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El veredicto del Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos los acusados (ver nota aparte). Era el resultado esperado, el favorito en las apuestas que se cruzaban en los tribunales de Comodoro Py. No hubo sorpresa, en ese aspecto. Lo que sí son asombrosos, chocantes y deprimentes otros puntos de la decisión. Los magistrados no se “conformaron” con absolver en base a la presunción de inocencia, que es un noble imperativo legal. Ni en disentir con el juez federal Daniel Rafecas, lo que es una contingencia habitual cuando una instancia superior revoca lo resuelto por una inferior. Trastrocaron todo, transformaron al magistrado y a la Oficina Anticorrupción en presuntos culpables. Un disparate, desde ya, cuyos fundamentos no se conocen en su totalidad. Apenas se presentó un resumen a cuenta, más parecido a un alegato (o a un panfleto) que a una sentencia: pletórico en adjetivos y parco en análisis de las pruebas.

Se agregó un mojón en la penosa trayectoria de una fracción importante del Poder Judicial. Un abuso de poder manifiesto, una arbitrariedad que forzará a cualquier fiscal con conciencia (y con coraje) a recurrir a instancias superiores.

El principal acusado, el ex presidente Fernando de la Rúa, aprovechó para victimizarse, su especialidad. El ex mandatario denunció un complot en su contra. Sigue sin percatarse de que cayó como consecuencia de lo que hizo o dejó de hacer. No por conspiraciones o conjuras.

El cronista, que siguió en detalle el episodio en sus primeras etapas, está convencido de que los sobornos existieron. Es admisible, a título de hipótesis, que las pruebas no bastaran para una condena penal. El derecho anglosajón utiliza como alternativas para sentenciar que el acusado es guilty o not guilty (culpable o no culpable). Es un lenguaje adecuado para delimitar los alcances de la competencia (y hasta del saber) de un juez penal.

Pero acá sus Señorías no dicen que los hechos no se comprobaron, que de eso se trataría en el mejor de los casos, sino que no existieron. Sólo arrogándose tales poderes extrasensoriales pueden llegar tan lejos y aducir que hubo mala praxis de quienes investigaron o querellaron.

Este escriba entiende, por otro lado y sin desmentir lo anterior, que las responsabilidades políticas de De la Rúa y sus acólitos son más graves que las posibles dádivas. Lo peor no fue la eventual corrupción, fue el sesgo de la ley y de la política que era su contorno.

Repasemos toda la historia, no sólo el capítulo de ayer.

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Los que formaban opinión: El cronista recuerda haber visto dos diarios sobre los escritorios de dos protagonistas centrales de esta historia, funcionarios ambos. El primero fue un ejemplar del diario español El País de fecha previa a la aprobación de la Reforma. Mostraba incidentes en las calles, gomas quemadas: quería transmitir la imagen de un gobierno débil frente a la protesta social. “Si piensan así de nosotros”, repetían los funcionarios, “jamás vendrán inversiones”. Ese era un aliciente para dictar la ley.

El otro diario era el prestigioso The New York Times, ensalzándola de lo lindo. De lo lindo para su visión del mundo, compartida por el gobierno aliancista empezando por su vértice superior.

La nota, que esos hombres del presidente mostraban en triunfo, es bien reveladora. En política rige plenamente el adagio “a confesión de parte, relevo de prueba”. Se irán transcribiendo párrafos de ese artículo. No se los consigna todos juntos porque en estos días se come mucho, hace calor en la mayor parte del territorio nacional y la lectura completa podría indigestar a cualquiera.

Ahí va el primer trozo.

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NYT (part I): “La joya de la corona de la política económica de De la Rúa es su reforma laboral. La ley aumentará a seis meses de los actuales 30 días, el período de prueba obligatorio por ley para los nuevos trabajadores, dándoles más tiempo a las empresas para despedir a un empleado sin pagarle indemnización. Bajará la tasa de impuesto de los sueldos de un 18 por ciento a un 12 por ciento”.

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Lo intocable y lo removible: De la Rúa se había juramentado no tocar la convertibilidad, ni siquiera la paridad cambiaria uno a uno, aunque esa norma permitía adecuarla. Los intereses de los laburantes y la intangibilidad de sueldos o jubilaciones no integraban su credo.

Su gobierno auguraba que ése era el precio para reactivar la economía. Ese fin supuestamente no se logró, los nefastos objetivos de la Reforma laboral sí. Tal vez porque sintonizaban con las circunstancias fácticas que dejaban desguarnecidos a trabajadores sin empleo, cuyo número crecía día a día.

