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En los últimos años se puso en evidencia que, tanto en Argentina como en la región, el narcotráfico se ha transformado en un fenómeno criminal complejo. La singularidad local está dada en que la tutela policial a los embrionarios grupos narcotraficantes configuró la condición necesaria para la expansión y/o estabilización del mercado ilegal de drogas, que permitió y garantizó el despliegue y dominio territorial imprescindible para ello. Estos grupos criminales no han contado con autonomía operativa respecto de la regulación ilegal de las policías. Hasta ahora ello ha sido así porque los grupos delictivos aún no tienen solidez ni diversificación económica y porque su capacidad para incidir o controlar ciertos sectores policiales mediante el soborno, o para conformar aparatos armados que les permitan mantener una confrontación violenta contra el Estado en vistas de ganar independencia y de proteger el crecimiento de los emprendimientos criminales, es aún incipiente. Todo indica que ese relativo control policial ilegal podría comenzar a resquebrajarse.

Ahora bien, el sistema policial federal, compuesto por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se halla institucionalmente fragmentado en materia de control de la criminalidad organizada y el narcotráfico. Cada una de estas agencias cuenta con áreas especializadas en estas materias, pero son acotadas en su configuración organizativa y llevan a cabo las labores de inteligencia criminal y acciones conjurativas e investigativas de manera autogestionada y segmentada. En concreto: cada fuerza o cuerpo policial, o cada sector o agrupamiento de una misma institución policial, formula e implementa sus propias acciones de control del narcotráfico.

Una estrategia integral de control de la criminalidad organizada –no sólo del narcotráfico– requiere de dos labores institucionales fundamentales. En primer lugar, la elaboración de un cuadro de situación actualizado e integral de la criminalidad organizada en el país que dé cuenta de los aspectos fenomenológicos y específicos del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y otras manifestaciones de la criminalidad compleja, en función de la formulación de las políticas estatales de control de las mismas. Y, en segundo lugar, la formulación y el desarrollo de estrategias y acciones policiales de detección, intervención y conjuración de las actividades y acciones concretas de los grupos criminales organizados en el marco de la labor de investigación judicial y, en particular, de la Procuraduría de la Narcocriminalidad.

La Argentina no cuenta con la institucionalidad política y policial adecuada para afrontar estas labores. Para ello resulta imprescindible la creación y puesta en funcionamiento de la Agencia Federal de Control de la Criminalidad Organizada que concentre, por un lado, las responsabilidades de formulación de las políticas y estrategias sectoriales y, por otro lado, las labores de conducción del sistema institucional encargado de su implementación, especialmente, en materia de seguridad pública e intervención policial. En su marco, se debe conformar un dispositivo policial unificado y especializado en el control de la criminalidad organizada y, en ese contexto, del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilegal de armas y cualquier otra modalidad criminal perpetrada por grupos delictivos organizados.

La organización de esta agencia debería asentarse en tres áreas fundamentales: el área de inteligencia criminal compleja encargada de la producción de información y elaboración de análisis relativos a las actividades y grupos del crimen organizado; el área de investigaciones complejas conformada por una dotación de policías investigadores especializados, cuya integración inicial debería provenir de la selección de los y las oficiales adiestrados/as en estas labores que pertenezcan a las actuales policías y fuerzas de seguridad federales; y el área de operaciones especiales abocada a la ejecución de intervenciones policiales tácticas y especiales tendientes a conjurar y hacer cesar situaciones críticas de alto riesgo o a garantizar intervenciones preventivas especiales, tales como allanamientos, detenciones, custodias relativas a grupos criminales organizados.

En abril de 2004, Néstor Kirchner anunció una iniciativa de este porte. Dada la complejidad que adquirió la problemática de crimen organizado y el narcotráfico en la actualidad, hoy se impone la necesidad de concretarla. Y quién mejor para hacerlo que nuestro gobierno, el gobierno nacional que más compromiso ha tenido en la lucha por liberar a la política y a las decisiones gubernamentales de los intereses de poderes fácticos y corporativos que los habían colonizado.

* Diputado provincial PBA de Nuevo Encuentro.