El capítulo sobre los civiles enjuiciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura está a punto de sumar a uno más que emblématico. El director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, Vicente Massot, fue citado a declarar el lunes 18 de marzo como imputado por la desaparición de dos obreros gráficos de ese matutino. Esta decisión es consecuencia de un fallo de la Cámara Federal bahiense emitido en noviembre, en sintonía con la imputación que le hizo la fiscalía al considerar que el hombre fuerte de la prensa en esa localidad integró una “asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, en conjunto con las Fuerzas Armadas.

Massot, quien llegó a ser viceministro de Defensa del gobierno de Carlos Menem, fue citado por el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alvaro Sebastián Coleffi, y podría quedar detenido porque “todas las condiciones procesales están dadas para que el juez lo ordene, si lo considera pertinente”, según señaló el sitio web de la Procuración.

Massot está acusado de haber integrado esa asociación ilícita, a la cual habría contribuido desde el multimedio actuando “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales”. En ese contexto, el empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”. También se le imputa haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.

La Cámara Federal bahiense había ordenado el 14 de noviembre al juez Coleffi que fijara audiencia para que Massot pudiera tomar conocimiento de las graves acusaciones que pesan en su contra por formar parte del aparato de inteligencia militar que asoló Bahía Blanca durante la dictadura y por su presunta responsabilidad en la desaparición de obreros gráficos del diario. El tribunal de alzada le había señalado al juez de primera instancia que no hay nada que le impida que “si considera necesario interrogar al imputado, le asigne forma de indagatoria” a la declaración. Así lo decidieron los camaristas Pablo Candisano Mera y Angel Argañaraz, sobre la base de una presentación realizada por el propio Massot para acceder al expediente cuando todavía no había sido imputado.

En esa causa habían pedido su indagatoria los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, a partir de pruebas sobre la complicidad de Massot en el secuestro y homicidio de los dos trabajadores de La Nueva Provincia. También buscan profundizar sobre el verdadero rol que cumplió ese diario cuando publicaba notas sobre los asesinatos de militantes que eran disfrazados de “enfrentamientos con la subversión”, y fotografías de soldados y militares heridos. Los fiscales también querían interrogar al ex secretario de redacción, Mario Gabrielli, pero falleció en julio. Nebbia y Palazzani sostuvieron que “el diario, la radio (LU2) y el canal (9) de TV, “que conforman el grupo mediático junto con las Fuerzas Armadas, cumplieron en la asociación ilícita roles prefijados por reglamentaciones y planes militares, desde la interminable serie de editoriales, presentaciones de falsas noticias, propaganda negra, manipulación mediática y todas las acciones psicológicas posibles puestas al servicio del exterminio”.

Todo había comenzado cuando el tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses en 2012 ordenó en su sentencia investigar cuál fue el grado de participación de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. El general Acdel Vilas, segundo comandante del Cuerpo V, aludió al diario como un “valioso auxiliar de la conducción”, recordaron los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti. Y señalaron que la actuación de Massot “no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”.

El sitio fiscales.gob aclaró que Massot no fue convocado a declarar sino que se le fijó audiencia en los términos del artículo 279 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula que cualquier persona “contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar”. El mismo artículo prescribe que “la presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda”.