El temario que el Ejecutivo envió al Congreso para las sesiones extraordinarias, que culminan el 31 de diciembre, tendrá que esperar al menos hasta febrero del año próximo. Recién entonces el Senado y Diputados tratarán los siete proyectos del Gobierno. Entre ellos, la creación de tres nuevas universidades nacionales y la modificación al Código Penal, que establece sanciones y penas para los miembros de las fuerzas de seguridad que “abandonen injustificadamente” su servicio, una iniciativa que surgió en el Senado tras los amotinamientos policiales de diciembre en varias provincias, que dejaron indefensa a la población y abrieron el paso a saqueos vandálicos en distintas ciudades. “Sin tiempo material” para abordarlos y sesionar entre las fiestas de Navidad y fin de año, el Parlamento dejará pasar las “tradicionales” vacaciones de enero para intentar avanzar con el temario del Gobierno a mediados de febrero, donde también empezarán a definirse la integración y las presidencias de las comisiones legislativas de ambas Cámaras para los próximos dos años.

La decisión del Gobierno de ampliar el temario de proyectos para que el Congreso los aborde en las sesiones extraordinarias, que vencen a fin de mes, fue una forma de poner sobre la mesa su propia agenda parlamentaria con algunas de las prioridades del Ejecutivo, más que la urgencia por su sanción. De hecho, el Ejecutivo amplió el temario, pero no los plazos para las extraordinarias. Pero también hizo propio el proyecto del senador Aníbal Fernández, referido a los miembros de las fuerzas de seguridad.

El proyecto de ley plantea sustituir el artículo 252 del Código Penal, incorporando penas específicas para aquellos miembros de “las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencias estatales armadas que por su naturaleza tuvieren a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados”. Una iniciativa que tomó el Gobierno tras los “acuartelamientos” policiales por demandas salariales, que comenzaron en Córdoba y se extendieron a otros distritos.

El Gobierno está dispuesto a ponerles límites a los reclamos de los uniformados y especialmente a los amotinamientos policiales, a los que calificó de “extorsivos”. De todas maneras, el proyecto deberá esperar hasta febrero, cuando el Parlamento recupere su actividad tras el receso.

Ambas Cámaras manifestaron la “imposibilidad” de abordarlo en las últimas dos semanas de diciembre –cuando vence el período para las extraordinarias– con más feriados y asuetos para la administración pública nacional que días hábiles. Enero es el mes “tradicional” del receso parlamentario y que incluye las vacaciones para el personal legislativo, y también se torna inviable. El oficialismo confía en que a mediados de febrero estará en condiciones de retomar el temario.

La lista que incluye la creación de tres nuevas universidades nacionales. Una será el paso de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo a manos del Estado, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el nombre de Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. La otra será la creación de la Universidad de Defensa Nacional, y la tercera transforma el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) en Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Además de la aprobación del Digesto Jurídico, que ya tiene media sanción de Diputados. Una iniciativa que la reforma constitucional del ’94 dejó en manos del Congreso y que consiste en la depuración de la legislación vigente desde 1852. De acuerdo con el trabajo de la comisión bicameral y el Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ), quedarán vigentes tan sólo el 10 por ciento de las 32 mil normas dictadas desde 1852.

También la modificación de diversos artículos de la Ley de Tránsito y la ley que creó la Agencia de Seguridad Vial, para prohibir el sistema de fotomultas cuando éstas no cumplan con la reglamentación metrológica y técnica. Todos ellos con inicio de tratamiento en el Senado. En tanto, la Cámara de Diputados deberá iniciar el tratamiento y la aprobación del Protocolo Relativo a la Comisión Internacional de Estado Civil y sus adicionales suscriptos por la Naciones Unidas.

En febrero también comenzarán la conformación y “reparto proporcional” entre las distintas fuerzas parlamentarias de las comisiones legislativas y sus respectivas presidencias. Una extensa lista que en Diputados tiene 45 comisiones permanentes, 7 bicamerales y 16 especiales, mientras que el Senado se divide en 26 permanentes y las 7 bicamerales. Una puja que se repite tras cada recambio parlamentario y donde el oficialismo aspira a conservar y ampliar su influencia como primera minoría legislativa.

En el bloque del FpV tienen en la mira algunas comisiones que antes no tenían un papel relevante, pero que consideran que modificarán su rol en la nueva coyuntura. Una de ellas es la de Defensa del Consumidor, sobre todo por la puja que el Gobierno entabló con las compañías de electricidad tras los cortes de energía y la disputa permanente con las telefónicas, especialmente por la telefonía celular.