Con el pedido de absolución del ex comisario Hugo Lompizano culminó la etapa de alegatos del juicio por la muerte del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y las heridas sufridas por otros tres manifestantes, en octubre de 2010. De esta forma, está cada vez más cerca la sentencia. Al cierre de la audiencia de ayer, el Tribunal Oral Federal fijó para la semana que viene la exposición de réplicas y dúplicas de las partes, antesala del veredicto.

Mientras que la fiscalía y los abogados que representan a los heridos expondrán sobre los pedidos de nulidad que hicieron las defensas las semanas pasadas, la querella de la familia de Ferreyra, representada por profesionales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), defenderá su pedido de prisión perpetua realizado a casi todos los acusados y argumentará el estado de indefensión en el que se encontraba el joven asesinado, entre otra decena de puntos.

Norma Bouyssou, la defensora oficial de Lompizano, consideró ayer que el TOC 21 debía absolver de culpa y cargo al ex comisario. Lompizano fue acusado en etapa de instrucción de no haber hecho nada para evitar el ataque que derivó en la muerte de Ferreyra y las heridas de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Tras más de 50 audiencias, las querellas entendieron que con esa inacción, Lompizano incurría en el delito de participación necesaria. La fiscalía, en tanto, lo consideró culpable de abandono de persona.

En cuatro horas, la defensa mostró pocos argumentos sólidos. Por un lado, sostuvo que desde la Sala de Situación de la DGO de la Policía Federal, en donde el hombre se encontraba al momento de los hechos, la situación de ataque era “imprevisible” y, por lo tanto, difícil de vaticinar la producción de agresión alguna, tal como sí acabó ocurriendo cuando el grupo de ferroviarios comenzó a perseguir a los manifestantes. Para las partes acusadoras, y así también lo consideraron la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño en la etapa de instrucción, Lompizano –al igual que el resto de los federales acusados en el juicio– sí podían haber previsto el desenlace que tuvieron los hechos. La actitud de los ferroviarios y un antecedente de conflicto que había ocurrido semanas atrás en la estación de trenes de Constitución eran algunos de los datos de alarma.

Por otro lado, Bouyssou puso en duda la situación de indefensión de los trabajadores tercerizados y manifestantes de organizaciones políticas y sociales aquella mañana del 20 de octubre de 2010, esbozando la teoría de la “autopuesta en peligro” de parte de aquéllos. “Se contradijo permanentemente la defensora”, determinó María del Carmen Verdú, una de las abogadas de la querella de Rodríguez y Aguirre. “Planteó que no había situación de peligro para los manifestantes porque estaban a más de trescientos metros de los agresores, pero luego habló de su autopuesta en peligro.”

Tras la exposición de Bouyssou, los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi definieron los ejes sobre los cuales oirían las réplicas de las partes acusadoras. Aceptaron poco menos de la mitad de los puntos que la querella de la familia de Ferreyra solicitó responder a las defensas. En tanto, el tribunal aceptó en su totalidad las solicitudes tanto de la fiscalía como de la querella que representa a los heridos. Ambas partes expondrán solo sobre los pedidos de nulidades que recibieron de parte de algunas de las defensas durante sus alegatos.