María Elena Vázquez de Astiz, madre del condenado genocida de la ESMA, fue procesada en Mar del Plata por su participación en la apropiación ilegal de un niño nacido durante la última dictadura. La decisión del juez federal Santiago Inchausti incluye también a la pareja que crió al menor como propio, quienes igual que Vázquez afirman que el niño es hijo de una empleada doméstica de los padres del represor. En la investigación, sin embargo, no se descarta que pueda ser hijo de una mujer secuestrada que haya dado a luz en un centro clandestino. Abuelas de Plaza de Mayo informó que la víctima se realizó el análisis de ADN correspondiente para saber si era uno de los nietos que buscan, pero “excluyó todos los familiares de desaparecidos que integran el Banco Nacional de Datos Genéticos”. De todas formas, las muestras se conservan para futuras comparaciones.

Según el expediente, Vázquez y su esposo Bernardo Astiz, ya fallecido, ofrecieron un niño recién nacido a un albañil que trabajaba en su casa. La madre del represor, según declaró el hombre en la causa, le explicó que su empleada doméstica había quedado embarazada en una relación extramatrimonial y que no podía cuidar a la criatura. Como el obrero y su esposa estaban haciendo un tratamiento para poder tener un hijo, aceptaron el ofrecimiento. Tomaron nota del nombre y la dirección de una partera que les pasó la mujer y fueron a buscarlo. Luego recibieron un certificado en el que figuraba como su hijo biológico. Finalmente recibieron un llamado de la madre de Astiz para comprobar que la gestión se hubiera concretado, y un mes después la tuvieron de invitada en la ceremonia de bautismo.

Abuelas de Plaza de Mayo, que intervino en la causa desde el comienzo, destacó ayer su reclamo para que se esclarezcan las apropiaciones “de los hijos de nuestros hijos desaparecidos y los de todos los niños que sufren, hasta el día de hoy, la supresión de la identidad. El derecho a la identidad es un derecho inalienable fundamental para cualquier individuo”.