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En la mayor de las reservas, el gobierno nacional está preparando un giro total en lo que se refiere a la documentación personal de los ciudadanos. Se licitaría, en un pliego que debería contar con el asesoramiento de la Facultad de Ciencias Económicas, una base única de datos nacional, de la cual saldrían después los elementos para hacer cada documento. Aunque todavía no está determinado, el nuevo plan pondrá sobre el tapete una de las cuestiones más ríspidas: si la Policía Federal debe ser la que emita y controle las cédulas y pasaportes o si, como ocurre en la mayoría de los países, el papel preponderante lo tenga una institución completamente distinta, el Registro Nacional de las Personas (Renaper). En este momento la cédula y el DNI cuestan, sumados, más de 40 pesos y su vigencia es de cinco años. La idea del Ejecutivo es bajar esos costos a la mitad y la impresión no se haría en las dos grandes empresas, Ciccone Calcográfica y Bolt, sino en la Casa de la Moneda y en el Instituto Geográfico Militar.
Respecto del pasaporte, se está estudiando si se puede cancelar el contrato hoy vigente con Ciccone, que fue renovado por Carlos Menem dos meses antes de dejar el poder, extendiéndolo hasta el 2007. En ese caso, también el precio sería sustancialmente menor. La iniciativa del proyecto está en manos del ministro del Interior, Aníbal Fernández, y se calcula que mientras el contrato con Siemens por los DNI preveía un costo de unos mil doscientos millones de dólares, la nueva propuesta, aunque distinta, no pasará de los doscientos. Desde el punto de vista de la seguridad, se exigirá que la base de datos sea compatible con la del FBI norteamericano y que en poco tiempo haya lectores de huellas digitales en todos los aeropuertos, por lo que el pasajero tendría que exhibir el pasaporte y poner el dedo en el lector de huellas.
Los documentos de identificación personal están ubicados en el centro de varias polémicas:
- En algunas de las llamadas democracias avanzadas el ciudadano no tiene documento de identificación por cuanto se cuestiona el derecho del Estado a tener ubicado e identificado a un ciudadano. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe documento de identidad y la identificación en verdad se hace a través del carnet de la seguridad social o el registro de conducir. Sí existe el pasaporte para salir y entrar del país.
- Pese a ello, en muchos otros países existen cédulas de identidad, o sea que el Estado identifica a los ciudadanos.
- La Argentina adoptó desde un principio un sistema que no es habitual en el resto del mundo: el control policial de la identificación. La cédula, gestionada por la Policía Federal, es un documento relacionado con el prontuario personal y, por ello, otorga a la Policía una inusual supervisión sobre el ciudadano.
- El DNI, en realidad, es el único documento que verdaderamente identifica y es el que no está en manos de la policía sino del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Igualmente, hoy en el Gobierno se asegura que la cédula sigue siendo necesaria porque el DNI es un librito en el que se inscriben los cambios de domicilios y las concurrencias a votar, por lo cual es incómodo para portar en forma permanente.
- El pasaporte es otorgado, también en forma inhabitual, por la Policía, que en el terreno de la documentación logra así un llamativo poder de control y un no menos llamativo poder económico.
Según pudo averiguar este diario, la intención del Poder Ejecutivo es licitar la base única de datos con un primer objetivo: que esté ubicada en el Registro Nacional de las Personas, no en la Policía Federal. Igualmente ésta tendrá acceso a esa base de datos para todas las cuestiones de seguridad y, eventualmente, para la confección de la cédula y el pasaporte. –¿La Policía Federal seguirá haciendo la cédula y el pasaporte? –le preguntó este diario a uno de los encargados de manejar el proyecto de nueva documentación.
–Todavía no lo sabemos. La idea inicial es poner en marcha la base única de datos, después veremos quién hace qué cosa.
En la actualidad, hacer el DNI inicial cuesta 15 pesos, la renovación 25 y la cédula 17, o sea que el ciudadano promedio gasta unos 42 pesos en ambos documentos. En el plan que quiere poner en marcha el Gobierno, se documentaría a los 40 millones de argentinos, entregándoles los dos documentos por unos 20 pesos, obviamente con cupos gratuitos para los sectores de menos recursos.
- De cero a ocho años, se daría un DNI únicamente y sin foto.
- De ocho a 16 años, un DNI plástico con foto y con huella digital.
- De 16 años en adelante, los ciudadanos tendrían los dos documentos, la cédula y el DNI. Este último con el actual formato de librito, pero con las primeras hojas plastificadas con material de seguridad. La cédula sería plástica, por supuesto más maleable que el DNI, de manera que la gente pueda llevarla encima. Hoy en día, por ejemplo, hay ciudadanos con seis o siete duplicados del DNI porque no tienen cédula, llevan el DNI encima y se va destruyendo.
Un dato adicional es que hoy en día los documentos tienden a vencer a los cinco años. El Gobierno buscaría extender esos plazos, lo que también significará un abaratamiento de hecho.
La clave de la iniciativa del Poder Ejecutivo está en el armado de la base única de datos nacional, que sirva de sostén para hacer todos los documentos y que incluso pueda ser utilizada por Migraciones y la AFIP. El ministro Aníbal Fernández ya contactó a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la idea es que esa Facultad supervise la preparación del pliego y el costeo de los documentos. La licitación –que todavía no está claro si va a ser nacional e internacional o únicamente nacional– no sólo apuntará a armar la base de datos sino que también va a incluir la provisión de maquinarias para imprimir los documentos y el entrenamiento de personal para hacer esa impresión. En el Ejecutivo existe la idea de que los trabajos de impresión se hagan en la Casa de la Moneda y en el Instituto Geográfico Militar –este último hoy hace los DNI–, algo que seguramente no le va a gustar demasiado a Ciccone Calcográfica, aquella empresa que Domingo Cavallo consideraba parte del imperio Yabrán hasta que se retractó públicamente por haberlo hecho, y Bolt, la compañía que hoy imprime casi todos los billetes de lotería y es accionista del casino del Tigre.
Respecto del pasaporte, en la Casa Rosada dieron orden de estudiar el contrato existente, que durante la época del menemismo recayó justamente en Ciccone. Ese contrato vencía en 2001, pero en forma sorpresiva, dos meses antes de dejar el gobierno, en octubre de 1999, Carlos Menem lo extendió hasta el 2007. Como se sabe, en los últimos meses hubo furibundos enfrentamientos por el pasaporte, los que incluyeron un brutal aumento de precios y enormes dificultades para la entrega, al punto que fueron numerosos los ciudadanos que no pudieron viajar porque el documento no se les entregó a tiempo.
En la cuestión de los documentos, siempre la seguridad ha sido un tema más que candente. En principio, el ministro Aníbal Fernández tiene previsto incluir en la licitación que la base de datos debe ser compatible con la del FBI norteamericano, una política que, según dicen en el ministerio, también es aplicada por otros países. Eso permite un cruce de información que abarca a individuos buscados por terrorismo o narcotráfico. El plan incluiría también el llamado AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) o sea el sistema automático de identificación por huellas digitales. La idea es que dentro deaproximadamente dos años estén instalados los lectores de huellas en los aeropuertos y puestos de fronteras, con lo cual el viajero deberá exhibir el pasaporte y poner su dedo en la máquina identificadora de la huella. Ello ubicaría a la Argentina dentro de los países con standards de seguridad aceptables en ese terreno.