Represores con condena firme e “inhabilitación absoluta y perpetua” por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura continúan cobrando directamente su retiro por los años de servicio como militares, pese a que el Código Penal los excluye explícitamente. La irregularidad la advirtió la delegación neuquina de la Anses, que lo denunció ante la unidad especial de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos del Ministerio Público Fiscal.

El Código Penal, en su artículo 19 inciso 4, establece que la inhabilitación absoluta implica “la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión”. Un grupo de represores neuquinos, condenados por secuestros, torturas y asesinatos con epicentro en el centro clandestino La Escuelita, continúan, sin embargo, percibiendo directamente ese beneficio. Se trata del general Enrique Olea, los coroneles Mario Gómez Arenas, Oscar Reinhold, Hilarión de la Paz Sosa, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín, el mayor Luis Farías Barrera y el suboficial mayor Julio Oviedo.

La constancia del pago del retiro por parte del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) a los represores condenados surgió de una consulta hecha por la delegación neuquina de la Anses ante el Registro Unico de Beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informó ayer el diario Río Negro. La denuncia tuvo lugar el jueves pasado ante la fiscalía que tiene a su cargo los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia y fue recibida por la secretaria Fernanda Albarracín.

El detonante que encendió la alarma del pago irregular a los represores fue la tramitación, por parte de uno de los condenados, de una pensión derivada del fallecimiento de su esposa, informó el diario Río Negro. La Anses consultó entonces al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, que confirmó la existencia de una condena efectiva hasta agosto de 2023 y, por ende, denegó el beneficio.

La información había sido requerida internamente por el Servicio Jurídico Permanente (SJP) de la Anses neuquina, que luego, invocando el artículo 19 inciso 4 del Código Penal, recomendó en su dictamen desestimar la solicitud. El SJP dejó constancia de que si bien el militar retirado no se encontraba gozando de la pensión, “dicho otorgamiento devendría desde su inicio abstracto atento a que no podría gozar del mismo, resultando un dispendio administrativo innecesario otorgar y al mismo tiempo suspender el goce del beneficio”. El dictamen también dejó constancia de que el militar que hizo el pedido “está percibiendo el retiro” y pidió a los responsables de la Anses que pongan en conocimiento de la irregularidad al organismo que liquida ese beneficio para las Fuerzas Armadas.

A partir del dictamen del servicio jurídico, la Anses neuquina consultó en el Registro Unico de Beneficiarios y constató que, además del represor solicitante, perciben irregularmente su retiro otros ocho militares condenados en la misma causa. Un funcionario de la conducción de la Anses se presentó entonces ante la Fiscalía Federal para poner en conocimiento del ilícito a los representantes del Ministerio Público. El directivo de la Anses dejó constancia, siempre según el diario Río Negro, de que no surge de ningún registro que sean apoderados quienes cobran el retiro, “pudiendo concluir que lo perciben directamente” los condenados.

Los militares que la Anses detectó como beneficiarios del cobro irregular fueron condenados en diciembre de 2008. Reinhold y Olea, autoridades del Comando de Brigada de Montaña, recibieron penas de prisión perpetua, igual que Gómez Arenas, responsable de inteligencia. Farías Barrera purga una pena de 22 años de prisión; San Martín y Molina Ezcurra; de 21 años; el médico De la Paz Sosa, de 20 años y Oviedo, de 7 años.