El juicio que comenzó hace un año y medio por el presunto pago de sobornos con el que, hace más de una década, el gobierno de la Alianza habría logrado los votos de un grupo de senadores justicialistas para convertir la Reforma Laboral en ley llegó a su fin. Hoy, el ex presidente Fernando de la Rúa, su ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y su ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, los entonces senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, sabrán si el Tribunal Oral Federal 3 consideró probado el hecho que el ex secretario de la Cámara alta Mario Pontaquarto –también en el banquillo de los acusados– confirmó con lujo de detalles. Las condenas que podrían caberles no son de gravedad –menos de diez años en todos los casos– y los rumores de absolución resuenan con fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Más de 300 testigos desfilaron por las diferentes salas del tribunal en las que se desarrolló el juicio. Muchos ex agentes y ex empleados de la SIDE, varios otros técnicos que analizaron la ley de Reforma Laboral, senadores, secretarias, personal de la Casa de Gobierno. Las audiencias se sucedieron lenta pero constantemente, acorde con los tiempos del TOF 3, que debió equilibrar entre la inmensa cantidad de testigos, sus domicilios y los de los acusados, varios de los cuales viven en diferentes provincias. Las últimas jornadas estuvieron dedicadas a las últimas palabras de los acusados. Previo a la sentencia, los magistrados escucharán a Costanzo y a Branda.

El caso llegó a proceso oral en agosto de 2012, luego de casi diez años de haber comenzado a circular en Tribunales y poco más de trece de haber presuntamente sucedido. La causa tuvo dos fallos de instrucción: uno del entonces juez Rodolfo Canicoba Corral, que fue desestimado por la Cámara Federal de Apelaciones; y otro, el definitivo, del magistrado Daniel Rafecas, varios años después. A pesar de la demora, el juicio es considerado histórico, ya que analiza la responsabilidad de un ex presidente, de funcionarios de primera línea de su gobierno y de legisladores en una negociación sospechada de corrupta para la aprobación de la ley de Reforma Laboral, sancionada en octubre de 2000. El escándalo derivó en la renuncia del entonces vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, luego de los cambios de funcionarios decididos por De la Rúa. En 2003, Pontaquarto reveló al semanario TXT su versión de los hechos, las reuniones, sus participantes, el retiro de los 5 millones de pesos/dólares de la SIDE destinados al pago de los sobornos, la repartija a los legisladores. Desde entonces es “el arrepentido” de la causa.

La conclusión a la que llegó Rafecas al momento de elevar a juicio oral el expediente es, a grandes rasgos, muy similar a los alegatos de la fiscalía que actuó en el juicio oral, a cargo de Sabrina Namer, y de la Oficina Anticorrupción, única querellante. Sobre todo en base a los elementos en los que se fundaron ambas partes para acusar a todos los imputados, menos a Flamarique. Para la fiscalía y la OA, la versión de Pontaquarto –que el “arrepentido” sostuvo, contradicciones más o menos, durante esta década– es apoyada por el cruce de llamadas telefónicas, que prueba la presencia del ex secretario del Senado en cada lugar en el que él mismo se ubica en su relato. La fiscalía solicitó también integrar por lectura el alegato de la ex esposa de Pontaquarto, Silvana Costalonga, quien en la etapa de instrucción aseguró haber visto los 5 millones en la cama de su casa y haber escuchado del ex funcionario legislativo que “eran para pagar los sobornos” (ver página 7).

La versión de Pontaquarto fue, en cambio, el blanco del resto de las defensas, que hicieron causa común y se alinearon en un discurso estructurado y armado en bloque. Nadie quiso dar ni un solo paso que dejara al descubierto al otro. Los pilares de esta defensa en bloque fueron la denigración de la figura del “arrepentido”, a quien acusaron de ser “títere” de una operación política pergeñada puertas adentro de la SIDE durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra. Hicieron hincapié en la condena por malversación de fondos que obtuvo Pontaquarto meses antes del inicio de este gran proceso, y gastaron acusaciones sobre su “doble vida” y su afición por las apuestas a las carreras de caballos.

En cambio destacaron que cuando las sospechas del pago de coimas estalló aún en gestión delarruista, fue el propio ex presidente quien había decidido desclasificar algunas cuentas de la SIDE, habilitado la realización de una pericia contable en las cuentas del Estado y radicado la denuncia a la Oficina Anticorrupción.