El Tribunal Oral Federal Nº 1 reanudará mañana las audiencias del juicio oral por los crímenes del Plan Cóndor en los Tribunales de Retiro. Los abogados defensores de los 25 represores acusados ya hicieron planteos de nulidades y presentaron las cuestiones preliminares, previas al comienzo formal del debate. Mañana empezarían las indagatorias. Los acusados tienen la ocasión de hablar si así lo desean. Se sabe que varios lo harán, pero el único que llegó a levantar la mano en una audiencia para pedirlo es el coronel Carlos Tragant, quien tuvo injerencia en San Juan y Mendoza durante la dictadura. Entre los acusados está el dictador Jorge Rafael Videla. Habrá que ver si esta vez vuelve a tomar la palabra. Semanas atrás pidió hablar para desmentir que haya llamado a levantarse en armas contra el gobierno, en una entrevista publicada por la revista española Cambio 16. En esa entrevista dijo además que “la vendetta de Kirchner contra el Ejército seguirá mientras persista el unicato” y que “Argentina soporta hoy una guerra sin violencia física, con las instituciones como rehenes”. Pero todo eso no lo negó.

El juicio está a cargo de los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Laufer. Está previsto que arranquen la jornada resolviendo cuestiones preliminares y den comienzo a las indagatorias. Hasta aquí los defensores hicieron los mismos planteos que en el resto de las causas. Sólo hubo un tema distinto porque atañe a la incorporación al juicio del único represor de otro país: el uruguayo Manuel Cordero.

Cordero es una figura representativa de los represores que actuaron en el centro clandestino de Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor en Capital Federal, y fue clave en el pase de prisioneros entre la Argentina y Uruguay. Cordero estaba refugiado en Brasil. La Argentina pidió su extradición por dos causas: Plan Cóndor y Automotores Orletti. Brasil sólo lo extraditó de momento por el Cóndor. Lo hizo por los cargos de privación ilegal de la libertad, pero negó la extradición por asociación ilícita, que es el delito que pesa sobre otros 23 represores del juicio. Esto es así porque Brasil considera todos los delitos de su dictadura prescriptos, y sólo tiene una puerta abierta para juzgar aquellos que aún se siguen realizando. La figura de la privación ilegal de la libertad sobre personas que aún permanecen desaparecidas está dentro de ese criterio: como sus cuerpos aún no fueron hallados, el “delito continúa realizándose”. Ese criterio que rige internamente se aplicó también para definir la extradición.

Los defensores de Cordero tomaron el encuadre legal de Brasil para decir que no puede ser juzgado por los secuestros. El problema es que lo hicieron “partiendo de una premisa falsa”, sostiene el abogado del CELS, Marcos Klotik. Indicaron que Brasil no lo extraditó por todos los casos de privación ilegal de la libertad sino sólo por Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, uruguaya sobreviviente de Automotores Orletti cuyo hijo fue apropiado en la Argentina. Dijeron que no podría ser juzgado porque, primero, ese caso no pertenece a este juicio sino al que analiza los crímenes cometidos en Automotores Orletti; y segundo porque el delito estaría prescripto. “Esto es falso –dice Klotik–, porque lo que pasó es que en Brasil se juntaron los pedidos de extradición de Cóndor y de Orletti, entre los que estaba el de Riquelo. Pero el Tribunal brasileño concedió la extradición por todos los casos de privación ilegal de la libertad de Cóndor. La lectura de los defensores es una interpretación confusa, en el mejor de los casos. El resto de sus argumentos se cae después de leer la sentencia. Brasil tampoco negó el carácter de delitos de lesa humanidad, porque no tuvo que analizar la cuestión de fondo, dado que en la privación ilegal el delito sigue existiendo.”

Entre los acusados están además el dictador Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y el marino Antonio Vañek. Los represores son juzgados por 106 víctimas, entre ellas una mayoría de uruguayos, pero también paraguayos y chilenos. En forma paralela se lleva adelante en el mismo debate un tramo residual de la causa Orletti, por otras 67 víctimas. El único imputado de ese tramo es Miguel Angel Furci, acusado por privación ilegal de la libertad y tormentos. Furci y Cordero son los únicos acusados como autores directos. El resto está imputado por autoría mediata.