El Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba condenó a 12 años de prisión al ex efectivo de la policía Juan Domingo Ayala, por haber sido “partícipe necesario” en el homicidio de seis presos políticos en 1976. Los asesinatos fueron encubiertos entonces por la fuerza de seguridad bajo la forma de un supuesto enfrentamiento con las víctimas, producto de un intento de fuga. Dicha versión fue desmentida por el libro de informes del Comando Radioeléctrico –integrado por Ayala y otros cinco efectivos– que el Archivo Provincial de la Memoria aportó como evidencia.

La fiscal federal Graciela López de Filoñuk adelantó que tras la lectura del fallo que tendrá lugar el 31 de julio, apelará la resolución e insistirá con la pena de prisión perpetua por “coautoría”. H.I.J.O.S Córdoba explicó que la causa “fue un desprendimiento del juicio que se llevó adelante contra Videla, Menéndez, y otros militares y policías en 2010” cuando se “comprobó que los supuestos enfrentamientos e intentos de fuga fueron fraguados para terminar con la vida de los prisioneros”.

En la causa caratulada “Ayala, Juan Domingo y otros por homicidio agravado” se investigó la responsabilidad del ex policía del Comando Radioeléctrico provincial en el asesinato de Diana Beatriz Fidelman, Miguel Angel Moze, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Svagusa.

El hecho ocurrió a las 19 del 17 de mayo de 1976 en la ciudad de Córdoba. Una comisión policial iba a trasladar a las víctimas desde la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) hacia el Departamento de Informaciones Policiales (D2). Ayala conducía uno de los automóviles. Según el informe policial que reflejó la historia oficial del terrorismo de Estado, hubo un enfrentamiento en el trayecto y francotiradores abrieron fuego contra los vehículos desde los techos de las viviendas ubicadas en la intersección de Neuquén y Mariano Benítez. Según ese falso relato, los presos políticos habían muerto por los impactos de las armas de fuego en el tiroteo, cuando intentaron fugarse.

La fiscalía actuante durante la instrucción de la causa desbarató esa versión de los hechos a partir del libro de informes policial que aportó como evidencia el Archivo Provincial de la Memoria. El incidente fue ingresado en el registro oficial recién a las 7.30 del día siguiente, lo que según el funcionario público “contribuye a dudar aún más de la veracidad del parte consignado”. El representante del Ministerio Público Fiscal además destacó que “no consta ninguna anotación previa que anuncie, aun de manera breve, los mensajes que hubiera debido necesariamente recibir el Comando Radioeléctrico en forma simultánea al siniestro, a través de la comunicación radial, que es lo que caracteriza a ese cuerpo”.

Los jueces del tribunal Mario Eugenio Garzón, Roque Ramón Rebak y Eduardo Ariel Belforte determinaron ayer que Ayala fue “partícipe secundario del delito de homicidio calificado doblemente agravado” de las víctimas y condenaron al ex policía a 12 años de prisión. La fiscal López de Filoñuk, quien previo a la sentencia había solicitado la condena a prisión perpetua, afirmó que estudiará los fundamentos del fallo a leerse a fin de mes, con el fin de recurrirlo en Casación. “Para mí es coautor del crimen, por eso pedí la prisión perpetua”, asintió López de Filoñuk.

Desde la filial cordobesa de H.I.J.O.S destacaron que la causa “fue un desprendimiento del juicio que se llevó adelante contra Videla, Menéndez y otros militares y policías durante el año 2010 por el asesinato de 31 presos políticos que estaban alojados en la Penitenciaria Nº1”. La organización de derechos humanos señaló que “en aquella ocasión se comprobó que los supuestos enfrentamientos e intentos de fuga fueron fraguados para terminar con la vida de los prisioneros”.

Explicaron que en el marco de ese juicio, el Archivo Provincial de la Memoria “aportó una prueba extraída del libro de informes del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba”, el cual “había permanecido traspapelado en la montaña de expedientes y material que por negligencia o desidia no fue conservado en forma apropiada ni ordenada a partir del retorno de la democracia”. El registro policial sirvió para “implicar por uno de los hechos a seis policías que hasta entonces se mantenían impunes”. No obstante, sólo pudo ser juzgado Ayala. El resto de la lista la componen los fallecidos Ricardo Rivera, Sixto Contreras, Tomás Hugo Vera; y Armando Pedrosa y Jorge Salazar, sobre quienes H.I.J.O.S Córdoba informó que “el primero de ellos, quien hizo carrera en la policía de la democracia, fue apartado de la causa alegando razones médicas, y el segundo es el único prófugo por estos delitos en Córdoba”.

“Todos eran miembros del Comando Radioeléctrico –destacaron– que en la dictadura fue muy importante al apoyar las tareas del Departamento de Informaciones, a cargo de reprimir y exterminar a la oposición política.”