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NYT (part II): “Se eliminará una ley que obliga a las empresas a retener los viejos contratos si fracasan las negociaciones, un cambio que prohibiría que los líderes de los sindicatos protegieran leyes laborales anacrónicas al negarse a negociar de buena fe. Quizá más importante, el nuevo código laboral les quitaría el poder a los líderes de los sindicatos nacionales para determinar salarios y condiciones de trabajo en todas las industrias, permitiéndoles a las empresas más pequeñas y más nuevas negociar sus propios términos en lugar de tener que pagar los mismos salarios que las grandes empresas ya establecidas”.

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Huevo, huevo, huevo: Según la prensa independiente de los países centrales y el gobierno, la Argentina entraría así “al mundo”. No resultó así, por lo visto. Eso sí, muchos argentinos se cayeron del mapa.

La reacción de los sindicatos que conservaban dignidad era de manual. Sus protestas fueron reprimidas, el secretario general de los judiciales, Julio Piumato, fue baleado por las fuerzas del orden.

Los objetivos de la norma iban más allá del derecho laboral y de las asociaciones profesionales, lo que extasiaba a los comentaristas gringos, que tenían buenas fuentes por acá. Con suerte, se podrían desregular (linda expresión) más derechos.

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NYT (part III): “La aprobación del nuevo código laboral en el Senado, predicen los consejeros de De la Rúa, le daría a la nueva administración el momentum para reducir aún más los costos en las empresas al desregular el sistema de salud pública. ‘Solía ser aburrido antes de ser presidente, y ahora se está divirtiendo’, dijo Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y Cresud, las mayores empresas de Argentina en bienes raíces. ‘Está haciendo las jugadas correctas’”.

Huelga añadir algo a la clara lectura de un medio calificado y a la verba de un “burgués nacional”. Se venía un “momentum” delicioso.

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Las pruebas de cargo: Es complejo probar una dádiva, sobre todo si hay entre todos los implicados un pacto de silencio. La confesión de Mario Pontaquarto alteró la ecuación. Era un cómplice de la jugada, se autoincriminó, hizo una descripción minuciosa de los movimientos del dinero y de los protagonistas.

La actuación del juez Rafecas y del fiscal Federico Delgado agregó potente evidencia circunstancial. Su labor fue notable, plena de méritos, convincente. Ayer se los cuestionó y castigó por eso, en particular a Rafecas: un trance tan injusto como doloroso.

Entre las pruebas materiales que consiguieron sobresalen los cruces o ubicación de llamadas telefónicas que probaban que los presuntos cobradores de la coima habían rondado la morada del senador peronista Cantarero, como moscas a la miel... justo en las horas en que éste habría tenido la valija con la millonada de dólares.

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A modo de saldo: La sentencia decepciona, en su esfera de influencia. Pero no reivindica al gobierno aliancista ni a los acusados. Ni los absuelve de sus tamañas responsabilidades políticas. Zafaron, por ahora, de las acusaciones criminales. Pero no convencerán seguramente ni en ese rubro.

Otro tribunal Oral Federal, el número 1, había condenado a dos peritos (uno de ellos propuesto por Fernando de Santibañes) por truchar pruebas para descalificar a Pontaquarto. Con el resultado de ayer, serán los únicos condenados en esta causa. En fin...

De la Rúa entró y salió del tribunal sin que lo rodearan más que allegados y una nube de periodistas. No había gente ni para vitorearlo ni para insultarlo. Es un muerto político, como lo son todos los acusados. A veces “la política” es más justa que el Foro.

La ley se aprobó en el año 2000. La causa remoloneó para comenzar, fatigó a ritmo de tortuga sus laberintos kafkianos, la sentencia llega más de trece años después de los hechos. Sus Señorías tendrán meses para redactar y difundir sus fundamentos completos. No hay por qué pedirles, caramba, que se apuren o que dejen de disfrutar de la feria de enero. Así funcionan la mayoría de los juzgados y Cámaras en nuestro país. No todos ciertamente, aunque sí demasiados.

Hablamos de un poder del Estado, el Judicial, al que es habitual apodar “la Justicia”. Hay muchas personas VIP que opinan que no es necesario que haya una reforma judicial.

La increíble, triste y morosa historia que tratamos de reseñar induce a pensar lo contrario.

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