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Rara avis

Opinión

Por Guillermo Makin *

Antes de 1976 casi no había militares de alta graduación en servicio activo que prefirieran la democracia a la intromisión militar. Salvo, quizá, el teniente general (RE) Alberto Numa Laplane.

Fue comandante del Ejército entre el 13 de mayo y el 26 de agosto de 1975, cuando el gobierno de María Estela Martínez de Perón caía en el más abyecto desprestigio por sus errores políticos y económicos.

Laplane, a poco de asumir, dijo en un discurso publicado en los diarios del 29 de mayo: “Todavía hay argentinos que no se han convencido de la firme determinación de no prestarnos más al juego de salir de los carriles constitucionales: esto sólo serviría para sumir al país en un caos que le entregaría inerme en manos de sus enemigos”.

Días atrás en el Tribunal Oral Federal Nº 5, en el marco del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, prestó testimonio Adriana Friszman, nuera de Laplane. En una crónica periodística se lo calificó como un militar nacionalista de derecha.

No es el primer error en que se incurre al describir a un militar que trató de evitar la conspiración militar que culminaría en el golpe del 24 de marzo de 1976.

Heriberto Khan en su libro Doy Fe y en sus artículos en el diario La Opinión, siguiendo a sus fuentes militares en plena crisis político-militar, sostenía que Laplane era hombre de López Rega (el “dato” habría sido de Massera).

Cualquiera que conociera a Laplane convendría que era un militar democrático, por entonces una rara avis entre altos oficiales. Sus discursos en 1975 y posteriores intervenciones hasta su adscripción al Cemida, Centro de Militares para la Democracia Argentina, disuelto en el 2012, lo prueban inequívocamente.

Cuando lo conocí en Londres, en 1980, se esmeró en explicarme lo dañino que era para una institución como el Ejército verse involucrado en política. Sostuvo que las diferencias políticas llevaban a la exclusión, por retiro, de una parte de “la pirámide de oficiales” que diagramó sobre una servilleta. Al asumir el comando del Ejército se propuso lograr que pese al deterioro político de la Sra. de Perón se llegara a elecciones, para las cuales faltaban solo 21 meses.

Laplane se encontró con que su predecesor, el teniente general Leandro E. Anaya, había ubicado a colorados antiperonistas con afección al golpismo en los comandos más importantes, entre los cuales, los generales Videla y Viola.

A través de una posición que Videla, en el 2001, recluido bajo arresto domiciliario, me dijo execrar, el “profesionalismo integrado”, Laplane trató de sostener los torpes ministros de la Sra. de Perón. “Isabel”, rememoraba Laplane, “no sabía nada, ni quién era quién, se hacía aquello que le decía el último que hablara con ella”.

La primera decisión de Laplane que acredita lo errado de catalogarlo como lopezreguista es el desalojo de López Rega de la quinta presidencial de Olivos donde vivía. “Usé la custodia presidencial, el Regimiento de Granaderos. Les ordené desarmar la custodia de López Rega y se lo puso en el primer avión a Madrid”, me explicó.

Las cartas con que le tocó jugar a Laplane eran malísimas: los nuevos ministros de Isabel eran de una impericia política pocas veces vista. El ministro que asumió el rol que hoy desempeña el jefe de Gabinete, Vicente Damasco, un coronel en actividad, carecía de carisma, cintura política y prestigio. Recién en septiembre se nombraron ministros con calibre como Angel F. Robledo y Antonio Cafiero, pero para entonces la crisis se había llevado puesto a Laplane.

Damasco se vendía pretendiendo salvar un gobierno al garete con una presidente sin otra vertebración ideológica que cumplir la misión de su marido y su concepción monárquico-franquista del poder. Intentó usar un plan que Perón le habría legado. Habiendo visto una copia que me facilitó Damasco entiendo por qué nunca vio la luz. Era un conjunto de títulos bien intencionados pero carentes de contenido y sentido político operacional útil.

