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Desde Santiago del Estero

El fantasma de la intervención al Poder Judicial atemoriza al juarismo. Una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación que llegó a la provincia le anunció ayer a Nina Aragonés de Juárez que impulsará el proyecto en el Congreso. La decisión enfureció a la gobernadora, pero ya tiene el guiño de la Iglesia. Los legisladores revelaron que el obispo de Santiago, Juan Carlos Maccarone, en la reunión que mantuvo con ellos evaluó esa posibilidad: “Con eso se quiebra el sistema y la pareja se queda sin aire”, dijo. El lunes, el obispo se reunirá en Buenos Aires con el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. El gobierno nacional, en tanto, analiza el tema (ver aparte).
Tal vez como pocas veces en estos últimos meses, la Iglesia decidió alinearse con los reclamos de justicia que vienen exigiendo los habitantes de Santiago. Eso se notó durante la marcha del silencio, cuando los sacerdotes asumieron parte de la conducción de la caravana de peregrinos, leyendo apoyos y reclamando ellos mismos justicia (ver página 2). Pero la señal más fuerte fue otra. La dio el propio obispo durante el encuentro que mantuvo durante poco menos de una hora con los delegados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. “Con eso se quiebra el sistema”, dijo cuando Marcela Bordenave (ARI), la presidenta de la Comisión, le planteó el proyecto de intervención al Poder Judicial, considerado por la legisladora como uno de los ejes centrales “de un modelo de tipo feudal que se mantiene en la provincia”.
Los diputados llegaron con las denuncias recogidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde existen 250 casos compilados en un expediente que lleva el número 15.367/2000. “Existe un Estado de virtual impunidad de determinados hechos en Santiago del Estero”, decía Atilio Tazzioli, otro de los diputados del ARI, cuando argumentaba los motivos por los que están decididos a impulsar el proyecto a través de una comisión que articule la propuesta con el Senado. Entre los síntomas más frecuentes que advirtieron sobre el tendido de denuncias se encuentran la desaparición de pruebas, la reiteración de denuncias y la ausencia de investigación en cada uno de los casos y la falta de un Poder Judicial independiente. “Hay lugares donde el gobierno federal no puede mirar para otro lado y sobre todo cuando un poder provincial no puede otorgar las garantías constitucionales”, precisó en este caso Mario Bonacina, uno de los diputados provinciales del ARI que acompañó a la Comisión durante la ronda de encuentros mantenidos durante la tarde.
Esa ausencia de autonomía del Poder Judicial y la falta de garantías jurídicas fueron los puntos que se pusieron en discusión durante el encuentro en el Obispado, el ámbito que fue recogiendo durante estos años buena parte de las causas que tiene en manos la Comisión. La recolección de casos había comenzado hace años bajo el impulso del Obispado, pero hasta ahora no habían tenido demasiado eco ni a nivel local ni en la órbita de la Nación. El propio Maccarone recordó durante el encuentro con los legisladores uno de los viajes que hizo a Buenos Aires hace años. “En aquel momento –dijo–, llevé todas esas denuncias. ¿Sabe lo que me contestaron?”, preguntó y agregó: “‘Eso no puede pasar ahí’. Esa fue la bolilla que me dieron en ese momento”.
Desde entonces, según explicó durante el encuentro, la Iglesia hizo algún otro intento de ampliar las bases en la provincia desde donde se pedía este tipo de reclamos. “Sabíamos que si siempre los hacía la Comisión del Obispado, nos decían que siempre éramos los mismos loquitos o subversivos.” Maccarone se reunió en alguna ocasión con Juárez para plantearle estos temas, pero no encontró respuestas. En cambio, sí las recibió durante estas últimas semanas con la Nación. Desde el Ministerio del Interior, Gustavo Beliz se comunicó dos veces para pedirle una entrevista en Buenos Aires. Esa reunión recién se realizará este lunes, pero en una oportunidad envió a dos hombres de su confianza. Entre ellos, a alguien vinculado al Obispado que en este momento –le confió Maccarone a los diputados– fue amenazado por investigar en Santiago del Estero los vínculos entre el poder político y económico con los negocios del narcotráfico.
“Es lastimoso que Santiago esté así con todo lo que tiene”, dijo antes de avalar una suerte de “proceso de purificación con gente buena” que debería ponerse en práctica a través de un núcleo generador de cambio que, y en este punto fue tajante, no implique la intervención total de la provincia. Maccarone, como buena parte de la provincia, tiene presentes los dos cuestionados antecedentes de intervención que pasaron por Santiago. Sin embargo, y aun en ese contexto, admitió, según señalaron los diputados presentes en la reunión: “Existen disfunciones locales que no permiten la viabilidad de la provincia”.
Ese mismo viso de aliento no tuvo eco cuando la comisión se encontró con los representantes del Gobierno. “La gobernadora se puso furiosa cuando le planteamos sólo la posibilidad”, dijo Bordenave después del encuentro. El matrimonio –en la reunión con los diputados estuvo la gobernadora, pero también su esposo, Carlos Juárez– le restó peso a las denuncias de la comisión, y consideró que “algunas pueden ser ciertas pero muchos pueden ser mentiras”. Y habló de “comunistas”, cuando se refirió a quienes denunciaron la presunta intervención del ex comisario Musa Azar en los crímenes. El comisario en cuestión es uno de los hombres denunciados por el Nunca Más por su participación durante la dictadura y es una de las personas que quedaron desvinculadas del gobierno de Santiago cuando explotaron las denuncias por encubrimiento por los casos de La Dársena. También Maccarone habló sobre él: “Le tengo más miedo a ese loco fuera del sistema que adentro”, soltó.