El operativo en Rosario de la semana pasada instaló en las zonas tomadas por los grupos narcos un cuerpo de fuerzas federales instruido desde febrero y especializado en prevención barrial. Esos efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal se mantendrán allí durante unos tres meses. Cumplido el plazo, los integrantes de las fuerzas federales serán reemplazados por un cuerpo santafesino, también de prevención barrial, que está siendo entrenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y que dependerá directamente de las autoridades políticas de Santa Fe: no de la cúpula policial sino, en concreto, del Ministerio de Seguridad de esa provincia. La estrategia consiste, justamente, en retomar el control político total de las zonas copadas por los narcos. El operativo del miércoles tuvo características asombrosas –camiones mosquito para esconder los vehículos que se iban a usar, un falso congreso de ecología como pantalla, un sistema de comunicaciones encriptado de 300 handies que se instaló el día anterior, tres helicópteros, un avión, sistema de cámaras en los cascos de quienes iban adelante– (ver aparte), pero el objetivo central fue ocupar las zonas sin disparar ni un tiro. “Queremos el apoyo de los vecinos, que se pongan de nuestro lado, y para eso es fundamental que no haya tiroteos, que demostremos que lo que se viene es una nueva etapa, sin violencia”, explicó el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni.

Febrero-marzo

La idea de ocupar las zonas calientes de Rosario –que ostenta el record de homicidios de la Argentina– viene siendo conversada por las autoridades de la Nación y de Santa Fe desde el año pasado. Pero la última etapa se empezó a trabajar a principios de 2014, por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En febrero se suscribió el acuerdo para que el Ministerio de Seguridad entrenara la fuerza que va a ocupar el territorio convulsionado de Rosario a mediados de este año y un mes más tarde, en marzo, una delegación del Ejecutivo santafesino hizo una inspección, guiados por la ministra María Cecilia Rodríguez por la Villa 15. El objetivo fue ver sobre el terreno la forma de actuar de los efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal en barrios conflictivos como los de Rosario. Durante dos días se mantuvieron reuniones para consensuar los sistemas que se aplicarían en la ciudad santafesina y la modalidad de un cuerpo especialmente entrenado para intervenir en casos de quioscos de drogas, conflictos con riesgo de escalar, violencia de género, violencia doméstica, enfrentamientos vecinales. Al cabo de las 48 horas de reuniones con la intendenta Mónica Fein y autoridades provinciales, se hizo una nueva inspección, esta vez en la Villa 31. “Vamos a avanzar en políticas de seguridad democrática”, sostuvo Fein al final de los encuentros.

Por etapas

Según revelaron fuentes del Ministerio de Seguridad, la movida que derivó en la megaoperación del miércoles tuvo una primera etapa en la que se buscó quebrar la complicidad policial con los narcos. En virtud de una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, reflejada en su momento en exclusiva por Página/12, cayó toda la cúpula de la policía santafesina, incluyendo la detención del jefe de la fuerza, Hugo Tognoli, quien sigue en la cárcel hasta ahora. Este diario reveló los contactos, la protección y los arreglos de la División Drogas y de los jefes con algunos de los narcos. El peso de la instrucción judicial estuvo en manos del juez Carlos Vera Barros.

De todas maneras, es obvio que vínculos entre policías y narcos quedan: en medio de la operación del miércoles fueron destituidos siete integrantes –entre ellos el jefe– de la policía judicial.

En la segunda etapa, la ofensiva se lanzó contra algunos de los principales proveedores de droga de la zona. La operación más importante, llamada Flipper, tuvo la iniciativa del fiscal federal Juan Murray, asistido por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Félix Crous. Se hicieron once allanamientos –el principal en una casa de un country– de lo que se consideró la principal cocina de drogas de la Argentina: 300 kilos de cocaína, dos mil litros de precursores, más de veinte vehículos y 14 detenidos. Más tarde se encontraron numerosas propiedades a nombre de los integrantes de la banda liderada por Delfín David Zacarías. El juez a cargo también fue Vera Barros.

Según dicen en Seguridad, luego cayó otra proveedora de envergadura, Isabel Quevedo, llamada “La Reina Isa”, a continuación Carlos Ascaíni –un protegido policial según reveló este diario–, mientras que la Banda de Los Monos quedó debilitada, primero con el asesinato de Claudio “El Pájaro” Cantero, su líder, luego con la detención de “El Guille” Cantero, y ahora con la huida de quien se supone que es líder actual de la banda, Ramón Machuca, al que se conoce como el “Monchi Cantero”. Las autoridades sostienen que ya no dirige ninguna organización, que perdió el territorio. En el camino, también mataron a Martín “El Fantasma” Paz y al empresario narco Luis Medina.

También en la Justicia hay vinculaciones no aclaradas. En estas causas, además de Vera Barros actuaron los jueces Marcelo Bailaque y Juan Carlos Vienna. En este diario, el periodista Horacio Verbitsky dio detalles sobre las extrañas coincidencias que relacionan al juez Vienna con el padre del Fantasma Paz.

La ocupación

Lo que en el Ministerio de Seguridad llaman la tercera etapa es la intervención y ocupación de los territorios en los que las bandas de narcos tienen instalados sus bunkers para venta al menudeo de droga y que es la razón de los conflictos por el control territorial, con el impacto en la violencia y el incremento en la tasa de homicidios. El fenómeno fue descripto por Página/12 cuando fue detenido Tognoli: se trata de pequeñas habitaciones que dan a la calle, con una ventanita para vender la droga y la puerta cerrada con llave. Es decir que el joven que atiende el quiosco, por lo general un menor de 16 años, está encerrado. Y muchísimas veces la provisión de la droga y el retiro del dinero se hace con custodia policial. El miércoles, por ejemplo, se encontró a una chica embarazada, encerrada, con dosis de cocaína, paco y 5000 pesos.

El punto clave es que el control de territorio lo vuelvan a tener las autoridades legítimamente elegidas, en este caso el gobierno de Santa Fe y la intendenta de Rosario. El operativo se preparó casi en la clandestinidad total, lo que evidencia que sigue existiendo desconfianza en una parte de los jefes policiales y en una parte del aparato judicial. Quienes conocen este tramo de la historia del drama rosarino creen que la ocupación que empezó el jueves sin ninguna duda traerá una disminución de la violencia y las muertes. Respecto de la provisión y el tráfico a gran escala, todo dependerá de que se desmantelen las redes y complicidades que todavía existen. Y muchos se preguntan sobre la DEA y Europol en estas historias.

Hoy por hoy, la intención es que los dos mil integrantes de Gendarmería y Prefectura que ocupan las zonas calientes de Rosario sean reemplazados por los efectivos que está entrenando el Ministerio de Seguridad de la Nación junto con el gobierno santafesino y constituyan una fuerza de policía de proximidad, vecinal, que no dependerá de la cúpula de la policía santafesina, sino del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y de la intendencia de la ciudad. En el punto uno del Acuerdo para una Seguridad Democrática, que lidera León Arslanian y que fue firmado por referentes de todas las fuerzas, entre ellas el socialismo, figura que debe existir una conducción y un control político de todo lo que tenga que ver con la seguridad. Es lo opuesto al autogobierno policial que hubo en ese territorio. La idea es que, tras la ocupación, las cosas vuelvan a una normalidad democrática.

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