Los legajos mentían. Decían baja, cesantía, renuncia forzada, despido, suspensión o limitación de servicios. Ahora, los primeros 122 legajos reparados de empleados públicos víctimas de la última dictadura llevan una leyenda uniforme: “La verdadera causal fue desaparición forzada como consecuencia del terrorismo de Estado”. Así ocurre en la mayoría de los casos. Pero hay un porcentaje menor donde figura otro motivo: “Asesinato”. El Estado Nacional, mediante el decreto 1199/12, que firmó la presidenta Cristina Fernández, rectificó una situación que el régimen cívico-militar de 1976 había adulterado. Un grupo de hijos de los trabajadores estatales y militantes populares saludaron este acto de reparación simbólica que los acerca un paso más a la verdad histórica.

Adriana Reydó es periodista y licenciada en Comunicación. Su padre, Raúl, se desempeñaba en YPF y era delegado del SUPE. Integraba, además, el Peronismo de las Bases y el Grupo Mosconi. Fue secuestrado el 20 de mayo de 1977 y su legajo en la petrolera señalaba cesantía por abandono de tareas. Otro expediente –el Nº 88 de la Conadep– marcaba su destino de desaparecido desde 1983. “La reparación es sumamente importante. Cierra toda esta historia y a la vez la abre. Por medio del decreto y gracias a los compañeros de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, del Ministerio de Planificación Federal, esto no quedó en el plano discursivo. Es un hecho concreto”, dice.

Al padre de Diego Rodríguez, Angel Alberto, se lo llevó un grupo de tareas de su casa el 4 de agosto del ’76. Trabajaba en Obras Sanitarias y en el legajo de la empresa figuraba como cesante. “Esta medida significa tener hoy más presentes a los compañeros en su lugar de trabajo. Porque haber reparado estos 122 legajos es recuperar la historia de cada uno de ellos”, cuenta Rodríguez, director departamental de Relaciones con la Unasur en el Senado.

Gerardo Salcedo es empleado de un banco privado y perdió a buena parte de su familia durante la represión ilegal. La patota de la ESMA persiguió a su padre, Edgardo, hasta que lo mató, junto a su madre, Esperanza Cacabelos, el 12 de julio de 1976. Los restos de su padre están enterrados en el cementerio de la Chacarita porque los militares devolvieron el cuerpo. Hoy, en el legajo del militante montonero, empleado de Entel y referente de Foetra, figura: “La verdadera causal de cesantía fue asesinato como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”. Gerardo sostiene: “Lo que más me gusta de la reparación del legajo es que diga ‘terrorismo de Estado’, ya que la expresión habla de la dictadura del ‘76, pero también engloba lo que sucedió entre la Revolución Libertadora del ‘55 y el ‘83, en que se recuperó la democracia”.

En efecto, el decreto 1199/12 tiene el propósito de relevar información e identificar a “los trabajadores estatales víctimas del terrorismo de Estado en el período comprendido entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983”. Los alcances fueron difundidos en una solicitada de la Presidencia de la Nación el 23 de marzo pasado. En ella se publicaron los nombres de los 122 empleados estatales desaparecidos o asesinados y los organismos y empresas públicas donde trabajaban.

Salcedo describe qué se hizo hasta ahora y cuánto queda por hacer: “En este tema está trabajando la Jefatura de Gabinete, en una mesa de la que participan los organismos de derechos humanos, los sindicatos y la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que tiene otros cien casos más para agregar. Esto debería quedar abierto siempre, y ahora se está laburando fuerte en llegar hasta 300 legajos, que es lo mínimo que deberíamos alcanzar”.

Rodríguez cuenta que “se está tratando de ubicar a los familiares de los desaparecidos cuyos legajos fueron reparados. Pero es muy dificultoso porque a veces no hay datos muy certeros. Lo que refleja el legajo es la actividad laboral del desaparecido, pero también si tenía hijos, madre, la vida personal que llevaba”. El tema –acota– “también abre un debate dentro de las organizaciones sindicales. Es como que la historia de los militantes desaparecidos es medio tabú y ahora se termina discutiendo en muchos gremios. El otro día, la Comisión por la Reconstrucción participó de un acto homenaje a los trabajadores desaparecidos del Congreso. Y por primera vez se hizo un racconto de todos los casos que hubo ahí. Se le dieron legajos al sindicato. La mayoría de los gremios del Estado tuvo desaparecidos”.

Para Reydó, “esto abre un montón de caminos que van a dar sus frutos. El hecho de que los trabajadores actuales entiendan que esto existió, que esto ocurrió en el Estado, dejó de ser un hecho abstracto. Argentina es pionera y revolucionaria en lo que atañe a la memoria. Por eso, el tema de la visibilidad de nuestros padres no es un asunto menor. Y la visibilidad viene a partir de la reparación de los legajos. El Estado dice: ‘Acá están. Esto fue lo que hizo el Estado con los trabajadores’”.

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