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Opinión

La Justicia no es ya una familia judicial. Las franjas más conservadoras pueden ser dominantes, pero no todos los jueces y fiscales son conservadores. Ni siquiera todos responden a los cien mayores estudios de la Argentina, ni fallan o dictaminan por encargo público o privado. Tampoco el segundo es un sector homogéneo. Por ahora hay dos novedades. Una, que creció de manera reactiva ante el exhibicionismo de poder de los conservadores. La otra, que decidió juntarse. El documento “Justicia legítima”, emitido a principios de enero, fue el primer ejemplo de espíritu de grupo. El segundo se producirá esta semana, cuando centenares de funcionarios judiciales se congreguen el 27 y 28 para discutir qué pasa en el Poder Judicial y reflexionar sobre su propia práctica.

El fiscal Félix Crous fue uno de los firmantes del texto. Cuando el martes 19 asumió como jefe de la Procuraduría en Narcocriminalidad, Crous hizo un discurso sin giros corporativos. Más bien fue anticorporativo.

“El sistema condiciona, pero no determina”, dijo al hablar del Poder Judicial. Y explicó que por eso no quedan justificados “ni indolentes ni vagos”.

Crous es fiscal desde hace casi 20 años. Asumió en 1993, nada menos que un 24 de marzo. Antes de que la procuradora Alejandra Gils Carbó lo designara en el nuevo organismo de persecución penal, era parte del equipo de fiscales encargado de organizar la acusación y actuar en causas de lesa humanidad.

Aunque no es altisonante ni recurre a consignas, el fiscal suele ser crítico con una parte de la realidad que lo circunda.

“En sistemas relativamente desintegrados como la Justicia, lo sistémico tiene menos potencia determinante sobre los resultados y cada lugar de trabajo tiene cierta autonomía”, dice. “Si entra a analizar los contenidos, eso se puede ver en los diferentes rendimientos de uno u otro juzgado.” Según Crous, algunos revistan en la tendencia de “menor esfuerzo y mayor bienestar”, y otros no. “Si no, no habría buenos y malos jueces.”

Crous cree “en la propia libertad”. Sostiene que “hay decisiones ideológicas de distinta jerarquía”, y está convencido de que “cuando no se quiere hacer algo, alguien dice que no se puede y entonces muchos pasan de responsables a mártires, pero a las dos de la tarde están jugando al tenis en un club”.

El fiscal afirma saber que “trabajamos con una materia complicada, con los conflictos de distinto dramatismo y no con la felicidad”, pero incluso en ese marco hay quienes hacen las cosas bien por “responsabilidad personal, o aspiraciones de ascenso, o pasión por el trabajo”.

Cuenta que cuando entró a la Justicia, hace más de 20 años, se usaba la expresión “familia judicial con añoranza, aun cuando las referencias estuvieran por ejemplo en Bella Vista y quien recordase con nostalgia no perteneciera ni a las clases sociales ni a esas tradiciones”.

“Eso se llama hegemonía”, define. “Y está en crisis, porque es momento de quiebres y fracturas.”

Por el momento en que surgió, entre fines de 2012 y los primeros días de 2013, “Justicia legítima” tuvo disparadores concretos. Uno, la serie de cautelares sobre el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que trata sobre la desconcentración en casos de dominio de mercado. Otro, un documento de organizaciones como la Asociación de Magistrados con respaldo o auspicio de miembros de la Corte Suprema en el que decían que el Poder Judicial se sentía agredido por el Ejecutivo. La Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial “encuentra necesario reiterar que la independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por la Constitución nacional (art. 109) y es un principio fundamental del Estado de Derecho, que es sustancial para el funcionamiento de la democracia y constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos”, señalaba el texto.

“Nos mueve el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”, replicó “Justicia legítima”. “En ese sentido, sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan. Los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública –como la del resto de los funcionarios públicos– debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía. El debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de Justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales.”

El desafío principal de este tipo de iniciativas como “Justicia legítima” tiene cuatro caras. Consiste en mantener continuidad, no caer en una posición monotemática, preservar el espíritu crítico incluso frente a creencias con las que uno mismo simpatiza y no ceder a la tentación de cerrar el espacio y convertirse en secta. Ese desafío de cuatro lados puede ser una buena base para elaborar propuestas y someterlas a la discusión pública, ya que por suerte, diría Crous, el sistema condiciona pero no determina.

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