El ex juez federal de Tucumán Manlio Martínez fue detenido ayer en la capital de la provincia, en una causa en la que está procesado, entre otros hechos, por no haber investigado un allanamiento ilegal en el que fueron asesinadas cinco personas, realizado en mayo de 1976 por militares y policías. El ex magistrado quedó arrestado con prisión preventiva en el penal de Villa Urquiza.

La captura de Martínez había sido pedida por el fiscal Carlos Alfredo Brito, que la semana pasada elevó la causa contra el ex magistrado a juicio oral. El fiscal sostuvo que las pruebas demuestran que el ex juez fue “parte del esquema de terrorismo de Estado”.

Martínez fue nombrado juez federal de Tucumán en 1975 por recomendación del general Acdel Vilas, que estaba a cargo del Operativo Independencia. El represor se quejaba de que los funcionarios judiciales tucumanos entorpecían la tarea del Ejército y pidió por esto que fueran removidos y reemplazados por “personas de inequívoca ortodoxia”.

En el año que siguió a su asunción, Martínez rechazó 325 hábeas corpus que los familiares presentaban tras la desaparición de sus seres queridos. De la misma manera dejó sin investigar cientos de denuncias por hallazgos de cadáveres y secuestros.

El 20 de mayo de 1976, fuerzas del Ejército y la policía realizaron un allanamiento ilegal en el que fusilaron a los militantes montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una casa de la calle Azcuénaga 1816, de San Miguel de Tucumán. Estos crímenes fueron probados en un juicio que concluyó en 2011. El fiscal Brito impulsó luego la acusación contra Martínez por su inacción ante las ejecuciones.

Martínez reconoció que estuvo en el lugar de la masacre y que no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la versión del “enfrentamiento”, pese a las evidencias que mostraban lo contrario.

La fiscalía concluyó que el ex juez cumplía de esta manera con la promesa de no entorpecer la represión ilegal formulada al ser designado.

“Las actuaciones judiciales llevadas adelante en la causa –dijo el fiscal sobre los fusilamientos–, patentizaron la función del ex juez dentro del esquema de terrorismo de Estado imperante para esa fecha.” Para Brito no hay ninguna duda de que “sus acciones y omisiones produjeron voluntariamente la legitimación de la ejecución extrajudicial de las cinco víctimas y aseguraron impunidad para sus autores”.

La detención de Martínez fue concretada en la medianoche del miércoles, por orden del juez federal Daniel Bejas, quien dispuso que el ex magistrado deberá esperar en prisión el inicio del juicio oral.

El acusado deberá enfrentar cargos para los que se prevén penas de hasta 20 años de prisión. Otra de las imputaciones de la causa es la persecución penal que sufrió el dueño de la casa donde ocurrieron los fusilamientos, Miguel Romano, a quien Martínez indagó sin abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía Roberto “El Tuerto” Albornoz.

El ex juez mantuvo preso a Romano durante más de un año y luego sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido arrestarlo. Durante ese tiempo privó al detenido de las medicinas que necesitaba, por lo que Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica.

Contra el ex juez hay, finalmente, registro de que estuvo en centros clandestinos de detención como la Jefatura de Policía, la Escuelita de Famaillá, el así llamado “puesto de comando táctico” del Operativo Independencia, y en el que funcionó en la cárcel de Villa Urquiza, donde ahora está detenido.

Su enjuiciamiento avanza en el campo de las complicidades civiles del terrorismo de Estado. En este sentido, al confirmar el procesamiento del ex juez, la Cámara de Apelaciones señaló, en la misma línea que la fiscalía, que Martínez “tuvo un rol asignado en la cadena de mandos del aparato represivo y rendía cuentas de su labor frente a los estratos superiores”. Por esto, la Cámara concluyó que el ex juez federal “formó parte de una asociación criminal, cuyo objetivo principal fue eliminar opositores políticos o ideológicos del régimen”.