listo el decreto sobre el mecanismo de designación de los futuros miembros del Tribunal?
–Elaboramos un proyecto que está en consideración de Presidente. Los ejes son las condiciones que debe tener la persona propuesta para la Corte: idoneidad jurídica, moral, independencia de criterio, una trayectoria personal intachable y un compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. También consideramos tomar en cuenta la diversidad de género. No estoy hablando de poner un cupo, sino que hay posibilidades de designar mujeres de primer nivel en igualdad de condiciones. También es válido incorporar la diversidad de procedencia regional.
–¿Vendrá un santacruceño?
–No hemos pensado en ninguna región en particular. Antes de pensar en el sexo o en la procedencia regional se tienen que dar las otras condiciones.
–Esas condiciones ¿invalidan que el designado sea una persona de confianza del Presidente?
–Pedimos independencia de criterio, lo que implica una persona que no se pueda considerar subordinada al Ejecutivo, más allá de su identidad o su trayectoria. Quien hace la última evaluación es el Presidente, pero no lo va a hacer solo. La segunda parte del proyecto es que haya una ronda de consultas por dos vías. Se hace público el nombre o los nombres de las personas que están en consideración y se recibe todo tipo de observación fundada y documentada que pueda ser relevante. Además, hay una ronda de consultas con organismos representativos.
–¿En cuánto tiempo evalúan que habría una vacante?
–Sabemos que el Congreso está avanzando con energía y convicción. Si se sigue con este ritmo suponemos que en menos de un mes puede haber acusación ante el Senado. Después dependerá de los tiempos del Senado. También puede ocurrir, aunque es ajeno a nosotros, que haya una renuncia antes.
–¿Saben de algún juez con voluntad de renunciar?
–No. Ninguno ha expresado seriamente su voluntad de renunciar. Yo he escuchado que, cada vez que se ha cuestionado a la Corte Suprema, algunos de sus integrantes dijeron “yo pensaba renunciar pero ahora que me cuestionan no renuncio”. Pero cuando no los han cuestionado tampoco han renunciado. Pongo en duda que hubiera una voluntad de renunciar que se hubiera visto perjudicada por los cuestionamientos.
–¿Qué le pareció la reacción de Julio Nazareno ante las denuncias en su contra?
–Fue lamentable y lo dejó muy expuesto ante la opinión pública. Quedó muy descalificado por su propia actitud.
–¿Le pareció oportuna la carta de Juan Carlos Maqueda?
–No abro juicio porque fue una iniciativa que el doctor Maqueda hizo de acuerdo con su conciencia. Si bien no llegó a obtener mayoría en la Corte, al menos llevó a sus colegas a pedirle silencio al doctor Nazareno, que fue una medida prudente.
–¿Comparte la apreciación del ministro Gustavo Beliz acerca de que algunos miembros de la Corte están emparentados con el delito?
–La sentencia del caso del contrabando de armas a Ecuador y Croacia significó encubrir e impedir que se investigara una operación que todos los indicios mostraban como ilegal. Este es un ejemplo, pero hay muchos casos en los que algunos de los integrantes de la Corte pusieron una tapa que impidió investigar hechos vinculados al poder. Y en ese sentido la Corte en muchos casos ayudó a consagrar la impunidad de personajes de directa vinculación con el poder.
–Ese caso se denunció en el Congreso el año pasado. ¿Por qué cree que Duhalde hizo fracasar su propia estrategia contra la Corte?
–Las acusaciones que se habían hecho eran muy serias y fundadas, pero tuvieron el defecto de haberse acumulado contra los nueve integrantes de la Corte cuando había notorias diferencias en los casos de cada uno de ellos. Por otro lado, el gobierno de Duhalde avanzó en un momento muy difícil, de una aguda crisis económica, y fue presionado por las amenazas de algunos integrantes de la Corte. Esto llevó a que hubiera una cierta falta de decisión de llevar hasta las últimas instancias el juicio político. La actitud fue un tanto errática y eso no ayudó a que el Gobierno tuviera una buena relación con la Justicia ni que mejorara la imagen de la Justicia. El balance de esa política es negativo. Creo que el presidente (Néstor) Kirchner ha mostrado que está firmemente comprometido a que se produzca una renovación auténtica.
