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Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA suelen manejarse con la prudencia de los diplomáticos, pero ayer, al iniciar su visita al país, Robert Goldman, relator para la Argentina, no utilizó eufemismos. No los necesitaba, ya que desde 1992 el organismo sostiene que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. “La Comisión apoya las políticas de Néstor Kirchner de acabar con la impunidad”, aseguró en una conferencia de prensa en el Palacio San Martín.
Goldman comenzó una visita al país acompañado por el director ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y la abogada a cargo de los casos argentinos, Elizabeth Abi-Mershed. La comisión recibe denuncias sobre violaciones a los derechos humanos o denegación de Justicia por parte de los Estados miembro de la OEA luego de que se agotan los recursos internos. Según informó Cantón, actualmente existen ochenta expedientes en trámite sobre la Argentina, es decir causas en las que ya se le dio traslado al Gobierno. Además, hay numerosas denuncias aún no analizadas, entre ellas, unas cuatro mil vinculadas al corralito financiero.
“En este país hay un conocimiento mayor que en otros del sistema internacional, por el papel que ha jugado la comisión en la vida argentina (en referencia a la visita de 1979, todavía durante la dictadura). También hay experiencia en soluciones amistosas. Después de recibir las denuncias relacionadas con los crímenes de la dictadura, ahora tenemos casos más ‘sofisticados’, de violación del debido proceso o del derecho a la propiedad, aunque seguimos recibiendo denuncias respecto a la actuación de la policía”, relató Goldman.
Los representantes de la CIDH se reunieron ayer por la mañana con el vicecanciller Jorge Taiana y la directora de Derechos Humanos del ministerio, Alicia Oliveira. Por la tarde se entrevistaron con los ministros de Justicia, Gustavo Beliz; y de Defensa, José Pampuro. Durante esta semana, Cantón, Goldman y Abi-Mershed esperan poder ver al Presidente y estarán también en Santiago del Estero y La Plata, dos lugares sensibles cuando se trata de la protección de los derechos humanos y la administración de Justicia. En Santiago, la crítica situación volvió a quedar en evidencia con la investigación del doble crimen de las adolescentes Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba.
En esta visita, tanto el Gobierno como los integrantes de la CIDH esperan avanzar en acuerdos amistosos sobre algunos de los casos en litigio; por ejemplo, el de la muerte de un hombre durante un incendio en una comisaría chaqueña. Los denunciantes exigieron una investigación eficaz, medidas para mejorar las garantías de los presos y una reparación económica.
La CIDH sigue los avatares de las leyes de impunidad, a pedido de los organismos de derechos humanos, prácticamente desde que se sancionaron. En 1992 emitió su informe contra esas normas. En marzo de este año, dentro de ese mismo expediente, el Gobierno reconoció que las leyes eran contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y que los fallos judiciales que declararon su inconstitucionalidad fueron “pasos en cumplimiento de las recomendaciones” de la Comisión.
“Sabemos que el Congreso declaró hace unos días la invalidez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La CIDH fue el primer organismo que declaró que esas leyes violaban la Convención. Luego hemos dicho lo mismo con otras leyes de amnistía de Chile y El Salvador. El caso de dos normas de Alberto Fujimori fue elevado a la Corte Interamericana que, en el caso Barrios Altos, se pronunció contra ellas”, explicó Goldman, que luego respaldó la política kirchnerista de propiciar la reapertura de los juicios contra los militares de la última dictadura. El relator afirmó que el Gobierno debe hacer todo lo necesario para cumplir con las recomendaciones del organismo internacional, pero aclaró que “la manera” en que lo hace debe ser “de acuerdo con sus tradiciones”.