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El gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, será denunciado penalmente por la represión del 20 de diciembre de 2001, cuando fueron asesinadas tres personas en esa provincia. Una de ellas era Eloísa Paniagua, de trece años, por cuyo homicidio fue condenado el cabo Silvio Martínez a 10 años de prisión. La abogada de la familia Paniagua presentará en los próximos días una nueva querella contra Montiel, el entonces ministro de Gobierno Enrique Carbó, y el jefe de policía, Victoriano Ojeda, por considerarlos responsables políticos de esas muertes.
Eloísa Paniagua era la mayor de cinco hermanos y aquel día acudió a un supermercado Norte del barrio Maccarone donde vivía porque escuchó que allí entregaban alimentos. Al llegar vio que la policía impedía a la gente acercarse al lugar. Ya se habían producido saqueos en Concordia y Concepción, y el gobernador Montiel convocó a la Gendarmería para evitar que en Paraná pasara lo mismo. Los vecinos se dispersaron, huyendo cada uno a su barrio. Pero los oficiales de la Comisaría 8ª ya se habían lanzado a la persecución. Mujeres y niños corrían por el parque Berduc cuando el cabo Martínez entró a ese predio con un Duna blanco. Se bajó del auto, se puso en posición y disparó. Eloísa cayó en medio de un charco de sangre. Su tío llegó al lugar y exigió al policía que la llevara al hospital, donde murió a poco de llegar.
La semana pasada se produjo la primera sentencia por una muerte ocurrida durante la represión a la rebelión popular del 20 de diciembre. El Estado provincial fue condenado a pagar 100 mil pesos de indemnización a la familia y la sala I de la Cámara del Crimen de Entre Ríos sentenció a Martínez a 10 años de cárcel. La fiscal había pedido 15 y los abogados de la familia 18. Sin embargo, desistieron de recurrir a la Cámara de Casación para cuestionar el monto de la pena.
En ese juicio fueron excluidas las responsabilidades políticas por este crimen. La abogada Rosario Romero, que representa a los Paniagua, explicó que esto fue intencional. “La sentencia no se hubiera producido tan rápido, y quizá nunca, porque corríamos el riesgo de provocar la resistencia de todo el Poder Judicial y Ejecutivo provincial”, explicó la letrada a Página/12. Montiel fue sometido a juicio político en la Cámara de Diputados, y en la acusación fueron incluidos los tres asesinatos del 20 de diciembre. Pero su destitución fracasó por un solo voto. La abogada Romero cree que ahora es “otro momento político” en el que puede ser posible el juzgamiento de las responsabilidades políticas del gobernador y los funcionarios que ordenaron aquella represión. La demanda será presentada en las próximas horas ante el juez de instrucción Ricardo González, el mismo que investigó el caso Paniagua.
En el nuevo proceso serán incluidos los otros dos crímenes ocurridos aquella jornada. Romina Iturain, de 15 años, falleció mientras tomaba mate en casa de sus primas, en Bajada Grande. La alcanzó una bala policial de los uniformados que reprimían a quienes habían ido a buscar comida. José Daniel Rodríguez, de 31 años, era militante del MTD de la Corriente Clasista y Combativa. Su cuerpo fue encontrado por un ciclista 10 días después en un descampado cercano al Wal Mart. Se encontraba tapado con cubiertas de auto. Tenía dos perdigones de escopeta 12/70 incrustados en la espalda.