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Un empleado del Gobierno de la Ciudad tiene orden de detención y captura por su presunta responsabilidad en la organización de la toma de un predio en Villa Lugano, ocurrida hace poco más de dos meses. Lo decidió la jueza porteña Gabriela López Iñíguez, a cargo de la causa, quien además rechazó los pedidos de prisión para otras tres personas investigadas, aunque dictó para ellos algunas restricciones, como la prohibición de ingresar al terreno ocupado.

La orden de detención fue dictada contra Marcelo Chancalay, empleado de planta del Ministerio de Desarrollo Social porteño y ex dirigente de la Villa 20, quien ya no vive en ese barrio. De acuerdo con el expediente, al que accedió Página/12, la fiscalía había pedido la detención de siete personas, a las que acusaba de organizar la toma. Pero la jueza consideró que sólo correspondía a Chancalay, porque, por su condición de empleado, tuvo acceso a “información gubernamental de carácter sensible” relativa a la inminencia de obras de saneamiento en el predio hoy ocupado, con vistas a la urbanización del barrio, demorada desde hace años.

Según explicaron a este diario fuentes judiciales, la jueza también tuvo en cuenta que Chancalay es integrante de una SRL y de varias cooperativas, entre ellas la Cardenal Samoré, que según la jueza, en el último año registró movimientos bancarios “abultados” y “extraños”. Fue nombrado en planta permanente del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Jorge Telerman, durante los últimos años estuvo cercano a la gestión del PRO y en las últimas elecciones jugó con la alianza UNEN. Para ordenar su captura la jueza tuvo en cuenta que un día después de que se dispusiera la intervención de su teléfono, alguien le avisó: “Desaparecé de Lugano. Cambiá el celular y no llames más”. Desde entonces no se lo ubica. Chancalay ya había sido investigado por la toma del Parque Indoamericano, pero fue sobreseído por falta de pruebas.

La jueza rechazó el pedido de detención formulado por el fiscal contra Emanuel Ríos, Claudio Jiménez, Marcelo Urquiza, porque consideró que no existían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. En el caso de Urquiza, consideró que ni siquiera había pruebas en su contra. A los dos primeros les prohibió acercarse al predio tomado y les ordenó presentarse una vez por semana en la Fiscalía y no salir de la Ciudad de Buenos Aires.

A todos les fueron allanados sus domicilios y les intervinieron los teléfonos. Según la fiscalía, les secuestraron “boletos de compraventa de fracciones de tierra” y en las comunicaciones relevadas en las escuchas “se detectó que se repartían las tierras tomadas”. Sin embargo, el adjunto de la Defensoría oficial, Luis Duacastella, que patrocina a Ríos, Jiménez y Urquiza (Chancalay tiene abogado particular) rechazó esos cargos: “En las cuatro horas de escuchas hay pedidos de chapas y otros materiales, y sólo un mensaje de texto donde, para evitar peleas, alguien cede tres metros de terreno”.

El predio, ubicado en Fernández de la Cruz, entre Pola y avenida Escalada, fue tomado el 24 de febrero pasado por vecinos de la Villa 20, en reclamo de viviendas. La Justicia ordenó el desalojo dos veces, la última fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, quedó en suspenso después de que se conformara una mesa de diálogo en la Legislatura, con participación de la oposición y el oficialismo, con la idea de evitar un desalojo violento. De todas formas, la jueza aún espera el plan de desalojo: lo presentó la Metropolitana pero aún falta el del Ministerio de Seguridad de la Nación. En una causa paralela, la jueza Elena Liberatori (del fuero contenciosoadministrativo), que tramita una causa por el demorado saneamiento y urbanización de la villa, ordenó un censo de los habitantes de la villa y la toma.