[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Volvió a ser una niña. Quiere ir de nuevo a la escuela”, resumió Lorena Alderete, de la Colectiva feminista Mujeres al Pie del Cañón, el estado de ánimo y de salud de la adolescente de 13 años de Moreno, luego de que finalmente pudieran realizarle el aborto no punible que venía reclamando ella –y su mamá–, desde que supo que había quedado embarazada como consecuencia de una violación por parte de su padrastro, según denunció en la Justicia. “Se encuentra en perfecto estado de salud y no tiene secuelas por la realización del aborto”, confirmó ayer Alderete a Página/12, tras visitarla en su casa.

La chica, a quien le habían negado la interrupción de su gestación en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, accedió a un aborto con medicamentos en un consultorio privado, y su atención concluyó en un hospital público fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde fue dada de alta el sábado, sin que se detectaran complicaciones durante el procedimiento, precisó Alderete, quien acompañó a la familia en todo el proceso, junto con otras organizaciones de mujeres de la zona, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde la Campaña se anunció que iniciarán acciones legales contra las autoridades hospitalarias “que pusieron obstáculos arbitrarios para que la niña pudiera acceder al aborto no punible”.

Uno de los argumentos que esgrimieron en el hospital fue que estaba muy avanzado el embarazo, que rondaba las 23 semanas. Al punto de que la médica Mariana Dunayevich, directora asociada del hospital, afirmó en declaraciones periodísticas que “la inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta y de una hemorragia posparto con riesgo de muerte y de histerectomía, es decir, de poner en riesgo su capacidad reproductiva a futuro”. Sin embargo, reconocidos médicos obstetras como José Belizán, investigador superior del Conicet, y Fernando Althabe, profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la UBA, descalificaron los dichos de Dunayevich y advirtieron que no tenían ningún basamento científico. En un artículo publicado el sábado por este diario, ambos especialistas, pertenecientes al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, dieron amplios argumentos –basados en evidencia científica– de que se le podía ofrecer el aborto inducido seguro a la chica –en el segundo trimestre de gestación– y con ello prevenir futuras complicaciones de continuar su embarazo. Es decir, indicaron que más riesgoso que la interrupción era seguirlo hasta llevarlo a término por tratarse de una niña.

Lidia Tundidor, coordinadora del Programa de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género del Ministerio de Salud bonaerense, también planteó las mismas objeciones que Dunayevich.

La mamá de la niña, que denunció a su pareja por la violación de su hija, es militante piquetera y tiene un comedor comunitario en su barrio. La mujer tiene ocho hijos, el menor de 7 años, y una nieta de dos años y medio. Se trata de una familia con condiciones de vulnerabilidad social, económica, contó Alderete. Con su organización, Mujeres al Pie del Cañón, realizaron varias charlas sobre la problemática de la violencia de género en ese comedor comunitario. Por eso conocían a la mujer y a su hija y la acompañaron en todo el proceso. “La niña va a volver a la escuela pronto, seguramente se va a cambiar a otra para evitar la estigmatización por lo que le tocó vivir. Está cursando sexto grado. Pero cuando empezó con las denuncias dejó de ir. Mientras estaba en el hospital de Moreno, la semana pasada, nos preguntaba: ‘¿cuándo va a terminar todo esto?, ¿cuándo puedo volver a estudiar?’”, contó Alderete a este diario.

Ayer, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y las organizaciones de Moreno Mujeres al Pie del Cañón, Mujeres Conurbanas, Confluencia Política 29 de Mayo, Las Rojas, la Campaña Contra las Violencias regional Oeste, y FOL-La Brecha, que acompañaron a la niña y su familia, denunciaron “el maltrato y las coerciones sufridas por ellas” en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, así como “la falta de atención adecuada y de análisis pertinentes para realizar los diagnósticos necesarios, y la divulgación de datos de la historia clínica de la niña”.

Mientras tanto, el acusado de la violación todavía sigue prófugo. En el caso interviene el Juzgado de Garantías Nº 3 de Morón.