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Los diez acusados por la Masacre de Margarita Belén, cuyas capturas fueron ordenadas por el juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky, ya se encuentran a disposición de la Justicia. El último en quedar en esa situación fue el agregado militar en Roma, coronel Horacio Losito, quien llegó ayer al país. Los acusados viajarían hoy al Chaco y el magistrado comenzaría a indagarlos mañana.
Los represores se encuentran actualmente en diferentes unidades militares y todos serían hoy trasladados a Resistencia. Luego, el magistrado comenzará a interrogarlos sobre su responsabilidad en la Masacre de Margarita Belén, en la que 22 personas fueron asesinadas en la noche del 12 de diciembre de 1976.
Los diez acusados figuran en la investigación sobre el crimen que la Cámara Federal de Rosario envió la semana pasada a Skidelsky. En ese expediente, los militares fueron citados como testigos y admitieron haber formado parte del convoy que supuestamente debía trasladar a los presos a Formosa. Pero los detenidos fueron fusilados en el camino y los asesinatos se intentaron justificar con el argumento de que las víctimas habían intentado fugar. Durante el juicio a las Juntas se probó que el crimen “se produjo por el accionar de las Fuerzas Armadas o de seguridad encargadas de su custodia”.
Además de Losito, los militares arrestados son: Jorge Alcides Larrateguy, Athos Gustavo Renés, Norberto Raúl Tozzo, Aldo Martínez Segon, Rafael Carnero Sabol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Ricardo Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme. Reyes y Riquelme también están en actividad. El primero está destinado en Inteligencia del Estado Mayor del Ejército y el segundo en el Hospital Militar Central. Todos ellos están acusados de homicidio calificado agravado por alevosía y por el número de participantes en concurso real con el delito de desaparición forzada de personas.
Ayer, durante una visita a las instalaciones de la Base Naval de Puerto Belgrano, el ministro de Defensa, José Pampuro, dijo que “hay preocupación” por este tema en las Fuerzas Armadas, pero explicó que “implica que hay planteado un conflicto que no tenemos la certeza de cómo o cuál va a ser el impacto sobre cada hombre en forma individual”.
Esta causa se inició en mayo de 2001 por una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que contó con el apoyo de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). En la presentación se solicitó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían juzgar a los responsables y se acusó como uno de los responsables de la masacre al ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, quien fue secretario de la intervención del Chaco durante la última dictadura.
La masacre se ejecutó en la noche del 12 de diciembre de 1976, cuando la guardia llamó a algunos presos y les indicó que se prepararan para un futuro traslado. Los autos que los llevaban se dirigieron por la Ruta 11 en dirección a Formosa. En un camino lateral, a las 4.30 de la madrugada, 22 detenidos fueron ejecutados. Estaban fuertemente maniatados y físicamente debilitados a raíz de la tortura.
Hace tres meses, Skidelsky declaró la inconstitucionalidad de las normas que le impedían avanzar con la investigación. En su escrito aseguró que “las dos leyes del olvido vinieron a aumentar el oprobio que sufría la sociedad argentina” y que la existencia de miles de desaparecidos “dejó de ser un problema privado, dejó de reducirse a una mera situación judicial que enfrenta a familiares afectados con militares o personal de seguridad como imputados, pues este hecho se origina en una política de Estado y las consecuencias por supuesto no sólo afectan a las víctimas sino al conjunto de la sociedad y por lo tanto requieren una respuesta social, pública y política”.