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El objetivo no eran las detenciones ni los allanamientos. El objetivo era ocupar el territorio “sin disparar un solo tiro”, como les dejó en claro el secretario de Seguridad, Sergio Berni, a los 2000 efectivos reunidos clandestinamente en un galpón de San Nicolás en la víspera de la incursión a Rosario.

El diseño de la operación llevó meses. En San Nicolás, a las puertas de Rosario, se identificó un cuartel del Ejército desafectado desde hace diez años. Para no ser detectados por el sistema de alerta de los grupos narcos, se hizo una puesta en escena de un Encuentro Nacional de Cambio Climático y Respuesta a Emergencias, organizado por una imaginaria ONG, Amigos del Mundo. Se desarrollaron logos, cartelería, elementos promocionales, un escenario y se dispusieron hasta promotoras ficticias, mientras en el interior del batallón se reagrupaban los agentes de fuerzas especiales.

En paralelo, se prepararon 89 furgones blindados para transportar a los grupos operativos, 60 patrulleros móviles identificados y otros cien que no tenían identificación. Semejante movida, para no ser detectada, se hizo a través de camiones mosquito para transporte de autos 0 Km, cubiertos de lonas camufladas. En el aire hubo siete helicópteros operando en simultáneo, un avión sanitario preparado para cualquier eventualidad y otro avión, un nuevo Beechcraft integrado a la Prefectura en marzo, con sistemas de comunicaciones y toma de imágenes de última generación.

Un punto clave del operativo fueron las comunicaciones. El día previo a la operación del miércoles 9 se instaló de manera discreta un sistema de comunicaciones que incluyó una repetidora digital y encriptada que fue decisiva para la sincronización de los grupos tácticos y del apoyo con fuerzas de élite desde helicópteros. Desde el centro de comando, especialmente instalado, se irradiaba hacia dos camiones y de allí a unos 300 handies operados desde el Departamento Central de la Policía Federal en Buenos Aires.

Como el procedimiento fue monitoreado por las autoridades políticas y judiciales, se instalaron cámaras de alta definición en los cascos de los jefes de los grupos tácticos y aerotransportadas y hubo cien cámaras de hombro y fotográficas a cargo de la Policía Científica. El monitoreo estuvo directamente a cargo del propio Berni, del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous, y del fiscal Juan Patricio Murray, ahora también en la Procunar. Los jueces federales que intervinieron emitiendo las 80 órdenes de allanamiento fueron Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque.

Un detalle no menor es que en los sucesivos días de preparación y ejecución del megaoperativo hubo que darles de comer a todos los participantes. Se hizo mediante un sistema de racionamiento, con cocinas de campaña, con capacidad para abastecer a 2000 personas por comida.