Aquel 20 de diciembre, Diego Lamagna cayó en el boulevard que separa la 9 de Julio de Bernardo de Irigoyen con un agujero en el pecho. Tenía 26 años. A Gustavo Benedetto una bala le suspendió el tiempo para siempre ese mismo día, mientras avanzaba por Avenida de Mayo. La misma suerte corrieron Petete Almirón, Alberto Márquez y Gastón Riva. Todos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Todos fueron fusilados por la Policía Federal durante la represión que, como última acción de gobierno, ordenó el entonces presidente Fernando de la Rúa antes de renunciar a su cargo, en diciembre de 2001. Hoy, pasados más de 12 años, el Tribunal Oral Federal número 6 comenzará a analizar testimonios y pruebas para determinar las responsabilidades de quienes entonces eran secretario de Seguridad, Enrique Mathov; jefe de la fuerza, Rubén Santos; superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y jefe de la Dirección General de Operaciones de la Federal, Norberto Gaudiero, por esas muertes y por más de 100 lesiones.

También serán juzgados otros ex efectivos policiales en calidad de responsables directos de los disparos. El desafío que se plantea el Centro de Estudios Legales y Sociales, cabeza de querella desde el punto de vista del operativo institucional que derivó en las muertes, es “establecer niveles de responsabilidad jerárquica por delitos cometidos en el marco de una represión a protestas y generar jurisprudencia que fije estándares para analizar a futuro el accionar de la Policía durante este tipo de situaciones”, detalló Maximiliano Medina, el abogado del organismo que actuará durante el proceso oral. “Tenemos muchas expectativas de alcanzar las condenas solicitadas”, concluyó.

No fue fácil llegar al juicio oral que a las 10.30 comenzará a revisar el puñado de horas de aquel 20 de diciembre en el que balas policiales asesinaron al motoquero Riva, al deportista Lamagna, al jovencísimo Benedetto, al militante Almirón y al vendedor de seguros Márquez, sólo cinco de las 38 que dejó como saldo la represión del 19 y el 20 de diciembre de 2001, llegada tras el Estado de sitio decretado por De la Rúa en las postrimerías de su presidencia.

Los tiempos durante la instrucción –que estuvo a cargo de los jueces federales María Servini de Cubría, primero, y Claudio Bonadío más tarde– no fueron precisamente ágiles. Las líneas de investigación fueron múltiples, variadas y desordenadas. Se dividieron los expedientes con el objetivo de lograr más detalle en cada una de ellas, pero faltaron decisiones para obtener pruebas. Así, el avance fue por momentos tedioso, entre apelaciones, pedidos de nulidad y absoluciones. El juicio en sí está en condiciones de comenzar desde mediados de 2012, pero las dilaciones continuaron hasta fines de diciembre pasado.

Enrique Mathov es el único ex funcionario del gobierno de la Alianza que integrará el banquillo de los acusados. El ministro del Interior al momento de la represión, Ramón Mestre, falleció. La posibilidad de que el ex presidente acompañara a su ex secretario de Seguridad en las responsabilidades quedó trunca. Será la Corte Suprema de Justicia –tras varias apelaciones y rechazos en instancias previas de la Justicia–, la que debe decidir ahora si se juzgará también a De la Rúa por las muertes, debido a que fue él quien ordenó el Estado de sitio en el que la represión tuvo lugar.

La acusación que mantiene la querella sobre los imputados es por homicidio culposo, basada en actos de negligencia durante sus funciones. La hipótesis ubica al plan represivo como “herramienta posibilitadora”. El argumento es que con la crisis institucional desatada y el Estado de sitio en descuento, el objetivo del gobierno de la Alianza aquel 20 de diciembre era vaciar las calles, en especial la Plaza de Mayo, para poder negociar con el peronismo una salida sin tanta presión. En los integrantes del ámbito político, la negligencia se centra en haber avanzado con ese combo de acciones sin el menor análisis de posibles riesgos, sin tener en cuenta siquiera los hechos más candentes y recientes, y los graves excesos que para entonces ya protagonizaban las fuerzas de seguridad: el 19 de diciembre había sido igualmente violento, incluso la propia madrugada del 20, el Congreso acabó en llamas y José Cárdenas se convirtió en el primer herido de bala de plomo de la ciudad. La Policía acató las órdenes “del modo que quiso, sin importar consecuencias, con balas de plomo, con miles de deficiencias en los operativos”, deslizaron desde la parte acusatoria.

Para analizar la responsabilidad de los acusados, los jueces José Martínez Sobrino, Javier Anzoategui y Rodrigo Giménez Uriburu (se suma Adrián Martín en calidad de sustituto) escucharán, tres veces por semana, a más de 500 testigos y ponderarán gran cantidad de prueba, entre videos, grabaciones y demás documentación –se prevé que tres jornadas se dedicarán sólo a analizar imágenes–. “Tenemos un caso sólido con muchas expectativas de alcanzar las condenas solicitadas”, remarcó Medina, que además consideró que se trata de una causa “muy significativa porque es la primera vez que se juzgará a funcionarios políticos por delitos cometidos en el marco de una represión y a funcionarios jerárquicos de la Policía Federal por lo mismo. Es un desafío histórico.”

La cuestión, no obstante, es compleja. Una de las dificultades de la causa es el tiempo transcurrido. El desafío para las partes acusadoras, que se completan con algunas otras querellas que trabajarán las acciones directas de los disparos sobre las víctimas sólo en algunos casos y la Fiscalía, a cargo de Mauricio Viera, será hurgar en los detalles de determinadas decisiones y sus respectivas consecuencias que tuvieron lugar hace más de 12 años. “Es la oportunidad para poner fin a la impunidad y establecer la verdad sobre aquellos hechos que configuran un episodio crítico de nuestra historia”, ponderaron desde el CELS.