Los militares golpistas, Videla, Viola y sus seguidores, decían horrorizarse con que Damasco, un coronel en actividad, actuara en política en el ministerio más político. Plantaron filtraciones en los medios hasta forzar su retiro, infligiéndole así a Laplane la primera derrota. Con Damasco buscaban puntear el período hasta las elecciones en 1976 con elecciones en las provincias.

El paso siguiente de los golpistas fue lograr el retiro de Laplane. “Cuando vi en los diarios que el general más antiguo, Carlos Delia Larroca, pedía mi retiro, supe que debía renunciar. Al principio no me la aceptaron, pero opté por sugerir que se nombrara a un general joven, Alberto Cáceres, al que nadie se oponía, para forzar el retiro de Videla, Viola y compañía”, diría Laplane en 1980.

La vieja guardia peronista no supo que jugaba con fuego. Isabel no quería que Cáceres usara la fuerza que, decía, sería necesaria para imponerse. Cafiero aconsejó a Isabel que nombrara a Videla. Luego admitió: “Fue un error tremendo”. Robledo no estaba, opinó telefónicamente que si se lo nombraba a Videla se acabaría la agitación militar. Con ello la tentativa de preservar los mecanismos democráticos y constitucionales de Laplane fracasa hasta en lograr una sucesión no golpista.

La violencia política característica del período era otro elemento fatídico para los planes de continuidad democrática de Laplane. Los diarios, ya desde junio ante las huelgas, la inquietud popular y el descalabro económico, se hacían eco de reuniones de los comandantes generales de las tres fuerzas. Que las fuerzas armadas comenzaran a pronunciarse sobre temas políticos daba cuenta de que se estaba frente a una circunstancia crítica. Con Laplane o Cáceres el final pudo haber sido otro. Con Videla, Viola y Massera dispuestos a aprovechar las torpezas presidenciales para lograr el poder, el desenlace era inevitable. Laplane y sus buenas intenciones tenían demasiados enemigos y los aliados hubiera sido mejor perderlos que encontrarlos.

* El autor entrevistó a Alberto Numa Laplane, Jorge Videla, Emilio Massera, Guillermo Suárez Mason, J. A. Martínez de Hoz, Vicente Damasco, A. F. Robledo, A. Cafiero, A. Benítez, Julio González entre 1980 y 2001, inicialmente para su doctorado en la Universidad de Cambridge y luego para completar el material.

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El problema de la verdad y la no dilapidación

Opinión

Por Guido Croxatto * y Julián Axat **

El problema no es lo que uno dice. Es lo que uno calla. Y los que han sostenido con inquebrantable compromiso la política de derechos humanos no pueden, por eso mismo, quedar callados. El silencio no se admite. Pues al callar se les da lugar a aquellos que juegan con la inversión, la paradoja y la parodia. Los que callaron los vuelos de la muerte y los bebés robados en nombre de la salvación de la República, los que siguen hablando del derecho “a no saber la verdad”, los que durante muchos años no vieron la ESMA ni el Olimpo ni nada en sus propias narices (eso no se informaba, eso no era “información”), ahora denuncian la “complicidad” del Gobierno.

La paradoja resulta que quien devela el (supuesto) vínculo oculto de un general con la dictadura y cree, a su vez, en la teoría de los dos demonios, tratando a nuestros padres desaparecidos de terroristas y asesinos. Clarín cree en los dos demonios (véase “Decíamos Ayer, la prensa durante la dictadura”), como lo cree La Nación, como lo cree Jorge Lanata (véase su novela Muertos de amor). La inversión paródica: la corporación mediática denuncia complicidad, pero tiene sangre en las manos que proviene de la causa Papel Prensa.

Hay mucho silencio disfrazado de palabra. Aun cuando quien devela la trama de pruebas de verdad, eso no quiere decir que crea en ella; pues la utiliza coyunturalmente para desgastar a una política que sí ha creído en ella y ha reconocido en los hechos la lucha histórica de los organismos de DD.HH. Esa política se llevó adelante no sólo sin el apoyo, sino contra las intenciones declaradas de muchos de esos periodistas y corporaciones que no querían “volver al pasado”. Los hijos todavía encadenados no son el presente.

