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En la antesala del despacho de Carlos Santiago Fayt, donde suele reinar un silencio monacal, había ayer un revuelo de visitas, periodistas y secretarios que rogaban verlo. El ministro, de 85 años, acababa de ser elegido por todos sus pares para ocupar la presidencia de la Corte Suprema en forma interina hasta noviembre, ante el rechazo irreversible de Eduardo Moliné O’Connor a asumir ese cargo. Los pedidos de juicio político contra el nuevo titular de los supremos aún no fueron archivados, pero entre los diputados hay acuerdo para no avanzar en su contra. En la reunión plenaria del tribunal, les pidió a sus compañeros colaboración “para dar una imagen positiva” y se pronunció por “dejar atrás las mayorías automáticas”.
Ningún otro ministro quería asumir la conducción del tribunal. Para estar en un lugar de tanta exposición, prefieren dejar pasar las tormentas. Incluso Enrique Petracchi, que era un candidato consensuado, rehusó en voz baja: “En esta Corte no”, dejando clara su enemistad con lo que queda de los viejos automáticos. En su reunión de ayer, los supremos primero le pidieron a Moliné O’Connor, quien cogobernó con Julio Nazareno, que reconsiderara su decisión. Pero el dirigente del tenis, que perdió casi todo su poder, dijo que para él “se cumplió una etapa” y que pensaba “hacer frente a las contingencias”. Entonces el propio Petracchi tomó la palabra y señaló que a Fayt, como decano del cuerpo, le correspondía asumir el mando hasta las nuevas elecciones. Más tarde, el elegido no disimuló cierta satisfacción entre sus conocidos.
Fayt, nombrado en la Corte en 1983, fue uno de los jueces que, años atrás, se opuso a la mayoría menemista. Pero con el tiempo sus posturas se volvieron más oscilantes. Con su voto, facilitó la firma de la redolarización a favor de San Luis, tan alentada por Nazareno y Moliné O’Connor. Con ambos desarrolló una muy buena relación en los últimos meses. A Moliné le pidió que quedara a cargo del Jurado de Enjuiciamiento, que lleva a cabo el juicio político de jueces de instancias inferiores, mientras él asumirá la presidencia del Consejo de la Magistratura, que acusa y puede sancionar.
El hecho de que el alto tribunal en pleno avalara su designación obligó a Fayt a volver a estrecharse la mano con Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda y Augusto Belluscio, con quienes no se dirigía la palabra desde que lo acusaron, en un voto en disidencia, de generar “un escándalo y un bochorno para el tribunal” al firmar la despesificación puntana después de haber reconocido que tenía 200 mil dólares acorralados. Según el trío, Fayt debía excusarse porque tenía “un interés personal” en el caso. Ese fue el argumento con que llegaron a la Cámara de Diputados los últimos pedidos de remoción en su contra, ahora estancados por la negativa a impulsarlos del radicalismo, el socialismo y el ARI. En el Gobierno, por ahora se entretienen con Moliné, a quien imaginan renunciando. Dentro de la Corte, en cambio, crece una fuerte versión: que Guillermo López –mal de salud, con su casa incendiada e igualmente amenazado por el oficialismo– sería el próximo en zarpar.
Fayt, de pasado socialista, autor de 35 libros sobre pensamiento político, derecho constitucional, libertad de prensa, entre otros, advirtió a sus pares: “Necesito la cooperación seria y efectiva de ustedes”. Y dijo que quiere “sacar a la Corte de su virtual parálisis” provocada por los enfrentamientos internos. Con sus colaboradores compartió su intención de “mejorar la relación con el Ejecutivo y el Congreso”. En el reparto de tareas, le encomendó a Belluscio las actividades protocolares y las audiencias, que a él no le gustan.
Con Fayt seguirán trabajando dos hombres del riñón de Nazareno: el administrador general, Nicolás Reyes, y el supersecretrio Christian Abritta. Hay quienes creen que ambos podrían jugar el papel del “verdadero poder detrás del poder”.
Si se decide a plasmar algunos antiguos proyectos, Fayt tendrá la oportunidad de tomar iniciativas que podrían gozar de la simpatía del Gobierno, como generar criterios para reducir el número de causas que la Corte resuelve al año, cercano a 14 mil, un factor de predisposición a la corrupción cortesana. Entretanto, dos expedientes clave esperan solución: las demandas de ahorristas particulares contra la pesificación y los reclamos de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En el primer caso, Fayt podría buscar apoyos para un proyecto propio que apunta a una devolución escalonada en dos años del dinero. Ni una causa ni la otra serán resueltas antes del desembarco de Eugenio Raúl Zaffaroni, cuya llegada, en el caso de las leyes de impunidad, podría cambiar el rumbo de un debate hasta ahora encaminado a ratificarlas.
Los juristas que conocen a Fayt cuentan que desde que integra la Corte cada año repite: “A fin de año me voy”. Cuando se le planteó la situación de irse al superar los 75 años que una cláusula constitucional establece para los jueces como límite de inamovilidad, logró que los otros supremos, salvo Petracchi, declararan su nulidad. Este año, cuentan, condicionó su promesa al archivo de su juicio político. En el Gobierno creen que se va. Los que más lo conocen pronostican que nunca lo hará.