El caso del cuádruple crimen de La Plata, también conocido como masacre del barrio La Loma, o bajo el estereotipo “el caso del karateca”, llega a juicio oral después de casi dos años y medio de cometido. Mañana, los acusados, Osvaldo Martínez y Javier Quiroga, estarán sentados en el banquillo ante los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini, del TOC Nº 3 platense, por los cargos de homicidios múltiples en los cuerpos de Micaela Galle (11), su madre Bárbara Santos (29), novia de Martínez, su abuela Susana De Barttole (63) y una amiga de aquélla, Marisol Pereyra (35). Ambos llegarán en forma diferenciada: mientras que Martínez llegará libre, luego de haber sido dispuesta su liberación por la Cámara de Apelaciones platense, Quiroga lo hará con esposas, luego de que su ADN apareciera en la escena del crimen. El caso, además, mostró el costado mediático del juez de presuntas Garantías, Guillermo Atencio, quien directamente apuntó como culpable ante los medios a Martínez, y del fiscal Alvaro Garganta, quien, tal vez cumpliendo un mandato originario, habló de más al acusar y detener sin pruebas a Martínez, luego liberado aunque procesado.

El cuádruple crimen tuvo lugar durante la noche del 26 de noviembre de 2011, en el departamento 5 de la calle 28, número 467, entre 40 y 41, del barrio platense de La Loma. Allí se encontraban Santos, su hija Micaela, la abuela de ésta, De Barttole, y luego llegó una amiga de Santos, Pereyra. Las cuatro fueron asesinadas a golpes y cuchilladas. Un vecino y el padre de la niña fueron quienes descubrieron los rastros de sangre y quienes llamaron al 911.

Al arribar al lugar, los uniformados hallaron en el living el cuerpo de Santos, quien estaba desnuda ya que había sido sorprendida cuando se duchaba. En la cocina, fueron hallados los cadáveres de Pereyra y De Barttole, mientras que la niña fue encontrada asesinada en uno de los dormitorios, sobre una cama de dos plazas. En una de las manos de la nena había un celular, con el que ella intentó hacer al menos dos llamadas a familiares pidiendo auxilio.

Algún relato de vecinos y uniformados demostró que los casos se arman en la previa con suposiciones, el no te metás y prejuicios. Así, algunos vecinos indicaron a los medios, después de las primeras horas, que la noche del 26 de noviembre habían escuchado “gritos de mujer”, pero creyeron que “habrían encontrado una laucha y la estarían tratando de cazar”, con el argumento de que días antes habían visto ratas en la zona e imaginando comparables los gritos de asco o miedo, con los alaridos de dolor y los quejidos y lloriqueos de muerte. Los uniformados, por su lado, apuntaron contra Martínez al recordar que el día en que lo fueron a detener, éste, “enterado de los sucesos e incluso de la muerte de su novia en forma violenta, se mantuvo callado, sin demostrar prácticamente emociones de ninguna índole”, instalando percepciones superficiales como datos de objetividad intrínseca y, siempre, garantizados como fuentes policiales, independientemente de que fuera o no culpable.

El fiscal Alvaro Garganta, a cargo del caso desde el inicio, ordenó la detención inmediata de Martínez, a quien rápidamente los medios calificaron como “el karateca” simplemente por su actividad deportiva, que adquirió así una sospechosa capacidad extra. La detención estuvo impulsada por el mentado apriorismo policial y algunas pruebas que no fueron completadas con el debido tiempo de espera, con lo que la detención de Martínez derivó en un período de inocencia tras las rejas: la señal de su celular lo ubicaba fuera de su casa; el remisero Tagliaferro dijo reconocerlo como el hombre que salió con el torso desnudo de la casa para recibir a la amiga de Santos, a quien Tagliaferro había trasladado hasta lo de su amiga; una vecina que dijo que el auto de Martínez no estuvo estacionado frente a su casa; y el entorno que dijo que Martínez era celoso. Con esas supuestas pruebas, que por sí solas difícilmente resistan siquiera la calidad de suposición, Garganta pidió la detención y habló a los medios, apoyado públicamente por el juez de presuntas Garantías Guillermo Atencio, quien aseguró a los medios que con la detención de Martínez el caso ya estaba resuelto. Ambos fueron desmentidos con la contundente simpleza del ADN de Martínez, que no apareció por ningún lado pese a encontrarse sangre ajena a las víctimas. El ADN luego se corroboraría como perteneciente a Quiroga, quien elaboró una defensa que no convenció a los camaristas, que dispusieron mantenerlo tras las rejas. No ocurrió así con Martínez, de quien se ordenó la libertad, con el consecuente escándalo, ya que la culpabilidad asegurada por el fiscal y declamada por el juez ya había sido instalada en los medios que, además, recargaron tintas con el peligroso mote de “el karateca” a Martínez, y el aún más peligroso de “albañil” para Quiroga, para quien reservaron además el alias de La Hiena, lo que parece justificar su encierro.

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