“Todo es posible”, dice la fiscal Sabrina Namer, puesta a analizar si el juicio por las coimas en el Senado –en el que representó al Ministerio Público– terminará con la condena o la absolución de los acusados. Aunque su evaluación en ese sentido es poco alentadora, Namer prefiere destacar otras cuestiones más allá de cuál sea el desenlace del proceso. “Fue un ex presidente de este país el que estuvo sentado en el banquillo de los acusados dando explicaciones, fue un ex jefe del bloque justicialista de la Cámara de Senadores el que hizo lo propio. El juicio empezó y terminó siempre ajustado al debido proceso. Eso es fundamental”, sostiene. También subraya la importancia del año y medio de debate público por lo que aportó más allá del objeto procesal. “Se habló de cómo se tratan las leyes, de la negociación de intereses, de la relación con los organismos internacionales y se puso en jaque el tratamiento de los fondos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado”, rescata Namer, quien ratifica que “para la fiscalía el pago de los sobornos fue probado” y asegura la continuidad en otras instancias en caso de ser necesario.

–La fiscalía considera probada la versión de (Mario) Pontaquarto. Esa era, en sí misma, una prueba fundamental de que el gobierno de (Fernando) De la Rúa había pagado sobornos para aprobar la ley de reforma laboral. Encontramos a esa versión respaldada por diferentes elementos, a pesar de las limitaciones y dificultades que tuvo este juicio, cuyo objeto es determinar si existió o no un hecho de corrupción tantos años después de ocurrido y con las características del mismo: que se pagó con fondos reservados, con plata de la SIDE cuya designación es, aún hoy, secreta. Por supuesto que fue un juicio difícil, pero es que la prueba de un hecho de corrupción es difícil en general. No se trata de encontrar un contrato de soborno. Convivimos todo el tiempo con la dificultad de la ausencia de pruebas directas. Entonces, desde algún punto de vista, terminó siendo la palabra de uno contra la de otros. No obstante, la fiscalía entendió que hubo elementos para acusar, que el relato de Pontaquarto tuvo sostén desde otras pruebas. En ese sentido, el testimonio de Silvana Costalonga (la ex mujer del ex secretario parlamentario del Senado) nos pareció siempre muy importante. Ella, quien había dicho en instrucción que había visto los cinco millones en la cama de su casa, quien había asegurado que su entonces marido le había dicho que eran para pagar sobornos por la ley, no fue escuchada en el recinto.

–Fue la defensa de (Augusto) Alasino, (Alberto) Tell y (Remo) Costanzo la que advirtió que Costalonga podía llegar a incriminarse si participaba del juicio como testigo. Porque la acusan de inventar la historia de la plata. El tribunal entendió que había riesgo y dio lugar al pedido: no se la pudo citar. Nosotros pedimos la incorporación de sus dichos por lectura. Creemos que su presencia en el recinto hubiera sido fundamental por el hecho de que no sabemos cómo hubiera definido ese elemento de prueba. Nosotros dimos su declaración en instrucción como válida. La verdad es que podría haber cambiado la suerte de muchos, incluso nuestro alegato. ¿Y si negaba todo? ¿Cómo hacíamos para sostener la credibilidad de Pontaquarto? Porque podemos decir que él tuvo contradicciones. Pero la verdad es que viene declarando hace diez años, sostuvo muchos detalles. Ahora, si viene Costalonga y dice que la obligaron a decir que vio la plata, o no es creíble su relato, entonces todo lo demás se cae. No pudimos saberlo.

–Principalmente, la de contar con una prueba directa. ¿Qué sería una prueba directa en juicios de corrupción? Se pretende que alguien diga “Sí, cobramos los sobornos” o que un testigo directo reconociera haber visto el delito. No tuvimos nada de eso. Ningún testigo que vino reconoció directamente el pago de coimas. La fiscalía sostuvo que en definitiva esto era razonable en la medida en que eventualmente si ahora reconocieran que entonces sabían que se había pagado plata por la ley, habrían violado la obligación de denunciar un ilícito dentro de la Cámara. Contar con esas pruebas implica la violación de un pacto político que nadie estuvo dispuesto a llevar a cabo. Nadie rompió la protección corporativa que sobrevuela a la política. No hubo una prueba de ese nivel de fuerza. Tuvimos sí el reportaje de la periodista Fernanda Villosio a (Emilio) Cantarero, en el que el entonces senador reconoció que el gobierno de De la Rúa había pagado por la reforma laboral. Las secretarias de entonces de la SIDE no pudieron reconocer a Pontaquarto previo a su aparición pública. ¿Uno puede acordarse de quien no se conoce, si ve 30 personas por día? Hubo quienes tenían certezas políticas, pero no que efectivamente probaron. Pesó el freno a hacerse cargo de esta cuestión, quizá por temor a un juicio de calumnias. El mismo (Joaquín) Morales Solá no lo hizo. “Tengo la certeza pero no tengo prueba”, dijo, incluso con un libro escrito sobre el tema. No pudo hacerse responsable de aquello que contó. Con (Antonio) Cafiero pasó lo mismo. De la versión de (Carlos) Chacho Alvarez se esperaba más. Sostuvo que tenía la certeza política, pero no dijo que vio nada.

–Creo que cualquier decisión es posible en la medida de que no sea arbitraria. No quiero presagiar. Todo es posible.

–No sería raro. En abril o mayo estarán los fundamentos, eventualmente si corresponde se interpondrán recursos de casación. Uno confía en que, de existir absoluciones, estarán bien sostenidas, y en la posibilidad de acudir a otras instancias. El tribunal para una condena necesita tener certeza absoluta. Puede ser que no la tenga, deberá explicar por qué. Más allá de cómo termine, quiero destacar a la propia realización del juicio como un hecho positivo. Es un juicio absolutamente histórico y necesario. Fue saludable su realización, sobre todo porque el caso no terminó en proscripción o el fin por “plazo razonable, que es el destino que últimamente tienen los casos de corrupción. Fue un juicio que respetó el debido proceso. Y, además, demostró una forma de hacer política; se habló de cómo se tratan las leyes, de la negociación de intereses, de la relación con los organismos internacionales, y se puso en jaque el tratamiento de los fondos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, más allá del propio objeto procesal. Que se haya sentado un ex presidente, el ex presidente del bloque Justicialista del Senado en el banquillo de los acusados me parece importante también. Y que se haya discutido cómo se manejan los gastos de la SIDE y se haya abierto la posibilidad de pensar en la necesidad de modificar eso. No puede ser que hasta el papel higiénico sea un gasto reservado. Otra gran dificultad probatoria fue que tampoco el gobierno de Néstor Kirchner abrió los gastos de la SIDE.

–Si bien De la Rúa desclasificó parte de la información, uno no pudo saber nunca en qué se gastaba la plata de ese organismo. Eso fue una limitación importante, porque no se pudieron auditar operaciones y entonces, todo pudo haber pasado: pudo haber salido la plata de allí como no.