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En los años ’80, en Buenos Aires, se abrió una investigación para revisar la participación civil en el delito de “rebelión contra el orden constitucional” o golpe de Estado. Esta causa fue llevada adelante por la jueza Amalia Berraz de Vidal, más recordada quizá porque en 2007 renunció mientras formaba parte de la “sala militar” de la Cámara de Casación Penal, denunciada por los organismos de Derechos Humanos y el Ejecutivo por tabicar el avance de las causas de lesa humanidad. En 1980, la jueza había llamado a declarar en el expediente de la “rebelión”, según recuerdan en Tribunales, a “ricos y famosos” y a algunos integrantes del grupo Perriaux, que negaron los vínculos con el complot, según señalan quienes revisaron esa causa. Finalmente, la causa terminó investigando sólo a los tres primeros integrantes de la Junta Militar.

Durante los ’90, el expediente se congeló por las leyes de impunidad. La causa volvió a reactivarse en 2007, con el impulso de las investigaciones tras la derogación de las leyes de impunidad, pero tuvo un límite procesal: debía dictar sentencia sólo sobre la actuación de los comandantes Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti. En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intentó abrir un nuevo camino de investigación sobre el papel de los civiles en el golpe y pidió abrir una causa para “desentrañar la complicidad de civiles en el delito de rebelión o, lo que es lo mismo, golpe de Estado”.

Pero en el año 2011, mientras ese pedido todavía debía ser resuelto por la Corte, la fiscalía de Federico Delgado decidió revisar la causa, compulsó testimonios y emitió un dictamen en el que sugirió la apertura de la investigación. Delgado entregó el dictamen al juzgado de Ariel Lijo, donde espera una respuesta definitiva.

Delgado señala que, así como está planteada la acusación, la “lógica jurídica” no tiene “prueba directa” para imputar el posible delito a los civiles, pero despliega una serie de indicios a través de los cuales muestra que hace falta seguir adelante con la investigación.

Para llegar a esta síntesis, analizó el origen del plan económico y reconstruyó la historia del grupo Perriaux y el Azcuénaga. Señaló que el indicio más fuerte de la participación civil podría surgir del camino que siguieron los nombres de quienes formaron parte del grupo Azcuénaga y Perriaux y luego del nuevo gobierno (ver lista aparte). Sin embargo, a su criterio la lista no aporta de momento más que eso: es una lista que en sí misma no podría vincularse con la idea de la “rebelión”. Por todas estas razones, el fiscal entiende que más que mirar el “antes del 24 de marzo” habría que mirar las políticas públicas posteriores y a sus beneficiarios para reconstruir el modo que asumió esa articulación.

En ese contexto pueden leerse varios tramos de su dictamen. Por un lado, un análisis de “caso” sobre la estatización de la compañía de energía Italo, que aparece en clave de “corrupción” y entonces como elemento que puede ser investigado. Pero por otro lado, en su aporte quizá más importante, lo que aparece es un análisis acerca de las formas en las que puede ser pensado el Estado represor y la articulación con los grupos económicos.

“Esas transformaciones que se observan al considerar sólo el primer año de la dictadura militar reafirman la importancia de la centralización del capital y que la oligarquía diversificada no compartió el control estatal durante la dictadura, sino que lo poseyó de una manera irrestricta y determinó el sentido de las transferencias directas e indirectas vinculadas no sólo a la valorización financiera sino también a la inversión, las compras de bienes y servicios, el financiamiento interno, etc. En otras palabras, la pieza clave no fue el mercado sino el control sobre el Estado, que permitió inicialmente asegurarse una acelerada expansión, en detrimento de las restantes fracciones del capital y de los sectores populares”. En otro momento dice: “Muchas veces narramos historias que se naturalizan como ‘oficiales’ y adquieren tanta autoridad como pecan de resultar en tremendas simplificaciones. Vaya un ejemplo: reducir el 24 de marzo de 1976 al diletantismo militar. Es por ello que cada tanto tiene algún sentido montar relatos con independencia de que exista o no un real potencial punitivo”.

El dictamen de Delgado no es categórico, señala que no hay pruebas de la “rebelión” pero también habla de un Estado “poseído” por estos sectores. Y finalmente, según explica él mismo, lo que pretende es mostrar que es necesario seguir trabajando sobre esta causa. Como se dijo, el dictamen se entregó en 2011, no está resuelto, pero además ahora se encuentra en un limbo jurídico, dado que el único imputado todavía vivo, que era Videla, ahora también murió.