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Luego de trece años y tres meses Julio Salvador Nazareno renunciará como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Mañana, presentará su defensa ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lo acusa por mal desempeño de su cargo y pasado dejará la presidencia de la Corte, que detenta por su propio voto y por el de los jueces Eduardo Moliné, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano. Así lo comunicó el propio Nazareno al jefe de su custodia. La historia picaresca iniciada en abril de 1990, cuando el ex jefe de policía de La Rioja ascendió hasta la más alta jerarquía en el ordenamiento jurídico argentino culmina tal como empezó: antes de renunciar, Nazareno designó a su hija como prosecretaria administrativa y a su futuro yerno, Cristian Pantaleón como secretario letrado, ambos en la secretaría de auditores de la Corte. Los nombramientos llevan además la firma del vicepresidente de la Corte, Eduardo Moliné. En cambio, se negó a firmar Augusto César Belluscio (ver aparte).
Las relaciones internas en la Corte están muy deterioradas. Ayer el mismo Belluscio presentó un escrito ante la justicia en lo contencioso administrativo federal desmintiendo a Nazareno en el expediente iniciado por la entronización de una imagen religiosa en el hall de entrada del palacio de Tribunales. Belluscio, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda se habían pronunciado en favor del amparo de la Asociación por los Derechos Civiles que consideró esa presencia violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero Nazareno respondió a través de la secretaría general de la Corte que la mayoría automática había decidido mantener el icono “por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, dentro de los límites de su discrecionalidad y en base a consideraciones históricas, normativas, culturales y sociológicas”. Según Belluscio “tal decisión no existe”. Dijo que después de una consulta al Acuerdo de ministros, el administrador de la Corte Suprema Nicolás Reyes autorizó “la entronización de la Virgen María Reina de la Paz Medjugorje durante el mes de marzo de 2002, pero se trataba de una autorización transitoria que había sido justificada con el argumento de que se trataba de una imagen itinerante que iba a ser instalada durante un limitado periodo en las sedes de cada uno de los poderes que integran el gobierno federal”. Sin embargo, luego esa imagen fue sustituida por otra de la Virgen del Rosario de San Nicolás, “sin que exista ningún acto administrativo que haya autorizado su instalación, ni emanado de la Corte ni de ninguna de sus dependencias”. Añade que en el acuerdo del 11 de este mes preguntó quién había otorgado la autorización, “sin que las autoridades del Tribunal satisficieran mi pregunta, lo que me llevó a concluir que la imagen religiosa había sido instalada de facto sin que se sepa por quién, conclusión que no fue discutida por los otros miembros del tribunal sino asentida. De tal modo, no solamente media un hecho de discriminación religiosa impropio de un servicio de justicia que debe ser administrado sin discriminación de credos, sino que ese hecho deriva de autores anónimos y ha sido indebidamente tolerado”. Belluscio también dejó constancia de que Nazareno nunca le informó de las presentaciones formuladas ante la Corte por la Asociación por los Derechos Civiles.
La comisión de juicio político que preside el tucumano Ricardo Falú citó a Nazareno para que formule su descargo, mañana a las 11. En vez de asistir, Nazareno lo enviará por escrito. Su defensor es Gregorio Badeni. Nazareno ya fue sometido a otro proceso similar en 2002 y en la sesión del 11 de octubre pasado la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados votó por su destitución. Esas 143 voluntades fueron insuficientes para removerlo, ya que faltaron 13 votos para alcanzar los dos tercios que requiere la Constitución Nacional. Ahora debe responder por 16 cargos originados en cinco causas judiciales, entre ellos las declaraciones queformuló a la prensa hace tres semanas y que motivaron el pedido del presidente Néstor Kirchner a la Cámara de Diputados para que procediera a juzgarlo. Según Kirchner esa conferencia de prensa, en la que Nazareno se refirió a la posible redolarización de depósitos bancarios, formó parte de un intento de extorsión al Poder Ejecutivo. La Comisión de Juicio Político está de acuerdo. Sostuvo que Nazareno faltó al decoro y presionó a otro poder del Estado. También mencionó declaraciones anteriores sobre el mismo tema, que constituirían prejuzgamiento, ya que anunció un fallo dos meses antes de firmarlo. El cargo más contundente contra Nazareno surge del fallo por el cual se ordenó al Tesoro que pagara al Grupo Meller casi 30 millones de pesos, que con las actualizaciones monetarias pueden llegar a trece veces más, por la edición de guías telefónicas anteriores a la privatización de ENTel. Testaferros del menemismo en las privatizaciones de gas y agua, los Meller habían renunciado en forma explícita al reclamo, como señaló la Procuración del Tesoro. Los legisladores también señalan que Nazareno causó otro grave perjuicio al Estado al absolver a la empresa Sevel, de Sociedades Macri, SOCMA, por evasión impositiva al importar automotores. Otra causal es la sanción que Nazareno impuso al juez Mario Magariños, usurpando facultades del Consejo de la Magistratura, por haber opinado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de un caso cerrado en la jurisdicción argentina. Por supuesto, la opinión de Magariños, quien fue convocado como profesor universitario, difirió de la que Nazareno había expresado en la misma causa. Nazareno le recriminó haber alegado en favor del respeto por la Constitución, las leyes y los derechos y garantías de los ciudadanos, principios que fueron recogidos la semana pasada en el decreto 222/03, reglamentario del procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo seleccionará al reemplazante de Nazareno.