[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En el centro de la mira estaba el Ministerio de Economía. Desde que el establishment detectó que Axel Kicillof tiene más autonomía que sus antecesores, el ministerio está más bombardeado que las Torres Gemelas. Así fue desde que los militares le impusieron a Alvaro Alsogaray como ministro al presidente Arturo Frondizi. Si no se puede entrar por la puerta, se entra por la ventana. Y cuando las presidenciales están lejanas, la ventana puede ser el Ministerio de Economía. Los medios opositores, muchos de sus columnistas, economistas de la ortodoxia neoliberal y un sector de los grandes empresarios buscaron llevarse puesto al ministro que negociaba con Repsol por YPF y con el Club de París por la deuda, al mismo tiempo que lidiaba con un dólar inflado por la especulación y las corridas. Si el Gobierno cambiaba de ministro en medio de esas turbulencias, Argentina se hundía en todos los frentes. Hubo fuerte presión del lobby de Repsol en contra de la nacionalización de YPF, hubo fuerte presión para desbarrancar el dólar y también para que Argentina no alcance una solución viable con la deuda europea. La base de todas esas presiones son los intereses en juego, pero también arrastran a un sector de la oposición.

Axel Kicillof fue el negociador principal del gobierno argentino con la empresa española Repsol por la expropiación de YPF. Negoció en un contexto difícil para las dos partes. Las estrategias de máxima en ambos casos se prolongaban en el tiempo. Por un lado los españoles se jugaban a aislar a la petrolera argentina hasta ahogarla. Argentina, por su parte, podría haber alargado la negociación y entrado en un prolongado litigio judicial con resultado incierto, que frenaría el desarrollo de la petrolera por muchos años y alejaría el horizonte de autoabastecimiento hidrocarburífero.

Pero al mismo tiempo, las dos partes necesitaban resultados en el corto plazo. Si Repsol no incorporaba en su activo el pago por YPF –si estaba en juicio no podía hacerlo–, tiene tantas deudas que el rojo en su balance anual hubiera sido difícil de sostener. YPF necesita inversiones millonarias para poner en producción Vaca Muerta y disminuir el déficit energético y no puede hacerlo si la empresa está en los tribunales.

Una negociación más larga y litigiosa como plantea un sector de la Alianza Unen hubiera implicado pérdidas multimillonarias para el país. Ese camino hubiera convertido a la petrolera estatal en un elemento decorativo. Desde otro sector de esa alianza critican que, como se pagará en plazos, los pagos más onerosos deberán hacerlos las administraciones posteriores al 2015. Aunque la mayoría de los integrantes de esa fuerza política nunca se planteó la renacionalización de YPF cuando fue gobierno, han sido muy críticos ahora, no con la renacionalización, sino por la forma como se realizó. Y sus argumentos han sido reproducidos por quienes hicieron lobby en Argentina a favor de Repsol, como los grandes medios opositores, en especial La Nación, que siempre se refirió a la decisión de renacionalizar a la petrolera semiestatal como una “confiscación”. La palabra “confiscar”, en vez de “expropiar”, implicaba que Argentina no pagaría. Y esa maniobra semántica, más toda la carga tendenciosa informativa favorecía a la estrategia de la petrolera española y de quienes se opusieron a la recuperación de YPF.

Los pagos fueron pautados con plazos más bien largos, hasta el 2033 –lo cual es un logro en cualquier negociación de este tipo–, y cuando se produzcan esos vencimientos YPF ya estará produciendo para disminuir drásticamente el déficit energético. O sea que se está trabajando con YPF pensando también en plazos que van de los cinco años para arriba. Los beneficios de la puesta en producción plena de la petrolera no los recibirá este gobierno sino los que le sigan, que son los que deberán empezar a pagar los bonos.

Cuando la nacionalización de YPF se sometió a votación en el Congreso, solamente se opuso el PRO. Es un tema arquetípico que tanto la izquierda, como el radicalismo y el peronismo han levantado desde sus orígenes. La privatización realizada por el menemismo fue una traición a esa historia, quizá la más alevosa y menos popular de todas las que realizó. El menemismo fue extremo, ningún otro gobierno de la ola neoliberal de los ’80 y ’90 había privatizado sus petroleras. La renacionalización, en cambio, quedará como un mérito del kirchnerismo al igual que la quita que realizó de la deuda externa, la que permitió que la economía creciera durante varios años a tasas chinas.

Con este arreglo con Repsol, Argentina liberó las compuertas que había cerrado el menemismo y recuperó una herramienta que, a ese valor, se amortizará en muy poco tiempo. Ya en la actualidad, el gerenciamiento de Miguel Galuccio hizo que la empresa valga mucho más que cuando se la renacionalizó. No se puede decir que el resultado fue malo o regular si en una transacción de este tipo se logra pagar menos de la mitad de lo que pide la contraparte y además se logra consenso para pagar en bonos y en cuotas, es decir, sin poner un solo peso en efectivo hasta dentro de varios años. El resultado fue más que bueno para la Argentina. Sumar los intereses para decir que se pagó lo que quería Repsol suena estúpido porque pagar a veinte años es mucho mejor que hacerlo al contado aunque eso implique intereses y además porque los españoles venderán por necesidad los bonos apenas los tengan en la mano.

Fue una transacción dura, con negociadores implacables, astutos y con experiencia. No cualquiera sobrevive a esas confrontaciones en el mundo de los negocios en general y del petróleo en especial. El principal negociador argentino fue Axel Kicillof y lo hizo mientras era blanco de una fuerte campaña en su contra.

La campaña de una parte del establishment y de los economistas cuyas opiniones son amplificadas por los medios y periodistas opositores, apuntaba justamente a la supuesta incapacidad de gestión de Kicillof. Se le reconocían títulos académicos porque tiene más publicaciones y antecedentes que los economistas ortodoxos del neoliberalismo. Pero estas virtudes se presentaban contrapuestas a la experiencia y la gestión. Insistieron tanto que se convirtió en un lugar común de la oposición: “Kicillof es un bocho pero no entiende nada de la economía práctica”, “una cosa es la academia y otra cosa es la gestión”. Se lo criticó porque era joven o porque no usa corbata, pero la artillería principal era la incapacidad para la gestión.

La oposición entre lo académico y la gestión se convirtió en el tema Kicillof. En la forma en que se contraponen esos polos hay una concepción de fondo. Al utilizar lo académico de esa manera, en realidad se lo está contraponiendo con “la empresa”. Lo que vale como experiencia y conocimiento es “la empresa” y no “lo académico”. “La empresa” es lo que vale como experiencia para la gestión pública porque esta concepción equipara una cosa con la otra. Pero la gestión pública no es la administración de una empresa privada porque lo público es una propiedad social, una propiedad colectiva, no es la propiedad privada de nadie. En ese caso, la experiencia en “la empresa”, en vez de ser una virtud como se la quiere presentar, puede ser más perniciosa que la investigación académica si no cambia la perspectiva.

El déficit energético ronda entre los seis mil y los ocho mil millones de dólares anuales. En el mediano plazo YPF puede hacer ahorrar ese gasto e incluso producir ganancias por la exportación de hidrocarburos. Es una herramienta de independencia económica y en esa medida siempre tendrá enemigos internos y externos que con los más diversos argumentos, intentarán obstaculizar su desarrollo y crecimiento.