En la dictadura nadie actuó nunca “por azar” o por mera distracción o “distancia burocrática”. Nadie puso su firma por “azar” en ningún expediente o estuvo aislado en una patrulla perdida (y menos en las fuerzas militares). Las burocracias dejan expedientes que hablan por sí, y las firmas banales de los burócratas de ayer bien pueden hablar de crímenes que se han querido ocultar. Lo saben el juez y el historiador. Lo saben las Madres y los Hijos. Lo saben los sobrevivientes. No suele haber expedientes de “deserciones militares” con firmas colocadas con desentendimiento. Allí no suele haber firmas inocentes. La experiencia de los juicios de derechos humanos indica que en el aparato del terror, donde hay burocracia escrituraria que hace rutina de situaciones de persecución, las firmas se colocan para certificar o dar fe de situaciones falsas. Hablan de algo oculto: el Mal. Los sumarios de deserción fueron el modo de encubrir la desaparición de soldados durante el terrorismo de Estado (Véase Nunca Más, Conadep,1984, Cap II. “Víctimas conscriptos”). Pero claro, como dijo la Presidenta, es la Justicia y no la mera especulación quien tiene la última palabra.

La lucha de organismos comprometidos con la verdad y la justicia no debe ser dilapidada por una coyuntura electoral o por la cercanía con el Gobierno. Pues nadie más que los organismos de DD.HH. saben, por prepotencia de cuerpo y testarudez en la convicción, que sólo la verdad, la justicia y la memoria pueden salvar a la democracia. Este gobierno tuvo el enorme valor de apostar a esos valores y, en el fondo, sabe que seguirá el camino de los organismos. Y no se trata de un purismo, es una coherencia militante profundamente histórica. El nunca menos. La década que se ganó. No hay otro camino. Sólo uno: la verdad.

Bajo la idea de “profesionalidad de las Fuerzas Armadas” lo que queda del viejo partido militar y las logias que lo secundan, seguirán buscando el punto neutro para incidir sobre la corporación mediática para que ésta deslegitime cuadros formados o en formación en un proyecto de transformación político y latinoamericano en ciernes (¿o acaso no hay lugares dentro de las fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y Fuerzas Armadas que siguen defeccionados y arman operaciones de todo tipo con tal de seguir vinculados con el pasado?). Son esas logias en un pacto con las corporaciones a las que enfrenta este gobierno, y las que harán todo lo esté a su alcance para contradecir (en las apariencias) su propia ideología. Pues todos sabemos que están a favor de lo que (sospechan) hizo Milani (lo mismo que desde esas tribunas se celebraba y aún se celebra).

La reconstrucción de un sistema generacional de cuadros militares comprometidos y alineados con la idea de una patria grande tiene que nacer lejos de estas inversiones que se permite la derecha y sus corporaciones. Nacer de un origen limpio, intachable, que cumpla con los valores guía de los organismos de DD.HH. En todo caso eso es lo que indigna más la ideología de las corporaciones mediáticas; no tener excusas ni motivos para impugnar un legajo (a contrario de lo que cree la derecha, los legajos se miden por la profesionalidad y el compromiso con valores democráticos, no con el amiguismo). Si Milani no es ese cuadro porque hay sospechas de su pasado, y porque la Justicia tarde o temprano así lo entienda, habrá otros que sí cumplan las expectativas de la década por venir.

La política de DD.HH. se propuso la reparación, la reconstrucción de la ceniza. Volver a decir. Volver a poner la palabra donde había silencio para no permitir inversiones en el imaginario social. Tenemos como generación de jóvenes el enorme deber de ser claros y jugarnos con las palabras y los cuerpos. Como nuestros padres, pero a nuestra manera asumir el futuro con riesgo. Sólo de ese modo daremos continuidad y puente a la dignidad de la política hija de la memoria.

* Facultad de Derecho UBA.

** Defensor juvenil.