El kirchnerismo advirtió que, a pesar de que acatará el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la reforma del Consejo de la Magistratura y suspendió la elección popular de miembros de ese órgano, las reformas del Poder Judicial propuestas por Cristina Fernández de Kirchner podrían continuar a través de otras medidas y medios diferentes. En sintonía con lo que planteó la Presidenta en el acto por los 400 años de la Universidad de Córdoba, el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que la decisión del máximo tribunal es un escollo más en el “desafío de democratizar el único Poder que el pueblo no tiene posibilidad de votar” y anticipó nuevos pasos en ese sentido, al asegurar que “las luchas por la democratización nunca han sido fáciles”. En tanto, gobernadores alineados con la Casa Rosada y otros dirigentes políticos y sindicales criticaron la decisión de los magistrados y señalaron que ese mismo fallo es una prueba de la necesidad de avanzar con más cambios sobre los tribunales.

“Esperábamos que la Corte sacara una sentencia más democrática”, admitió Alak ayer al ser consultado por la decisión de la Corte Suprema. “¿Por qué tienen miedo de dejar que la gente vote, cuál es el problema?”, se preguntó el funcionario, que también sostuvo que “el pueblo nunca se equivoca y el voto es la base de la democracia”. Según recordó el ministro, la Argentina es “una república representativa” tal como establece la Constitución Nacional, pero sostuvo que, si un estamento puede elegir sus representantes sin la intermediación del voto popular, “no es democracia sino aristocracia”.

Otro miembro del gabinete que vertió su opinión sobre el asunto fue el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, quien dijo que el fallo “legitima la legalidad corporativa, dejando de lado la legitimidad popular”. Para el ex jefe de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados (rol que cumplía cuando se aprobó la ley suspendida), “es malo que desestime como fuente de poder legítima la voluntad popular”, pero advirtió que “se seguirá debatiendo generando consensos” respecto del funcionamiento del Poder Judicial.

Por su parte, dos miembros del Consejo de la Magistratura alineados con el oficialismo criticaron en duros términos la decisión cortesana. “En el fallo de la Corte subyace un triple desprecio: a la soberanía popular expresada por el voto universal, al Congreso de la Nación en sus facultades y a los partidos políticos en general, a los que descalifica colocándolos como condicionantes de la independencia judicial”, dijo el senador Marcelo Fuentes. Para el neuquino, la sentencia implica “sostener” que “el voto debe ser calificado” y “sólo puede explicarse por una actitud en defensa del interés corporativo” de jueces y abogados.

“El debate en torno de la democratización de la Justicia continúa”, advirtió el legislador, anticipando también nuevas medidas sobre este tema. Hernán Ordiales, compañero de Fuentes en el Consejo como representante ante ese órgano del Poder Ejecutivo, fue más allá al afirmar que pese al fallo adverso de la Corte Suprema “no quedará en la nada” la reforma del Poder Judicial. “Creo que si la idea fuerza de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es suficientemente importante, como yo creo que es desde el punto de vista de la filosofía política, va a terminar por consolidarse.”

El gobierno nacional también recibió el apoyo de gobernadores aliados, quienes criticaron asimismo a la Corte. Es el caso del tucumano José Alperovich, quien sostuvo que la sentencia “viola la voluntad popular” porque suspende “una ley aprobada en ambas Cámaras”. Por su parte, el mandatario de Jujuy, Eduardo Fellner, consideró que “con el fallo pierde la sociedad argentina en su conjunto”. En tanto, el entrerriano Sergio Urribarri calificó la decisión del máximo tribunal como “un resabio del pasado”, pero advirtió: “En modo alguno quiere decir que vayamos a renunciar a seguir accionando desde la política para democratizar las instituciones del país”.

El senador Aníbal Fernández insistió sobre la misma idea: “No nos vamos a detener; hay que seguir luchando hasta conseguir que sea la voluntad popular la que elija a los representantes en el Consejo de la Magistratura”. En tanto, el diputado Carlos Kunkel fue más allá y acusó al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de utilizar este fallo de “trampolín para dar un salto a la política” por sus “aspiraciones de llegar a la presidencia de la Nación”.

El titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, manifestó su desacuerdo con el fallo (ver aparte) y también lo hizo Adriana Puiggrós, titular del Frente Grande, parte de la coalición oficialista: la diputada acusó al máximo tribunal de estar “preocupado y ocupado en mantener sus privilegios corporativos desconociendo el verdadero sentido de la Constitución Nacional”.