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Un juez que había sido denunciado y recusado por Abuelas de Plaza de Mayo fue apartado por decisión de dos de sus colegas y no podrá intervenir en el juicio oral por la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda, el nieto recuperado número 106. Se trata de Daniel Obligado, quien tiene un expediente abierto en el Consejo de la Magistratura, porque durante el primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA firmó una autorización para que Juan Antonio Azic fuera padrino y asistiera a la boda de su víctima, Carla Ruiz Dameri, una de las jóvenes de las que se apropió junto con Victoria Donda. Aquel permiso decía que se otorgaba para “facilitar y estimular” los vínculos familiares, cuya ilegalidad estaba siendo investigada.

Gaona es hijo de Ricardo Gaona y María Rosa Miranda. Junto a ellos fue secuestrado por agentes del Ejército en mayo de 1978, cuando tenía un mes. De sus padres nunca se supo más. El fue entregado por un militar, Héctor Salvador Girbone, a su primo Salvador Norberto Girbone y a Haydeé Raquel Ahmed, quienes lo inscribieron como propio. Ese primo que lo entregó seguía en actividad hasta septiembre del año pasado. Los tres serán juzgados por la apropiación, y uno de los jueces que iba a integrar el tribunal era Obligado, pero Abuelas pidió apartarlo por considerar que había motivos para dudar de su imparcialidad para juzgar el caso, por haber actuado ya en otra ocasión beneficiando a un apropiador, en relación con Azic. Los dos jueces que le dieron la razón al organismo son Oscar Hergott y Jorge Tassara, mientras que Adriana Palliotti votó en disidencia, por rechazar la recusación.

Hergott le cuestionó a Obligado en su voto que haya alegado imparcialidad e independencia para no ser apartado después de haber “justificado” el vínculo de un apropiador con su víctima. Dijo que era una “insensatez” y que está “reñida con la pacífica doctrina citada de la Corte Interamericana de procurar la reparación de los daños causados por las violaciones a los derechos humanos”. Para este juez los “puntos de coincidencia” entre los casos de apropiación hacen presuponer que podría no ser imparcial. Hergott entremezcla en su texto un episodio pasado en el que a él lo apartaron del juicio de ESMA a pedido de la defensa de represores por haber denunciado que uno de sus colegas –casualmente Tassara, quien en este caso vota con él– cuestionaba en los pasillos las causas por crímenes de lesa humanidad, “manifestaciones alentadas, consentidas y compartidas por el señor Obligado”, recordó.

Palliotti dijo que el argumento de la denuncia en trámite ante el Consejo no alcanza porque no hay juicio político y todo indica que hay un proceso encaminado para una sanción disciplinaria pero no para la remoción.