La justicia federal dictó la prisión preventiva y procesó penalmente, por asociación ilícita y lavado de activos, a cinco integrantes del tucumano clan Ale, empezando por su cabecilla, Rubén “la Chancha” Ale, quien está detenido. El juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña, dispuso prisión preventiva para Ale, su ex mujer, María Jesús Rivero, y la pareja de ella, Roberto Dilascio, el ahijado de Ale, Fabián González, y Víctor Alberto Suárez. A última hora de ayer, y aunque durante algunas horas fuentes de las querellas temían que se encontrara prófugo, se confirmó lo que fuentes judiciales señalaron por la tarde: Ale no había sido detenido porque su abogado pedía prisión domiciliaria por motivos de salud. La Chancha, dijo el letrado, debe tomar alrededor de 20 pastillas recetadas por día y precisaría asistencia casi permanente de mascarilla de oxígeno, por lo que estaba internado en el Sanatorio Modelo, el mismo establecimiento en el que recaló cada vez que la Justicia lo requirió en los últimos años. Anoche seguía allí pero con custodia de Gendarmería.

Hasta la tarde, sólo se encontraban detenidos González –destinado al penal Villa Urquiza– y Rivero –en la Unidad 4 de Mujeres–, quien hace días fue absuelta por la Corte que revisó el fallo por el caso Marita Verón y revocó diez de trece absoluciones. Ella había sido detenida el domingo por la noche; ayer al mediodía, fue llevada esposada a los tribunales para ampliar su declaración, en medio de un revuelo de cronistas y mientras su hermano, Víctor Angel, también absuelto en el caso Verón por la Corte provincial, gritaba que la detención era “política”. La detenida, mientras tanto, decía enfurecida a la prensa: “¿Qué más pueden seguir esperando de Susana Trimarco?”.

El grupo es mentado públicamente desde años como “la mafia de los Ale” por Susana Trimarco, quien señaló a sus integrantes como parte de la red de trata y explotación sexual que operaba en Tucumán al momento de la desaparición de Marita Verón.

De los trece investigados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la fiscalía federal, a instancias de la denuncia que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó luego de una serie de informes de AFIP sobre movimientos financieros discordantes y sospechosos, otros cuatro integrantes del clan Ale fueron procesados pero sin prisión preventiva, mientras que a los cuatro restantes les fue dictada la falta de mérito. El juez Poviña consideró que había pruebas suficientes para procesar por lavado de activos, pero sin prisión preventiva, al hermano de la Chancha, Adolfo Angel “el Mono” Ale, Julia Picone –mujer de González–, Valeria Bestán –ex mujer de la Chancha– y María Florencia Cuño –actual mujer de la Chancha–. Finalmente, Poviña dictó la falta de mérito para Andrea Viviana Acosta –mujer del Mono–, Daniela Natalia Milhein –una de las halladas culpables por la Corte en el caso Verón–, Pablo Javier Gustavo González, y Angel “el Monito” Ale, hijo de Rivero y la Chancha.

Los procesamientos decididos por Poviña, evaluó el titular de la Procelac, Carlos Gonella, constituyen “una medida muy importante”. “El procesamiento es una etapa central en la causa porque el juez, luego de analizar el caso y tomar indagatoria a los acusados, considera que hay pruebas suficientes para procesarlos”, explicó. Para el fiscal, “procesar significa formalizar la investigación con una hipótesis delictiva de un hecho y una calificación legal”, por lo que el paso dado por el juez tucumano “permite que la fiscalía se expida sobre la elevación a juicio en lo cual ya estamos trabajando”. La medida, subrayó, “permite promover la causa a una etapa fundamental que es el juicio oral”.

Para el juez, según señala la resolución de los procesamientos a la que este diario tuvo acceso, las pruebas indican que “estaríamos ante la existencia de un numeroso grupo de sujetos, con una organización estable y planes criminales diversificados, permanentes y orientados a la generación de un producto económico apreciable”. Los movimientos financieros, como cuantiosos depósitos bancarios de origen inexplicado, la compra y venta de autos y propiedades inmuebles, los préstamos obtenidos una y otra vez por personas que no podían demostrar actividades laborales o productivas de ningún tipo, cimentaron la hipótesis de la AFIP y la UIF, cuyos elementos de acusación el juez dio por contundentes para procesar. Los investigados “se habrían valido de sociedades comerciales y negocios jurídicos para lograr la circulación, el aseguramiento y disposición del capital producido y así ocultar su presunto origen delictual y aparentar una fuente lícita”.

La causa, hasta el momento, traza un mapa claro de la dinámica con la que fluía el dinero del clan y la estructura de “prestanombres” que terminaba por velar que, en todos los casos, la cabeza de las operaciones era la Chancha, sobre quien pesan acusaciones de evasión fiscal. Los indicios, pero sobre todo los documentos privados hallados en los allanamientos de febrero de este año (ver aparte) y las declaraciones indagatorias que los imputados brindaron ante el juez, terminaron por apuntalar la hipótesis. Así, por ejemplo, Poviña señala que, aun cuando formalmente pertenezca al Monito y Cuño, todo indica que la remisería 5 Estrellas, en realidad pertenece a La Chancha y Rivero, una vinculación que ella niega desde, aproximadamente, 2006, aunque papeles hallados en la oficina la desmienten.

El fallo es minucioso y describe paso a paso las operatorias del clan en la remisería, el Club Atlético San Martín de Tucumán, la Gerenciadora Deportiva del NOA SA –creada para administrar el club y negocios conexos–, y la Transportadora Leonel. Entre otras cosas, indica que la Chancha “realizó actos de administración” sobre diez propiedades y seis vehículos, “disimuló –ocultó– dinero en efectivo mediante su depósito y manejo a través de terceros” en al menos dos cuentas bancarias. También, que “disimuló” 66 autos, sirviéndose para ello de nombres de los demás procesados y, “como dueño real de Transportadora Leonel, disimuló una cuenta corriente desde diciembre de 2011 hasta el mes de junio de 2012 por un monto total de 752.5570 por ciento sin que al respecto sus socios hayan podido justificar el origen de sus fondos”.

La causa en algún sentido comenzó como un desprendimiento del juicio por la desaparición de Marita Verón, durante el cual el mismo tribunal de la Sala II de la Cámara Penal, que absolvió a todos los imputados, afirmó, sin embargo, que estaba demostrada la existencia de una red de trata de personas para explotación sexual. El hilo vuelve a aparecer en la resolución de Poviña. Los indicios, dice el fallo, abonan la hipótesis de que la remisería “cumplía una doble función”: “Por un lado, permitía realizar los traslados de personas víctimas de explotación sexual, y, por el otro, aparentaba realizar un negocio lícito que servía de pantalla ideal para ingresar al circuito legal dinero proveniente de su delictiva organización”. Fue también en la remisería donde, durante los allanamientos de esta causa, se encontró una carpeta rosa rotulada “Marita Verón”, con información sobre la causa, y cartas manuscritas de Fátima Mansilla, sobreviviente de una red de trata que vio a Marita en el cautiverio y lo testimonió durante el juicio del año pasado.

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