–Cuando el Gobierno habla de extorsión por parte de la Corte, ¿se refiere a los trascendidos sobre el fallo sobre la redolarización o hubo contactos en los que se les hizo saber algo?
–Lo que se llama intento de extorsión, y se usa la palabra en sentido amplio, no penal, implica estar amagando con dictar determinado fallos que podían ser perjudiciales o alterar la gestión del Gobierno a cambio de determinados favores que se esperan del Poder Ejecutivo. Esto es lo que claramente hizo la Corte durante la gestión de Duhalde. Eso es inadmisible y eso es lo que el Gobierno no ha querido aceptar de ningún modo.
–¿Ningún juez quiso negociar una salida elegante?
–El juez que quiera retirarse elegantemente puede hacerlo con toda tranquilidad porque todos o casi todos han gestionado su jubilación, que es muy privilegiada, que implica que van a seguir cobrando su propio sueldo. Nadie va objetar que procedan a retirarse, pero eso no es algo que el Gobierno tenga que negociar.
–¿A qué atribuye el hecho de que no se vayan? Ya que están tan cuestionados y tienen la oportunidad de retirarse con un muy buen sueldo.
–Hay quienes piensan que podría haber algún tipo de negocios poco claros, pero eso es un tema de investigación. También hay un aferrase al poder, esto es una interpretación personal. Lamentablemente la experiencia en Argentina es que las personas menos cuestionadas son las que están más dispuestas a renunciar, como pasó con el doctor (Gustavo) Bossert.
–Nazareno dice que se queda para proteger a la institución.
–La institución es la que está perjudicada por la actitud del doctor Nazareno.
–¿Hay investigaciones sobre las cuentas de la Corte? –La Corte ha sido reticente a mostrar esta información pero tenemos algunas informaciones de auditorías que estamos revisando. Creemos que en el futuro sería mejor que se dividieran los espacios y la Corte tuviera su propia administración, pero que la administración del Poder Judicial quedara en el Consejo de la Magistratura, que era el concepto que estaba en la reforma de 1994. A la Corte le hubiera correspondido sólo la administración de sus propios recursos, cosa que a mi gusto ha hecho de forma cuestionable en términos de un enorme crecimiento de planta de personal y, además, ha habido operaciones –que algunos de los propios integrantes de la Corte han puesto de manifiesto– que no han sido transparentes, en términos de adquisición de bienes.
–¿Se apurarán designaciones de los jueces federales?
–Está la comisión que coordina el doctor (León) Arslanian trabajando en una profunda reforma penal y procesal que puede alcanzar en algún aspecto a los juzgados federales. En lo que se refiere a designaciones estamos esperando que el Consejo de la Magistratura envíe los resultados de los concursos. El propósito es no elegir dentro de la terna arbitrariamente. La idea es hacer en pequeño una ronda de consultas como la que se propone para la Corte.
–¿Cuales son las reformas en las que están pensando?
–La comisión asesora tiene varios fines, como relevar la totalidad de los proyectos legislativos referidos a materia penal. Hay proyectos muy elaborados y otros que son iniciativas de circunstancias, comprensibles, pero que hay que darle una sistematización lógica. Y revisar el sistema de enjuiciamiento penal apuntando al sistema acusatorio, que el fiscal tenga plenas facultades para llevar adelante la investigación. Además hay una cantidad de proyectos relativos a la imputabilidad y procesamiento de menores.
–¿Se bajaría la edad de imputabilidad?
–Hay proyectos que tienden a bajar la edad de la imputabilidad, otros tienden a establecer garantías o pautas especiales para los menores.
–¿En qué otras líneas importantes se está trabajando en el ministerio?
–En la descentralización, que es llegar con la Justicia a la gente a través de las fiscalías y tribunales barriales. También tenemos una gran cantidad de propuestas interesantes de reforma de la Justicia en general que vienen de la Mesa del Diálogo.
–¿Cuál fue la reacción del Gobierno cuando se supo que algunos ministros llamaron a Estados Unidos para “quejarse” por las acusaciones?
–No lo tomamos en serio. Puede formar parte de una campaña de rumores pero no afecta la prioridad del Gobierno, que es una renovación y una recuperación del prestigio de la Justicia.