El canciller Héctor Timerman denunció ayer ante la Procuración General de la Nación la posible existencia de una red de espionaje internacional que habría “interceptado o captado” comunicaciones electrónicas de carácter privado a más de un centenar de funcionarios, miembros del Poder Legislativo, diplomáticos y periodistas argentinos. La documentación con que Timerman acompañó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal es la misma que el titular del Palacio San Martín dio a conocer el viernes pasado en Montevideo durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Uruguay, luego de que un funcionario de otro país –al que no identificó pero que participaba del encuentro– le entregara una extensa lista de correos electrónicos de dirigentes políticos del oficialismo y la oposición con sus respectivas contraseñas, y que habrían llegado desde un tercer país en medio de su propia invetigación para desmantelar una red espía que operaba sobre su gobierno. Este sistema de espionaje político alcanzaría al menos a cuatro Estados miembros y adherentes de la organización política-económica sudamericana, aunque por ahora sólo Argentina y Bolivia lo denunciaron públicamente.

“El 12 de julio, entre las 16 y 17 horas aproximadamente, un funcionario de alto rango de uno de los países participantes de este encuentro regional, y a quien conozco por la función que me toca ejercer dentro del Ejecutivo, se acercó y me entregó un sobre tamaño oficio solicitándome que revise su contenido”, afirma Timerman en el escrito que entregó a la Procuración General que encabeza Alejandra Gils Carbó. En un sobre que acompañó la presentación figuraban más de un centenar de direcciones electrónicas de funcionarios del gobierno nacional y políticos oficialistas y opositores con sus respectivas password.

De esta manera, el canciller pidió, tal como lo instruyó la presidenta Cristina Kirchner, que la Justicia investigue la posible incursión que la legislación argentina establece en delitos informáticos (incorporados en 2008) para “el acceso y apoderamiento indebido”, “la supresión o desvío” y la “intercepción o captación de sistemas comunicaciones electrónicas de carácter privado”. Timerman también solicitó que se citara a todas “las personas sindicadas en la documentación” para que confirmen o no la información aportada, además de que la Justicia mantenga reserva sobre la “información confidencial” que aparezca en la investigación sobre las personas que figuran en el listado.

Ahora, la Procuración –o quien ella designe– tendrá la tarea de tirar del hilo argentino que podría deshacer la madeja de la posible red de espionaje político internacional sobre al menos cinco países miembros y adherentes del Mercosur, según la información que trascendió en Montevideo. Datos que el propio Timerman aporta en su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, donde detalló que en la reunión de Montevideo también “se hallaba presente un miembro del gabinete nacional de otro país quien recibió, al igual que yo, un sobre conteniendo similar información”. “Durante la reunión, ambos funcionarios pusieron en conocimiento que sus servicios de inteligencia se encontraban desde hacía un tiempo investigando una operación de espionaje que operaba sobre su gobierno”, dice Timerman en el escrito. “En el contexto de esa investigación –continúa el canciller– lograron acceder a información que formaba parte de la operación y que involucraba datos de personajes públicos de distintos países latinoamericanos.” Aunque los funcionarios extranjeros aseguraron que la investigación “aún no había concluido”, resolvieron que ante “la sensibilidad del asunto exigía se hiciera entrega a las autoridades argentinas de toda aquella información que involucraba a nuestro país”.

En Montevideo, mientras se desarrollaba la Cumbre del Mercosur, Página/12 accedió a parte de la lista de los políticos argentinos espiados por esta supuesta red internacional, en varios casos identificados con los cargos que ocupaban algún tiempo atrás. Allí figuran, entre muchos otros, el gobernador bonaerense Daniel Scioli; el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak; el titular de la Afsca, Martín Sabbatella (aunque figura como diputado nacional); el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el agente de la SIDE José Francisco Larcher. Además de la intendenta de Paraná, Blanca Osuna (figura como diputada); el ex canciller Jorge Taiana (como si tuviera en funciones); el periodista Eduardo Aliverti; la flamante embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré (bajo la leyenda “ex monto/Min Def”); la diputada PRO Gabriela Michetti (figura como vicejefa del Gobierno porteño); el ex juez español Baltasar Garzón y el vicepresidente Amado Boudou (como titular de la Anses); el diputado Carlos Heller; el intendente de Tigre, Sergio Massa; el fallecido subsecretario de Comercio, Iván Heyn, y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Por los datos que aparecen junto al listado, en Cancillería estiman que el origen de esta información surge de agentes o ex agentes de servicios de Inteligencia locales y que los mismos datan de entre 2005 y 2008.

Con la presentación ante la Procuración, Timerman cumplió con la promesa de llevar a la Justicia la denuncia que hizo pública en Montevideo. El otro país que también denunció la maniobra de espionaje fue Bolivia. “Esos agentes de inteligencia de Estados Unidos tienen correos electrónicos de nuestras máximas autoridades”, afirmó su presidente Evo Morales durante un acto en un poblado andino y contó que también accedió a esa información en Montevideo, en la cumbre del Mercosur en la que se debatió una condena a Estados Unidos por el espionaje y a países europeos por haber retenido a Morales al negársele el permiso de sobrevuelo.

Facsímil de la denuncia presentada por el canciller Héctor Timerman.